La Ley de Seguridad Ciudadana española, motejada ley mordaza por la ciudadanía, de la que hace unos días se cumplieron 2 años de vigencia, es clara muestra del autoritarismo que se cierne sobre la Unión Europea. Un autoritarismo propiciado por la crisis y porque la minoría que detenta el poder económico la necesita para imponer sus políticas de austeridad y desguazar la democracia por medio de tratados bilaterales y bribonadas semejantes para aumentar sus beneficios incesantemente. Un autoritarismo presente en más países de la Unión, no sólo España, de modo preocupante en Hungría, Bulgaria y Polonia y con retrocesos democráticos alarmantes en Reino Unido o Francia. La lucha antiterrorista (denominada hoy antijihadista) ha sido además en los últimos años pretexto para hacer recular los derechos humanos de la ciudadanía.

Un comunicado público de jueces y juezas por la Democracia, la Asociación Libre de Abogados y Abogadas, Greenpeace, SOS Racismo y la Federación de Sindicatos de Periodistas ha denunciado las graves consecuencias de esa ley para los derechos humanos de la gente. El comunicado acusa a la ley mordaza de una buscada ambigüedad que deja a la ciudadanía indefensa ante la policía. Aún peor, al reducir las antaño faltas penales a infracciones administrativas, suprime la figura del juez como garante de derechos de la gente y son los agentes de policía, cual si fueran jueces, quienes tienen la potestad de determinar qué hechos son sancionables y multar por ello. En la práctica cotidiana, esa situación supone cercenar las libertades de expresión, manifestación y reunión.

Lo que en verdad ha sucedido en el Reino de España es que, al aplicarse los enormes grandes sociales exigidos por la Unión Europea para reducir el déficit público, la respuesta ciudadana ha sido movilizarse, organizarse y protestar llenando calles y plazas. El gobierno y las élites económicas se inquietaron y alarmaron ante el volumen e intensidad de esa protesta desde mediados de 2011 y se sacaron de la manga esa ley mordaza para frenar las movilizaciones.

Con la ley mordaza se han disparado las cuantiosas multas a ciudadanos pacíficos por cargos tan imprecisos e inconcretos como falta de respeto a la autoridad o desobediencia a la misma. ¿Quién determina si hay falta de respeto o desobediencia a la policía? La misma policía. Esa arbitrariedad propició el año pasado que la policía impusiera casi 20 mil multas por pretendidas faltas de respeto a agentes de los cuerpos de seguridad y 12 mil más por desobediencia a la autoridad.

La ley mordaza sanciona, por vía administrativa (que en realidad no permite defensa) y las multas pueden llegar a  ser de 600 mil euros. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información ha denunciado con datos del Ministerio del Interior que se han puesto más de 285 mil multas por las que han recaudado más de 130 millones de euros pagados la ciudadanía multada. Además, Amnistía Internacional ha denunciado documentadamente el uso excesivo de la fuerza por la policía española contra manifestantes pacíficos y que muchos de esos manifestantes han sido acosados, golpeados, detenidos y enfrentados a multas e incluso a cargos penales. Mimbres de un nuevo autoritarismo.

Que la ley mordaza era innecesaria es convicción de las asociaciones de jueces y de fiscales, además de sindicatos policiales. También catedráticos de derecho Constitucional y de derecho Penal la consideran claramente innecesaria. Que España no necesitaba ninguna nueva ley de seguridad ciudadana lo demuestra que es uno de los países europeos con las tasas de delincuencia más bajas. Además de que en las más de 4 mil manifestaciones que hubo en Madrid en 2014 (el año antes de la ley mordaza) apenas hubo 10 incidentes que no fueron graves, según  fuentes de la misma policía.

La llamada ley mordaza es un ataque sistemático a las libertades políticas ciudadanas y recuerda mucho la nefasta Ley de Orden Público de la dictadura franquista, cuya aplicación supuso años de cárcel para muchos ciudadanos y ciudadanas pacíficos que reivindicaban su derechos.

La crisis económica y la imposición de austeridad más el indecente y manido recurso al terrorismo (real, pero que tiene otras respuestas) impulsan ese autoritarismo que se cierne sobre la Unión Europea y se infiltra solapado en los Estados.

De no frenar ese taimado autoritarismo que se extiende, la democracia puede llegar a ser sólo un recuerdo.

Periodista, miembro de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana (Attac)

Xavier Caño/Centro de Colaboraciones Solidarias

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Contralínea 548 / del 17 al 23 de Julio de 2017