Segunda parte y última
La deuda de los estados y municipios, que asciende a 515 mil 758 millones 100 mil pesos, incluye los llamados proyectos de prestación de servicios que, junto con las asociaciones público privadas, constituyen una privatización velada de servicios públicos y derechos humanos, como el de la salud.
Actualmente, son ocho estados de la República los que mantienen vigentes 26 proyectos de este tipo, que implican un monto total de 14 mil 413 millones de pesos y cuyo valor presente neto se estima en 58 mil 879 millones 400 mil pesos.
De acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda más alta por este concepto la concentra el Estado de México: 7 mil 263 millones de pesos. La entidad, que encabeza el priísta Eruviel Ávila, es también la que desarrolla más proyectos en este esquema, con un total de siete.
El proyecto más caro es la conservación de carreteras y vialidades, cuyo gasto asciende a 1 mil 887 millones de pesos y tiene una vigencia de 20 años; le sigue la prolongación de la avenida Solidaridad-Las Torres, con un presupuesto de 1 mil 629 millones de pesos y plazo de 25 años. En tercer lugar, por el monto implicado, está la operación de un hospital regional de alta especialidad, con 1 mil 103 millones y un plazo de 25 años.
Otros proyectos que se cedieron a la iniciativa privada son el Centro Cultural Mexiquense, con una inversión de 839 millones de pesos y un plazo de 21 años; el hospital regional de Tlalnepantla, por 25 años y 800 millones; y el hospital regional de Toluca, también por 25 años y 800 millones de pesos.
Para Enrique Mendoza Méndez, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, este tipo de esquemas de financiamiento son utilizados para ocultar el crecimiento de la deuda pública, al tiempo que transforman al gobierno “en una caja de pagos”.
En su ponencia “Asociaciones público privadas y gasto público en México”, del XI Seminario de Economía Fiscal y Financiera. Crisis, Estabilización y Desorden Financiero (marzo de 2011), refiere que los proyectos como las asociaciones público privadas no necesariamente garantizan la eficiencia y la mejor relación precio-calidad.
Los datos de la Secretaría de Hacienda indican que Yucatán es el segundo estado de los ocho que más recursos públicos ha comprometido en este esquema de deuda: sus dos proyectos implican 1 mil 718 millones 800 mil pesos en total.
Así, el centro hospitalario en el municipio de Ticul implicará, al menos, 948 millones 800 mil pesos, con un plazo fijado en 25 años; y el Gran Museo Maya, 770 millones y 21 años de plazo.
En tercer lugar se encuentra Chihuahua, con seis proyectos por 1 mil 636 millones 600 mil pesos. Seguido por Oaxaca, con dos proyectos por 1 mil 477 millones 600 mil; Durango, con un proyecto por 1 mil 256 millones; Nuevo León, también con un proyecto pero por 913 millones; Puebla, con seis proyectos por 345 millones de pesos; y finalmente Guanajuato, en cuyo proyecto aún no se ha invertido nada.
Para el investigador Mendoza Méndez, el endeudamiento de los estados y municipios –también denominado deuda subnacional– es resultado de los procesos de descentralización fiscal impulsados a mediados de la década de 1990.
En su ponencia indica que la autonomía en el ejercicio de gasto de los estados y municipios es complicada, pues la mayor parte de sus ingresos provienen de las participaciones federales. Esto los hace dependientes de esos recursos, lo que a su vez les genera la necesidad de allegarse de dinero por medio de financiamientos externos.
Como se explicó en la columna pasada, para contratar deuda los estados y municipios han recurrido a la banca privada, la banca de desarrollo, las emisiones bursátiles, los proyectos de prestación de servicios y las asociaciones público privadas.
Respecto de las emisiones bursátiles, el académico Mendoza Méndez indica en su ponencia que la titulación de activos públicos somete la oferta de bienes y servicios públicos al servicio de la especulación financiera.
“La titulación ha servido como vehículo de la privatización. El uso del financiamiento estructurado de los bienes públicos supone la exposición de las operaciones del gobierno a las presiones del mercado financiero”, señala. Agrega que el gobierno federal tiene la responsabilidad de rescatar a las entidades subnacionales en problemas financieros.
En caso de que algún estado se declare en bancarrota próximamente, será el país entero el que lo rescate de sus deudas.
Proyectos vigentes por entidad
Nancy Flores*, @nancy_contra/Segunda parte y última
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]
Contralínea 469 / del 28 de Diciembre de 2015 al 03 de Enero de 2016
