Los asesinatos, detenciones y desapariciones ocurridas en Nochixtlán, y que continúa sobre integrantes del magisterio disidente, hacen pensar que en México “vivimos ya en un estado fascista”, dice Mayen Arellano, abogada de la CNTE. El número de asesinados podría aumentar en las próximas horas, agrega. Organismos defensores de derechos humanos se proclaman en contra de la “violencia de Estado”

Se apagaron las luces en el centro de Oaxaca. Horas antes, la refriega que dejaría ocho muertos y más de una centena de heridos. Además, 27 detenidos (al cierre de esta edición), a los que no se les ha podido brindar una “adecuada defensa”, y una cifra indeterminada de desaparecidos, acusa Mayen Arellano Cano, integrante del equipo jurídico de la Sección 22 y del equipo magisterial de derechos humanos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Policías federales habían disparado contra maestros, padres de familia, y pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, donde se manifestaban en contra de la reforma educativa, desde la mañana del domingo 19 de junio.

Se recrudeció la represión que había vuelto polvorín al estado en 2006, durante el gobierno priísta de Ulises Ruiz Ortiz. Antes, el ataque fue contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Ahora, y a pocos meses de concluir con su mandato, la administración de Gabino Cué Monteagudo permitió disparos contra la población. La transición política de 2010 no sirvió para traer la paz a uno de los estados más pobres del país.

La abogada de la CNTE dice en entrevista que “hay una suspensión de garantías, un Estado totalitario en Oaxaca, la detención de aproximadamente 27 personas (tentativamente porque no han sido localizadas algunas personas), tenemos un número indefinido de desaparecidos; además de ocho asesinados”. Sin embargo, la abogada, aclara que las cifras no son definitivas, pues el número de víctimas del ataque podría incrementarse en las siguientes horas.

“Estamos en un proceso de fascistización. Nos cortan, incluso, la comunicación; por momentos nos quedamos sin líneas telefónicas, sin luz, sin internet. Vemos cómo un ejército de gendarmería de la Policía Federal ha cortado cartucho, ha disparado a los manifestantes que se encontraban en los bloqueos; eso para nosotros es una suspensión de garantías. Hubo un momento en que prácticamente nadie podía salir. Además de que no se les ha permitido una adecuada defensa a las personas detenidas. ¡Esto es más feroz que en 2006!”, dice Arellano Cano.

La organización Amnistía Internacional fijó su postura a través de un comunicado, en el que indica que “es esencial que se respete la integridad física y mental, así como los derechos a un juicio justo y al debido proceso de toda persona detenida durante el enfrentamiento y cualquier otra detención llevada a cabo en este contexto social, y se adopten medidas inmediatas para facilitar el acceso a servicios de salud para todas las personas que resultaron heridas durante los enfrentamientos”.

 

Alerta en “Nochix”

“Están llegando aviones cargados de federales. Llegan granaderos. Se llama a la resistencia a la comunidad en todos los puntos. Hay alerta general en todos los bloqueos del estado de Oaxaca. Avanzan camiones de federales. Se está desencadenando todo. Repliegue en Nochix. La gente no se va rajar. Barricada de Nochixtlán en pie y tranquila. Tronó. Mataron a varios ‘compas’. Siguen los enfrentamientos”, se leía la angustia y la fuerza en mensajes enviados vía telefónica, circulados entre los pobladores. Las horas pasaron y las balas atravesaron ocho cuerpos de manera certera.

Daniel, padre de familia y defensor de derechos humanos estaba ahí, reforzando a los maestros, convencido de que la reforma educativa busca acabar con los derechos del magisterio.

“Éste es como el décimo enfrentamiento en las últimas 2 semanas por todo el estado, pero éste se salió de toda dimensión. La federal [Policía Federal] se acercó al amanecer a la barricada de Nochixtlán. El enfrentamiento inició como a las 7:30 de la mañana; de ahí seguimos unas 3 horas y cuando los íbamos a vencer, empezaron los disparos de armas de alto calibre, directo contra la gente. Fuimos testigos de un señor al que el balazo le entró por la garganta. Hubo infinidad de gases, son nuevos, más agresivos. Estamos viviendo una escalada militar, de guerra psicológica”, relata.

 

ONG, al diálogo

Espacio Civil de Oaxaca, que aglutina a 80 organizaciones defensoras de derechos humanos, emitió una alerta humanitaria después de los asesinatos en Nochixtlán, pues indica que en el estado se “vive un contexto de violencia generalizada en el que la represión y criminalización del movimiento social, y en particular de las maestras y maestros integrantes de la Sección 22, se ha ido agudizando de manera particularmente grave; ello, en el marco de su lucha contra la implementación de la reforma educativa. Al día de hoy, organizaciones de la sociedad civil han contabilizado por lo menos 75 personas defensoras de derechos humanos en situación de prisión política”.

La alerta hace un recuento de las acciones en contra del magisterio, desde 2013, y menciona que los principales hechos de criminalización del magisterio oaxaqueño son:

Mayo 2013, detención de cinco maestros de Oaxaca: Damián Gallardo Martínez, Lauro Atilano Grijalva Villalobos, Mario Olivera Osorio, Sara Altamirano Ramos y Leonel Manzano Sosa.

En 2015, las campañas mediáticas de difamación y criminalización contra el magisterio han ido en incremento permanente, ello junto con el proceso de desmantelamiento del IEEPO [Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca] que se dio en el mes de julio, dejando de esta manera a miles de maestras y maestros en particular vulnerabilidad al no recibir sueldo.

En octubre de 2015: la detención de Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega Segura, Efraín Picazo Pérez y Roberto Abel Jiménez García y la emisión de decenas de órdenes de aprehensión contra integrantes de la Sección 22.

En abril de 2016, fue detenido Aciel Sibaja Mendoza, secretario de Finanzas de la Sección 22.

Para mayo de 2016, fue detenido Heriberto Magariño López, dirigente de la Sección 22.

El 11 de junio fue detenido Francisco Villalobos Ricardéz, secretario de la Sección 22 y pocas horas después el día 12 de junio Rubén Núñez Ginez, secretario General de la Sección 22.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), conformada por 80 organizaciones en 21 estados del país, expresó su rechazo y preocupación por los “graves hechos recientes ocurridos en Asunción Nochixtlán, San Pablo Huitzo y en la Ciudad de Oaxaca, todas estas ubicadas en el Estado de Oaxaca”.

Indicó, mediante un comunicado, que “es preocupante el uso desproporcionado de la fuerza durante las recientes protestas magisteriales. De igual manera atenta contra el derecho a la salud y contra las normas más elementales (incluso en conflictos armados) el haber dificultado la atención médica a los manifestantes heridos, y el haber realizado un ataque con gases lacrimógenos en contra de un puesto de auxilio improvisado en las cercanías de la zona de conflicto. También fue reportado el hostigamiento en contra del personal de salud que prestó su asistencia a personas heridas, particularmente maestros heridos”.

Amnistía Internacional, también hizo un “enérgico llamado para el esclarecimiento de los hechos, es necesario que las investigaciones sobre la violencia sean independientes, oportunas y transparentes y, en su caso, se traduzcan en el debido juzgamiento de todas las autoridades y demás personas que se encuentren involucradas. Las declaraciones realizadas por las autoridades estatales y federales deslindándose de los hechos no deben utilizarse para socavar o distraer la investigación”.

Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó “medidas cautelares para garantizar la atención a las personas lesionadas y la seguridad física y jurídica de las personas detenidas”. Además, hizo un “llamado urgente para establecer una mesa de diálogo entre las autoridades y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, con el fin de dirimir el conflicto por las vías institucionales y evitar mayor violencia y daños de imposible reparación”.