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La entidad gobernada por Egidio Torre Cantú vive el proceso electoral en medio de inseguridad e impunidad. A ello se suma el mal uso de recursos públicos por más de 870 millones, detectado por la Auditoría Superior

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubre en el estado de Tamaulipas irregularidades en el manejo de recursos públicos por más de 872 millones 155 mil 600 pesos. El monto corresponde sólo a dos de las revisiones del uso del dinero entregado por la Federación en 2014 al gobierno del estado, encabezado por el priísta Egidio Torre Cantú.

Las anomalías detectadas corresponden al gasto educativo. Se trata de los recursos que el gobierno federal entregó al estatal del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (Faeb) y del Programa Escuelas de Tiempo Completo.

En medio de este destape millonario de mal uso de recursos públicos se lleva a cabo un proceso electoral para elegir nuevo gobierno. No es el único problema con el que tendrá que lidiar el gobernador saliente: también destacan la imbatible inseguridad y la impunidad que priva en casos emblemáticos de violencia, como el de la matanza de San Fernando y el asesinato del candidato priísta en el anterior proceso electoral, Rodolfo Torre Cantú, hermano del actual gobernador, Egidio.

Hasta ahora, en el ánimo de la ciudadanía la principal preocupación radica en la inseguridad. El panorama podría cambiar al hacerse pública la malversación de fondos detectada en las secretarías de Educación y de Finanzas de Tamaulipas (SET y SFT, respectivamente).

En dos auditorías, la ASF observa que falta “por aclarar” el destino de 394 millones 457 mil 600 pesos. Además, de “recuperar” otros 212 millones 304 mil 300 pesos. Y, gracias a las observaciones practicadas por medio de las auditorías, informa que se logró recuperar 265 millones 393 mil 700 pesos que habían sido erogados de manera irregular. Así, el total de recursos manejados violentando la ley suman 872 millones 155 mil 600 pesos.

Mariana Meza, investigadora del Centro de Investigación para el Desarrollo, AC (CIDAC), especializada en procesos electorales, señala que la inseguridad y la violencia son los temas más importantes en la entidad actualmente.

La politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) agrega que, a diferencia de lo que ocurre en otros estados donde también se desarrollan procesos electorales, en Tamaulipas “todo gira, tanto las campañas, las propuestas de los candidatos como la intención de medir lo que está sucediendo en este periodo electoral, alrededor de la dinámica de la violencia en el estado”.

Hasta ahora no ha habido otro tema que capte la atención de la opinión pública y se sume al debate electoral. Incluso, el gobernador ha gozado de altos índices de aprobación, si se le compara con sus pares de otros estados donde también se lleva a cabo un proceso electoral. Por ejemplo, Javier Duarte en Veracruz y Gabino Cué en Oaxaca.

Lo anterior se debe a que “ha sido un gobernador que si bien no ha entregado los resultados que se podrían haber esperado o que hubieran sido deseables, ha sido capaz de blindarse un poco, mantenerse  un poco fuera del escrutinio y de la opinión pública; justo ha sido capaz de evitar estos escándalos y acusaciones, como podrían haber sido el mal manejo de fondos, el desvío de recursos [detectados] por la Auditoría Superior de la Federación”.

Hasta ahora que la Auditoría ha documentado malversación de recursos que le entregó la Federación, el debate electoral podría ir más allá de la inseguridad.

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Los recursos del Faeb

En el examen de los recursos del Faeb, la ASF encontró el mayor número de irregularidades, así como el mayor monto de dinero involucrado en anomalías. Para la evaluación del uso de estos recursos, contó con la colaboración de la entidad de fiscalización estatal: la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas. Por ello se trata de una valoración “coordinada”.

Sólo del dinero entregado al gobierno de Tamaulipas por medio del Faeb, las irregularidades alcanzan los 688 millones 653 mil 400 pesos. Se trata de 294 millones 195 mil 800 pesos que la ASF solicita recuperar para las arcas públicas, y de 394 millones 457 mil 600 pesos “por aclarar”.

Con respecto de las recuperaciones, la ASF logró –conforme avanzaba el examen del ejercicio de los recursos públicos– la recuperación de 265 millones 393 mil 700 pesos. Y faltan por recuperar (“recuperaciones probables”, según la terminología de la auditoría) otros 28 millones 802 mil 100 pesos.

Las irregularidades se derivan de “debilidades” que la ASF encontró en la administración de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), encabezada por Diódoro Guerra Rodríguez desde enero de 2011.

Según la ASF, la SET “no cuenta con mecanismos de control y de supervisión para que los funcionarios de dichas dependencias abran una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos del fondo”. Asimismo, la dependencia encabezada por el exdirector del Instituto Politécnico Nacional y del Colegio Nacional de Educación Técnica (Conalep), “carece de controles suficientes en los procesos de remuneraciones y pagos al personal en tiempo y forma, de acuerdo con la norma”. Y la SET “no estableció actividades suficientes de supervisión, autorización y seguimiento en el proceso de pagos de gastos de operación”.

De entre los recursos recuperados por la ASF, destacan aquellos por 18 millones 807 mil 100 pesos que se otorgaron en “bonos y estímulos” sin ningún tipo de fundamento legal ni autorización de parte de la Secretaría de Educación Pública federal para que se les diera ese destino a los recursos. Además de lograr la recuperación de los dineros y los intereses generados por los mismos, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Tamaulipas (SCET) “inició el procedimiento administrativo para poder determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos”, mediante el expediente DC-SE/001/2016.

Otra de las irregularidades fue que la SET “realizó improcedentemente 935 pagos” por 12 millones 809 mil 500 pesos a 294 trabajadores que habían causado baja definitiva y otros 1 mil 542 pagos a 66 empleados que contaban con “licencia sin goce de sueldo” por 4 millones 624 mil 500 pesos.

Además de recuperar casi la totalidad de los recursos, la ASF solicitó a la SCET se iniciara un procedimiento administrativo “para poder determinar posibles responsabilidades” de servidores públicos. Por ello se abrió el expediente DC-SE/002/2016.

Otros 216 millones 723 mil 600 pesos se habían usado para el “pago de energía eléctrica, congresos, asesorías y festejos del día del maestro que no corresponden a los objetivos del Faeb”. Gracias a la evaluación se reintegraron los recursos y se abrió el expediente DC-SE/006/2016 para investigar y, si corresponde, sancionar a los responsables.

Aunque se recuperaron los recursos, por estas irregularidades el estado tuvo que pagar recargos y actualizaciones. Así, la ASF determina que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 28 millones 802 mil 149 pesos más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por haber pagado con los recursos del Faeb 2014 recargos y actualizaciones por el pago extemporáneo de terceros institucionales”.

De entre los recursos que no se han recuperado, se encuentra que la Secretaría de Finanzas no enteró las retenciones por concepto de ISR (Impuesto sobre la Renta). El monto asciende a 64 millones 969 mil 218 pesos. Por ello la ASF inició una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. Y será el federal Servicio de Administración Tributaria (SAT) quien audite a la Secretaría de Finanzas del estado con respecto de los recursos de educación pública.

La ASF demanda una aclaración más, también por motivos fiscales. Promueve la solicitud de aclaración 14-A-28000-14-1082-03-003 para que el gobierno del estado “aclare y proporcione la documentación que acredite el registro contable, ejercicio y aplicación de los recursos del Faeb por 326 millones 905 mil 379 pesos, conforme a los objetivos del fondo de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, en virtud de que no enteró la cuotas y aportaciones del ISSSTE [Instituto de Seguridad Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado] y SAR-Fovissste [Sistema de Ahorro para el Retiro-Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda para los Trabajadores del ISSSTE].

Entre otros recursos que falta “por aclarar” están los 2 millones 583 mil 5 pesos del ejercicio de 2014 que, hasta la mitad de 2015, no se habían ejercido.

La auditoría concluye que “la calidad educativa del estado de Tamaulipas es deficiente, principalmente en la población con mayor rezago social, lo que manifiesta la influencia que tiene el contexto socioeconómico en los resultados educativos”.

Por ello, en el dictamen se señala que la SET, encabezada por Diódoro Guerra, “incurrió en inobservancias a la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Acuerdo 482 emitido por la SEP [la federal Secretaría de Educación Pública]”. Asimismo, “se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la información reportada a la SHCP [la federal Secretaría de Hacienda y Crédito Público] sobre su ejercicio y destino no se corresponde con los reportes financieros generados por la entidad federativa”.

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Escuelas de Tiempo Completo

Entre las primeras “debilidades” del programa Escuelas de Tiempo Completo en Tamaulipas detectadas por la ASF, se encuentra que la SET “carece de procesos para detectar posibles actos de corrupción en el ejercicio de los recursos del programa”. Esta auditoría no es “coordinada”, es decir, en su desarrollo no participó el órgano de fiscalización estatal.

Por medio de este programa, la Federación entregó al gobierno de Tamaulipas 398 millones 573 mil 400 pesos en 2014. De este total, la ASF detectó que, al final de ese año, un total de 183 millones 502 mil pesos –y los rendimientos financieros de esa cantidad por 3 millones 712 mil 300 pesos– no habían sido devengados ni reintegrados a la Tesorería de la Federación. Por ello, se “presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal” por esa cantidad.

Así, en el dictamen de la auditoría se asienta que “en el ejercicio de los recursos, el estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad hacendaria”.

Tamaulipas cuenta con 705 escuelas de tiempo completo. Representan el 18.4 por ciento de los planteles de educación básica con los que cuenta la entidad. En sus aulas estudian 97 mil 618 alumnos, es decir, el 16.1 por ciento del total de la matrícula de educación básica.

Contralínea solicitó entrevista con el secretario de Educación de la entidad, Diódoro Guerra, para que explicara la malversación de fondos detectada por la ASF. En la oficina de comunicación educativa de la dependencia, encabezada por Javier Ramírez Gutiérrez, se designó a Luz Vázquez para que coordinara la entrevista. Luego de 2 semanas y dos cancelaciones, en la SET decidieron no responder más a las solicitudes de Contralínea.

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Los pendientes

El uso deficiente o ilegal de recursos públicos hasta ahora no ha sido el principal tema a debatir en el estado. Luego de más de 10 años de “guerra contra el narcotráfico”, en Tamaulipas siguen siendo los temas de la seguridad y el combate a la impunidad los más importantes.

 “Un tema que quedó pendiente, que no fue resuelto, es el caso del asesinato del que hubiera sido el gobernador: Rodolfo. Ése puede ser uno de los pendientes puntuales”, señala Mariana Meza. La investigadora agrega que se trata de uno de los casos más “simbólicos”.

La mañana del 28 de junio de 2010, a unos días de los comicios y mientras se trasladaba al aeropuerto de Ciudad Victoria para viajar a la ciudad de Matamoros donde realizaría un cierre de campaña, fue asesinado a balazos el candidato priísta Rodolfo Torre Cantú. En los hechos también fueron asesinados cuatro de sus colaboradores. Un número aún indeterminado de hombres armados interceptó al candidato priísta y lo atacó con éxito.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) designó como candidato sustituto al hermano del candidato asesinado. Fue así como Egidio se convirtió en gobernador con el obvio y obligado compromiso de dar con los asesinos de su hermano y resolver ese caso. Por supuesto, las investigaciones fueron atraías por la Procuraduría General de la República, pero las autoridades locales tienen la obligación de coadyuvar. Hasta el momento hay varias versiones del asesinato. En todas están implicados integrantes del crimen organizado: Los Zetas y el Cártel del Golfo.

El 6 de abril de 2011, ya cuando Egidio Torre Cantú gobernaba la entidad, se encontraron las fosas clandestinas de lo que se conoce como la segunda masacre de San Fernando. Después de semanas de excavación se encontraron los cuerpos de 193 personas. La primera matanza de San Fernando ocurrió entre el 22 y el 23 de agosto de 2010, cuando 72 jóvenes fueron asesinados masivamente en ese municipio. Entonces el gobernador era Eugenio Hernández Flores. Ninguno de los crímenes ha sido resuelto a cabalidad.

A su favor, Egidio Torre Cantú tiene que otros estados de la república empeoraron su situación en materia de seguridad.

La politóloga Mariana Meza, investigadora del CIDAC, señala: “Uno de los problemas del estado es atender los problemas de corrupción y mal manejo de fondos y de impunidad; y por otro lado, para bien o para mal, Tamaulipas no ha estado en la agenda pública. Por más que [la entidad] tenga los niveles de violencia e inseguridad muy altos, sobre todo en términos de secuestro y homicidio, el tema a nivel nacional ha sido dominado por otros estados”.

Agrega que “se movió el foco de atención, que antes estaba en Tamaulipas, a otras entidades como Guerrero o Michoacán”.

El proceso electoral

En la disputa por el gobierno del estado, están registrados ocho candidatos. En realidad sólo dos tienen posibilidades: Baltazar Hinojosa Cantú, de la coalición PRI-Verde Ecologista-Nueva Alianza, y Francisco García Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional (PAN).

La investigadora del CIDAC Mariana Meza señala que la jornada del próximo 5 de junio “va a ser una elección histórica. El panorama de la competencia es entre el PRI y el PAN. La contienda se va a concentrar en esta carrera entre los dos. Ya de por sí que sea una competencia cerrada, como se pronostica y se prevé que sea, pues ya es distinto. Hay que recordar que Tamaulipas ha sido gobernada desde siempre por el PRI y ha ganado por márgenes muy amplios. El tener una competencia muy reñida entre buenos candidatos, al menos muy carismáticos, pues tienes algo que resaltar en la entidad”.

Los otros candidatos son Héctor Garza González, por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Jorge Valdez Vargas, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD); Armando Vera García, por el Partido del Trabajo (PT); Gustavo Cárdenas Gutiérrez, por el Movimiento Ciudadano; Abdies Pineda Morín, por el Partido Encuentro Social, y el candidato independiente Francisco Chavira Martínez.

Los seis candidatos se anulan mutuamente. Los votos que no se llevarán las dos fuerzas principales tendrán que repartirse entre seis propuestas. Sin embargo, pueden jugar como el fiel de la balanza.

Mariana Meza reconoce que “tener más candidatos sin duda atomiza o puede llegar a atomizar el voto”. Pero tendrán “la capacidad de decidir si en un momento cercano a la elección se bajan de la contienda para declarase a favor de un candidato u otro. Y hemos visto, en la teoría y en otras elecciones, que eso mueve las contiendas, atrae otro tipo de electores que no necesariamente estaban siendo atendidos por el PRI o el PAN”.

También es cierto que la violencia y la inseguridad impactan en las campañas políticas. Incluso, pueden condicionarlas. Tamaulipas no está muy lejos de ello.

El actual nivel de violencia que se vive en el estado no llegará a impedir las elecciones del 5 de junio próximo, “pero por supuesto que tiene un impacto en términos de participación, de abstención, sobre todo en los municipios más violentos, más agresivos: la gente tiene miedo de salir a votar, de salir a los mítines de campaña o a las reuniones con los candidatos porque el riesgo de un estallido de violencia, de una agresión, es mucho más alta. Y eso es, sin duda, en detrimento de la calidad democrática y la competencia electoral”, finaliza la politóloga Mariana Meza.

Zósimo Camacho

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: RENDICIÓN DE CUENTAS]

Contralínea 487 / del o9 al 14 de Mayo 2016

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