Autor:

Los colectivos #SeguridadSin Guerra y #FiscalíaQueSirva se pronunciaron para que en lo inmediato se detenga el proceso de aprobación “al vapor” de la Ley de Seguridad Interior.

“Lo mismo ocurre con las múltiples y graves modificaciones propuestas a una serie de instrumentos que corren el riesgo de revertir lo logrado con el establecimiento del nuevo sistema penal acusatorio y que en su conjunto se denominan la Miscelánea Penal”, informaron en conferencia de prensa.

Los analistas indicaron que pese a diversas advertencias de académicos y expertos, así como de organismos nacionales e internacionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, los legisladores quieren dar paso a iniciativas que tienen el “potencial de agravar la crisis de inseguridad, las violaciones a los derechos humanos, el deterioro del Estado de Derecho, y el incremento sin control de la violencia en México.

Entre los especialistas se encuentran la politóloga Denise Dresser; Ernesto López Portillo del Instituto para la Seguridad y la Democracia; Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Santiago Aguirre, de Centro Miguel Agustín Pro Juárez y Juan Francisco Torres Landa, de México Unido Contra la Delincuencia.

“Las presiones para aprobar a la brevedad estas leyes parecen, desde la sociedad civil, un juego de intercambios entre partidos que obedecen a la lógica de la temporada preelectoral. Apresurar estos procesos no hace más que sembrar desconfianza entre la ciudadanía, lo que a su vez mina las posibilidades de encontrar soluciones de fondo y duraderas”, indicaron.

Con el más reciente dictamen de Ley de Seguridad Interior se pretende dar a las fuerzas armadas un salvo conducto para permanecer en las calles en tareas que no les corresponden constitucionalmente y para las que, según su propio dicho, no están capacitadas.

El periodista Zósimo Camacho documentó que tanto el gobierno federal y las cámaras empresariales les urge la aprobación de esta Ley, para que se contenga a la sociedad y, particularmente, a la serie de movilizaciones que se esperan para este año.

Indicó que “no es el narcotráfico el destinatario de un nuevo marco jurídico que legalice el despliegue de tropas en el territorio mexicano, sino las acciones de resistencia y protesta que se avecinan en el convulso panorama político de la República” (Contralínea 523).