“Es deber del Estado garantizar derechos” de las personas defensoras de derechos humanos en el país y periodistas, exigieron organizaciones no gubernamentales enfocadas en la protección de los derechos humanos, del territorio y medioambientales.
Entre diversos puntos, solicitaron que sean cumplidas las recomendaciones de las instancias de derechos humanos internacionales “para retirar al Ejército de las funciones de seguridad pública y evitar con ello las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en los últimos años”.

En el marco de la visita oficial de Michel Forst, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Situación de defensores y defensoras de derechos humanos, exigieron “atacar las causas estructurales para proteger a las personas defensoras de la corrupción e impunidad”.

A través de un comunicado, firmado por más de un centenar de organizaciones y redes —entre las que se encuentran: Article 19, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas,          Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Comunicación e Información de la Mujer, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, entre otros)—, se instó al Estado mexicano, encabezado por Enrique Peña Nieto a cumplir las recomendaciones del Relator Especial de la ONU sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos.

En el marco de la visita oficial de Forst en México, fue asesinado el ambientalista Isidro Baldenegro, “caso emblemático” para lo que ocurre en el país, por lo que expresaron un enérgico “¡Ya Basta! de violencia cometida contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por parte de actores estatales y de otro tipo”

El Relator Forst se reunión con más de 800 personas defensoras, tanto en la Ciudad de México como en Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México.

Indicaron que es indispensable que el Estado mexicano se comprometa a cumplir las recomendaciones del relator Forst, de que destacaron:

• Investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos, violencia y amenazas cometidas contra personas defensoras de derechos humanos, en el sentido de que policías de todos los niveles, militares y marinos forman parte de quienes les agreden. Es imprescindible garantizar medidas de reparación y no repetición.

 

• Fortalecer el Estado de Derecho en el país, combatiendo la corrupción e impunidad que involucra tanto a agentes del Estado, empresas, grupos religiosos hegemónicos y miembros del crimen organizado, mismas que derivan en la violencia contra personas defensoras.

 

• Cumplir las recomendaciones de las instancias de DH internacionales para retirar al Ejército de las funciones de seguridad pública y evitar con ello las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en los últimos años.

 

• Emprender una política de reconocimiento a las personas defensoras, a la labor de defensa de los derechos humanos y a la libertad de opinión y expresión, evitando y condenando su desacreditación pública.

 

• Cumplir plenamente con las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos.

 

• Garantizar la inclusión de las personas defensoras en los proyectos legislativos relacionados con tortura, desaparición y seguridad interior.

 

• Evitar la presentación y aprobación de leyes restrictivas de los derechos, especialmente de la libertad de expresión y de asociación sindical, así como el uso de definiciones ambiguas que criminalizan, como “ataques a la paz pública”.

 

• Demostrar su voluntad política mejorando el funcionamiento, fortaleciendo la solidez institucional e incrementando la participación de la sociedad civil en el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

 

• Integrar un enfoque multicultural y colectivo para el Mecanismo en términos de la atención y protección que ofrece, así como de los análisis de riesgo para comunidades indígenas, ya que los enfoques rurales y remotos requieren un enfoque diferente al urbano.

 

• Adoptar políticas específicas de protección a personas y colectividades defensoras indígenas, mujeres, desplazadas y LGBTI [Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transexuales].

 

• Mejorar el trabajo de los Organismos Públicos de Derechos Humanos y su participación en la protección de las personas defensoras.

 

• Incorporar en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos un sólido componente sobre la responsabilidad de las empresas; sobre la consulta y decisión de las comunidades; así como que se incluya a las y los defensores en las decisiones y el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los proyectos.

 

• Asegurar procesos de consulta significativos sobre aquellos proyectos que puedan afectar los derechos de los pueblos indígenas.

 

• Asegurar que las y los inversionistas y las empresas cumplen con sus responsabilidades en materia de derechos humanos y que se sancionan a las empresas asociadas con violaciones contra los defensores, tanto en el país como en el extranjero.