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Entre 2013 y 2016, los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones y los Juzgados de Distrito Especializados en Medidas Cautelares y Control de Técnicas de Investigación recibieron 9 mil 810 solicitudes para que fueran giradas órdenes de cateo.

De acuerdo con los informes anuales del Consejo de la Judicatura Federal para esos años, las solicitudes van a la baja: en 2016 fueron 775; en 2015, 2 mil 27; en 2014, 4 mil 455; y en 2013, 2 mil 553.

En ese mismo periodo, las autoridades también solicitaron a los jueces especializados 658 órdenes de arraigo en contra de presuntos delincuentes. En este caso, las peticiones también van a la baja: mientras que en 2016 fueron 24; en 2015, 76; en 2014, 253; y en 2013, 305.

Según el informe El arraigo hecho en México: violación a los derechos humanos –elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Red SOS-Tortura–, en la práctica, esta figura se utiliza como un “tipo de vigilancia pública” que les genera más tiempo a las autoridades “para establecer si el detenido es culpable o inocente”.

Para los defensores de derechos humanos, “esta medida constituye claramente una forma de detención arbitraria contraria a las obligaciones en materia de derechos humanos que México ha adquirido y viola, entre otros, los derechos de libertad personal, legalidad, presunción de inocencia, las garantías del debido proceso y el derecho a un recurso efectivo. Por otra parte, el arraigo amplía las posibilidades de una persona de ser sometida a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Nancy Flores