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Organizaciones defensoras de derechos humanos hicieron un llamado al Senado de la República para que apruebe esta misma semana el dictamen de Ley General contra la Tortura, enviado por la Cámara de Diputados el pasado 19 de abril, para posibilitar la publicación y entrada en vigor de la Ley.

Hace un año, el Senado aprobó una minuta de Ley General, que fue turnada a la Cámara de Diputados desde abril de 2016. Finalmente, el pasado miércoles la Cámara aprobó un dictamen de Ley basado en la minuta del Senado.
Entre las modificaciones más destacables que introduce el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, “se establece que la prohibición del uso de pruebas obtenidas mediante la tortura es absoluta y no admite excepciones, adecuando la Ley a la Constitución y los tratados internacionales en este punto fundamental. Asimismo, se fortalece el diseño del Mecanismo Nacional para Prevenir la Tortura y se aclara que la responsabilidad penal por actos de tortura no se limita a determinadas formas de autoría”, informaron las organizaciones a través de un comunicado de prensa.
El Análisis sobre los patrones de tortura usados en México y los impactos en los sobrevivientes de la tortura, elaborado por el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, indica que los principales responsables de tortura son la Policía Federal, agentes de procuradurías estatales, el Ejército y la Armada.
Las organizaciones, entre las que se encuentran los centros de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan, de las Mujeres, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez; así como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana), entre otros, instaron al Senado para que apruebe el dictamen de Ley General contra la Tortura, para dar paso a su publicación y a la etapa de implementación y aplicación de tan importante legislación.