Autor:

La organización Amnistía Internacional alerta que las políticas públicas en Estados Unidos y México están teniendo un impacto catastrófico en la seguridad y bienestar de refugiados y solicitantes de asilo que escapan de la violencia en América Central.

Por ello, a partir del próximo 15 de junio comenzará una semana de acción en el país, que incluye la presentación del informe Enfrentando muros: Violaciones de los derechos de solicitantes de asilo en Estados Unidos y México, que aborda el “catastrófico impacto de una serie de nuevas políticas y prácticas que dan lugar a la devolución forzada ilegal de solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, y amenazan con retener ilegalmente a miles de familias más, incluidos bebés, niños y niñas, en centros de detención para inmigrantes de Estados Unidos”.

Además, entregará una carta abierta a los gobiernos durante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, que tendrá lugar en Cancún, Quintana Roo.

En ésta, Amnistía Internacional advierte que: “En toda la región estamos enfrentando un clima de graves retrocesos en el ejercicio de derechos fundamentales de las grandes mayorías. La situación de crisis se ha visto acelerada por el aumento de obstáculos y restricciones para acceder a la justicia y a las libertades fundamentales. Las oleadas de represión se han tornado cada vez más visibles y violentas; con frecuencia, los Estados hacen uso indebido de los sistemas judiciales y de los aparatos de seguridad para responder a la disidencia y al creciente descontento de las ciudadanías”.

Agrega que la discriminación, la inseguridad, la pobreza y los daños al medio ambiente continúan siendo un legado en la región. Y que “el incumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos también queda patente en la amplia brecha de desigualdad, sustentada por la corrupción y la falta de rendición de cuentas”.

Para el caso mexicano, señala que “las autoridades son tan reacias a aceptar críticas que han llegado al extremo de negar la crisis de derechos humanos que enfrenta el país, y con ello la posibilidad de que las personas accedan a una justica adecuada”.

Refiere que las autoridades desatienden las críticas de la sociedad civil y de organizaciones internacionales, como la ONU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, “a pesar de que se ha denunciado la desaparición de casi 30 mil personas, y miles han perdido la vida a consecuencia de las operaciones de seguridad en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y de que miles más sufren desplazamiento forzado debido a la violencia”.