Guatemala. Para el presidente guatemalteco Jimmy Morales 2017 fue un año tortuoso. El comediante devenido político tuvo que timonear un segundo período de gobierno agobiado por pedidos de antejuicios y voces ciudadanas que exigieron su renuncia.

Aunque llegó al poder con el lema de la transparencia como caballo de batalla, muy pronto el apoyo incondicional a la lucha anticorrupción tropezó con intereses personales, al tocar a su hermano mayor y su hijo con acusaciones de supuesto fraude.

La investigación salía a la luz pocos días después de la presentación del informe de su primer año de gestión y, pese a todo, Morales mantuvo su discurso de cero tolerancia a la corrupción, aunque un tanto más distante.

Apenas unos meses tuvo el gobernante para tomar un aire, pues un incendio en el estatal Hogar Seguro Virgen de la Asunción dejaba como saldo 41 niñas muertas y otras 15 con graves secuelas físicas y sicológicas.

La indignación ciudadana por la incapacidad del Estado de cuidar a su niñez floreció como nunca en esos días tormentosos en que la Plaza de la Constitución fue nuevamente tribuna para denunciar el crimen y señalar con el índice al presidente por su responsabilidad en la tragedia.

Había sido alertado de una “fuga masiva” y conoció la orden de encerrarlas en una pequeña habitación, que demoró demasiado en ser abierta.

La cruzada del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) calentaron nuevamente el ambiente político el 25 de agosto, cuando solicitaron al Congreso levantar la inmunidad de Morales para indagar su participación en un supuesto caso de financiamiento electoral ilícito.

Dos días después, los acontecimientos se desencadenarían en ráfagas. En un sorpresivo mensaje a la nación, el presidente declaraba persona no grata al jefe de la Cicig, Iván Velásquez, y pedía su inmediata salida del país.

A partir de entonces, un inusual pulseo con Velásquez dio paso a una profunda crisis política que casi pone a Guatemala al borde de la ingobernabilidad.

Nuevamente, como en 2015, la lucha contra la corrupción tuvo como protagonista a la ciudadanía, que se mantuvo atenta, expresó sus demandas en la plaza, y hasta desmanteló las intenciones de un grupo de diputados de modificar el Código Penal a favor de la impunidad.

La solicitud de antejuicio contra Jimmy Morales llegó hasta el Congreso, el cual arropó al presidente dos veces en un mismo mes, una votación inusual que puso al descubierto las componendas entre la bancada oficialista y otras interesadas en seguir disfrutando de sus beneficios.

Los constantes llamados de la población a Jimmy Morales para que abandonara el poder tuvieron resonancia nacional e internacional, y demostraron la complejidad de la batalla para desarticular a las estructuras criminales enquistadas en el Estado.

El paro del 20 de septiembre pasó a la historia como otra muestra de la unidad necesaria, más allá de ideologías y creencias, si se quieren impulsar los necesarios cambios institucionales del país.

Con el cierre de 2017 se hizo más palpable la distancia de Morales hacia la Fiscal General y jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, Velásquez, el Procurador General de los Derechos Humanos y, de paso, la prensa.

El año que suspira será también recordado por cifras insólitas como el número de niños con desnutrición crónica más alto de América Latina (casi 50 por ciento), una de las estadísticas más elevadas de trabajo infantil (más de 750 mil menores) y uno de los países más desiguales del mundo (el 1 por ciento más rico de la población tiene un ingreso igual a la suma del 40 por ciento más pobre).

La brecha crece si nos adentramos en la población indígena, más de la mitad de sus habitantes, pero cuatro de cinco vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

La Navidad trajo otro polémico episodio para Morales, quien se plegó a Estados Unidos e Israel y confirmó desde su cuenta en Facebook el traslado de la sede diplomática en Tel Aviv hacia Jerusalén.

El hecho desató internacionalmente una ola de condena por parte de la comunidad internacional y, a lo interno, trajo más críticas a una gestión considerada por analistas como de grandes torpezas políticas.

Con el nuevo año, el jefe de Estado tendrá posiblemente la responsabilidad más grande de su administración: nombrar al sustituto de Aldana, un puesto clave para la continuidad de importantes investigaciones judiciales en curso y de otras aún por esclarecer.

Este 2017 demostró a los guatemaltecos que deben seguir vigilantes para salir a las calles y volver a tomar la Plaza.

Maitte Marrero Canda/Prensa Latina

[OPINIÓN]

 

Contralínea 574 / del 22 al 27 de Enero 2018