En plena “guerra” contra el narcotráfico, este negocio crece, se expande, se fortalece. Los cárteles mexicanos de la droga se convierten en los más poderosos del mundo. Sus estructuras permanecen intactas, a pesar de las muertes o detenciones de tales o cuales de sus “líderes”.
¿Para qué han muerto en el país 160 mil personas, han desaparecido 30 mil y otras 300 mil han sido obligadas a desplazarse? El negocio no ha perdido nada. Por el contrario, hoy es más grande de lo que era antes de que iniciara la militarización del país y de que la actual política de supuesto combate al trasiego de drogas se pusiera en marcha.
La operación con recursos de procedencia ilícita, o lavado de dinero, es el delito que permite a los capitalistas que controlan los mercados de las drogas ilícitas comprar armas, corromper funcionarios, pagar sus ejércitos privados, entrenar a sus grupos de sicarios. Y también da vida a otras expresiones del crimen organizado: trata de personas, tráfico de órganos, trasiego de maderas preciosas, minería ilegal, comercio ilícito de armas, pornografía infantil, secuestro, extorsión…
Si este delito es tan importante para la existencia de las mafias y los grupos de la delincuencia organizada, uno esperaría que su combate fuera serio; que la punta de lanza de la “guerra” contra el crimen se dirigiera contra lo que hace posible el negocio: sus ganancias, sus activos, sus dineros.
Los delitos de operaciones con recursos de procedencia lícita, falsificación o alteración de moneda atentan directamente, además, contra el sistema financiero mexicano. Se trata de crímenes dolosos: quien los perpetra lo hace con conocimiento de causa y busca determinados resultados.
Ya sabíamos que en el terreno de los recursos de procedencia ilícita, México hace muy poco. Ver de cerca las carencias, sorprende… y preocupa.
La Policía Federal es una de las instancias del gobierno federal que mantiene un papel preponderante en la lucha contra el crimen. Y es una de las cuatro con facultades para prevenir y combatir este tipo de delitos. Las otras tres son la Unidad de Inteligencia Financiera (dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).
En específico, la Policía Federal tiene como misión generar información de inteligencia que permita identificar estructuras financieras y modos de operación de la delincuencia organizada, además de auxiliar al ministerio público en el combate a esos delitos.
Por ello impacienta lo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró en su más reciente revisión al desempeño de la Policía Federal. En principio, la corporación policiaca falló en capacitar en la materia al número de agentes previsto. ¿Cómo van a combatir los delitos financieros que le corresponde si no saben a qué se enfrentan?
La auditoría de desempeño 16-5-04L00-07-0021 arrojó que en 2016 la Policía Federal dejó sin capacitar al 68.5 por ciento del total de agentes que tenía previsto para combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es decir, de los 622 elementos que debía que instruir sólo impartió cursos a 122 (31.5 por ciento).
Además, según el documento, “no acreditó la cobertura de capacitación respecto del personal que realiza actividades en la materia, ni que las actividades previstas se incluyeran en su programa de capacitación derivado de un análisis de necesidades detectadas en la institución o la realización de estudios para identificar los cursos y actividades que requieren los servidores públicos”.
Por ello, la ASF emitió una recomendación para que la dependencia aplique “las acciones necesarias para definir y cumplir las metas de capacitación, especialización y actualización para los servidores públicos encargados de la prevención y combate a los delitos financieros”.
No es todo. La dependencia no cuenta con los mecanismos para determinar la efectividad de sus acciones en la prevención y combate a dichos delitos. Simplemente “carece de una estrategia que permita evaluar el grado de efectividad y su contribución en la reducción de la impunidad de dichos ilícitos y en mejorar las condiciones de seguridad pública”.
En todo 2016, la Policía Federal atendió 14 denuncias ciudadanas por presuntos hechos delictivos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Concluyó 12. De éstas, en sólo cuatro se encontraron actos que pudieran ser constitutivos de delitos. Otras 181 atenciones se derivaron de mandamientos ministeriales y judiciales.
Con respecto de las labores de inteligencia para prevenir y combatir delitos en esta materia, la Policía Federal desarrolló 552 “productos”. En ellos supuestamente se “identificó información vinculada con la definición de líneas de investigación para la detección de estructuras y modos de operación de organizaciones delictivas”.
Sin embargo, no pudieron acreditarse tales datos debido a “las deficiencias en los mecanismos de registro, evaluación y seguimiento de las actividades que realiza en esa materia”.
Es decir, en materia de lavado de dinero, la Policía Federal investiga poco, mal y sin capacitación adecuada. ¿Y así el Estado mexicano quiere ganar la “guerra” contra el crimen organizado?
Zósimo Camacho
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ZONA CERO]
Contralínea 567 / del 27 de Noviembre al 03 de Diciembre 2017
