La violencia desatada en Santo Domingo Ixcatlán, en 2008, provocó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitara medidas cautelares al Estado mexicano para 177 habitantes de este pueblo na’saavi o mixteco. Sumergidos en un ambiente hostil y amenazante, hombres, mujeres y niños de esta comunidad –enclavada en la serranía– padecen abandono oficial, retratado en el atraso, falta de empleo, de servicios de salud y educativos, así como la miseria para más del 80 por ciento de su población. Aquí rige, también, la impunidad

Santo Domingo Ixcatlán, Tlaxiaco, Oaxaca. Sostiene entre sus manos los restos de su hijo: huesos calcinados guardados en una bolsa y una rejilla de plástico. “¡Esto es lo que quedó de Gustavo!”, dice –entre sollozos– Paulina Martínez, una mujer de 57 años de edad que revela en el rostro tristeza y desvelo, en espera de justicia.

Su hijo, Gustavo Castañeda Martínez, al igual que Melesio Martínez Robles (de 60 años) e Inocencio Medina Bernabé (de 51 años) fueron asesinados hace 7 años por un grupo paramilitar a la entrada de su comunidad, asentada en la mixteca oaxaqueña. El lugar se encuentra a 3 horas de distancia de la ciudad de Tlaxiaco, entre brechas y caminos pedregosos, en lo alto de la serranía.

El supuesto líder de los paramilitares, Freddy Eucario Morales Arias, expresidente municipal de este lugar y hermano del entonces regidor Omar Morales Arias, fue aprehendido días después (el 8 de mayo de 2008). Hasta el momento no ha sido sentenciado, tampoco han sido aprehendidos nueve de sus cómplices.

La noche del 30 de abril de 2008 fue el inicio de un suplicio para los habitantes de esta región, sumida en la pobreza, el desplazamiento, la división y la ruptura familiar.

El último día de vida de Gustavo había sido de fiesta: la celebración para los niños; partieron piñata y jugaron para festejar su día. Él estuvo acompañándolos, había jugado básquet y vacilado un poco con los más pequeños.

Al terminar la celebración infantil, una de las profesoras encargadas de la organización le pidió que la llevara en su vehículo a Chalcatongo –la comunidad más cercana a su municipio, con la que se tiene un conflicto agrario desde 1848.

El terror

“¡La mano se le quedó pegada al claxon! Se escuchaban sus quejidos desde lejos, yo no podía llegar hasta el lugar… Nos disparaban y se escuchaba: ‘¡Dispárale a esa culera!’”, relata María, una de las testigos de la tortura y el  asesinato del joven de 25 años y los otros dos habitantes de esta comunidad. En su voz todavía se escucha la angustia, entrelaza las manos y se las lleva al pecho.

Por varias horas los pobladores no pudieron hacer nada, las balas eran su principal enemigo y amenaza. Los familiares de Gustavo, Melesio e Inocencio sufrían, no había cómo rescatar a los suyos. En una cuneta había quedado Paulina, María y la novia de su hijo, sólo escuchando.

Todo ocurrió en la entrada del pueblo, justo a espaldas de la iglesia que se levanta sobre rocas y que reluce desde cualquier punto del que se mire. El carro se incendiaba, Gustavo dentro, el claxon sonaba. Mientras, el cuerpo de Melesio, quien había ido en su rescate, yacía a pocos metros de Gustavo, lo descuartizaban; la mitad de su cuerpo quedó destrozado, a la vista quedaron sus huesos; Inocencio tuvo la misma mala fortuna de encontrar la muerte a manos de paramilitares comandados por Freddy.

Los asesinos habían estado esperando a Gustavo, un joven opositor al expresidente municipal Freddy Morales Aria, pues la negociación que se estaba haciendo para resolver el conflicto agrario no sería conveniente para todo el pueblo, dicen vecinos del lugar.

La matanza de estas personas de origen mixteco provocó la recomendación de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para 177 personas, entre familiares y amigos de las víctimas; también fue necesario el nombramiento de un administrador, impuesto por el Congreso oaxaqueño.

Oficialmente, quien actualmente ocupa el cargo es Vicente Noriega Betanzo, del que los habitantes no saben nada desde octubre pasado. El abandono oficial hace mella entre los habitantes de esta comunidad marginada. Hay un total vacío de poder.

Medidas cautelares solicitadas por la CIDH

En un estado ya de por sí marginado, las condiciones de vida se complican para los habitantes de este municipio. Después del asesinato de Gustavo, Melesio e Inocencio, la CIDH solicitó al Estado mexicano la protección de sus habitantes bajo el expediente MC 113/08 177.

El caso fue llevado por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría de los Pueblos Indígenas (CDHAPI), a cargo del abogado Maurilio Santiago Reyes, pues había la amenaza de que los paramilitares continuaran violentando la zona y a sus habitantes.

Maurilio Santiago, abogado y defensor de derechos humanos, dice en entrevista con Contralínea que este grupo paramilitar, encabezado por Freddy, tenía como objeto intimidar a la población; incluso dictadas las medidas cautelares, el grupo seguía existiendo. Cuando la situación se tornó más difícil, entró la policía estatal y disminuyó la violencia; pero no se ha dictado la sentencia a Freddy, el expediente 52/2008 sigue abierto en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlaxiaco.

Expone que el nudo de la situación es el conflicto agrario entre Santo Domingo Ixcatlán y Chalcatongo de Hidalgo. Ya había la propuesta de que se iba llegar a un arreglo; el gobierno ofreció indemnizar a Santo Domingo Ixcatlán para que cediera las tierras a Chalcatongo. Sin embargo, dentro de la población había un grupo que se oponía a la venta, entre ellos, Gustavo.

Entre la ambición y el poder, la gente de Freddy intentó someter al grupo opositor y por eso llegaron a esta violencia. Este hecho trajo como consecuencia que el Congreso estatal declarara que en este municipio se habían violentado los derechos humanos y se ordenó la desaparición de poderes. Fue entonces que, a partir de 2008, ha habido solamente administradores municipales.

Actualmente, dice Maurilio Santiago, la situación está dividida en tres: “Uno: no se ha podido dictar sentencia ni se han capturado a otros de los involucrados (considero que la protección para Alfredo es porque están esperando a que salga el actual gobernador –Gabino Cué Monteagudo– para que en cualquier momento alguien del Partido Revolucionario Institucional pueda ayudarle a salir).

 “Dos: las medidas cautelares han servido porque si no se hubieran dictado, quizá las personas que estarían en la cárcel hubieran sido las víctimas. Éstas, además, han servido para frenar, mínimamente, la situación de poder y violencia que había en la zona.

 “Tres: en el ámbito social, la comunidad está abandonada; hay un vacío de poder y, finalmente, en el problema agrario, las autoridades están esperando para poder hacer su negocio, por ello el conflicto está latente.”

Ixcatlán y su pobreza

En esta comunidad de origen mixteco, sus pobladores han dejado de lado su lengua originaria por la discriminación que les ha significado hablarla. La miseria viste a su gente, los caminos y los hogares de quienes permanecen en estas tierras. Incluida en la Cruzada Nacional contra el Hambre, en esta comunidad se padece la falta de empleo y alimentos, abandono y negligencia oficial.

Aquí, el 83.7 por ciento del total de la población se encuentran en un nivel de pobreza, señalan datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el censo de 2010. Es decir, que de los 705 individuos, 360 (42.7 por ciento) presentaban pobreza moderada y 345 (40.9 por ciento) se encuentran en pobreza extrema.

La mayoría de los hogares están construidos con maderos y láminas. Las cifras oficiales indican que el 80.7 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje; otro 56.6 por ciento no cuenta con agua entubada y el 44.7 por ciento de los hogares tiene piso de tierra. Esta desafortunada forma de vida y el miedo ha provocado la huida de varias decenas de pobladores en buscan de la sobrevivencia.

La negligencia oficial también se observa en las carencias que hay en la pequeña clínica de salud. No hay suficientes medicamentos, y la ambulancia de emergencias permanece inservible; desvencijada y con los neumáticos ponchados se encuentra estacionada a la entrada del Centro de Salud.

Rocío Nieva Pérez es la doctora encargada de la unidad médica de Santo Domingo Ixcatlán, el diagnóstico para los habitantes de esta comunidad es también desafortunado: la diabetes, hipertensión y desnutrición dañan severamente.

 “Tenemos de todo un poco”, dice la médico egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez, pero lo más grave es que la desnutrición infantil se presenta en todos sus grados: leve, moderada o severa.

Aquí llegó el programa Prospera (operado por la Secretaría de Desarrollo Social, continuidad del llamado Oportunidades), y a través del cual se dota de suplementos alimenticios a los niños, “pero no se sabe si la mamá se los da o no; no está funcionando porque no hemos encontrado un incremento en el peso de los niños, objetivo del programa”.

Éste, dice Nieva Pérez, “ya tiene más de 11 años en la comunidad, cada sexenio se les cambia el nombre, pero no hay resultados. Antes sólo se les daba la papilla Nutrisano; ahora se incluye la bebida láctea y el Vitaniño (suplemento vitamínico)”.

Además, comenta, en cuestión de urgencias no hay una ambulancia habilitada; ni siquiera hay un sitio de taxis con el que se pueda contar en caso de una emergencia. Todo depende del apoyo de alguno de los vecinos, en caso de que tenga carro o una “camionetita”. Simplemente, “no tenemos un vehículo oficial”, lamenta la doctora.

Sin embargo, ésta no es la situación más compleja que se vive en el ámbito de la salud: “Pasamos por una carencia muy difícil de medicamentos: no nos están llegando; tenemos 2 meses que no nos surten, y si lo hacen sólo surten cinco claves [diferentes tipos de medicamentos]. La mayor demanda que tenemos que atender es porque estamos en temporada de diarreas y gripes, no tenemos ni paracetamol o antibiótico para los niños… Es más, ni suero para atender la deshidratación, esto es muy grave. Nosotros damos la consulta pero no les surtimos el medicamento porque no lo hay, tampoco hay mucho transporte para salir de la comunidad y la gente en verdad sufre a sus enfermos”, comenta.

Sin espacios educativos

La escuela es otro de los espacios en los que se refleja el abandono de las autoridades para la gente de este pueblo. Aquí llegan los alumnos de esta comunidad y de la vecina, Chalcatongo, con quien no se ha resuelto el conflicto agrario por 1 mil 356 hectáreas.

Antes, los niños acudían al albergue, donde se les dotaba de mejores condiciones de vivienda, incluso que sus propias casas y se les garantizaba el alimento tres veces al día. Las instalaciones del lugar fueron cerradas para la población infantil y sirvió de cuartel paramilitar previo a los ataques de 2008. Ahora, lucen completamente descuidadas.

Los niños de la escuela primaria bilingüe Fray Bartolomé de las Casas estudian en salones salitrosos, con poca iluminación. Los sanitarios que ocupan no tienen buen funcionamiento y no existe un espacio de esparcimiento adecuado a sus necesidades.

Los rencores de los padres se manifiestan entre los más pequeños, “si eres de arriba [de la zona donde vivía y despachaba Freddy Morales Arias] eres calificado de violento y te rechazan, aunque no tengas nada que ver con la situación”, explica el profesor José Abraham Maldonado, también director de este plantel.

 “Pedagógicamente les afecta el conflicto que hubo; hace 1 año me encontré con problemas un poco más difíciles, de índole personal, reflejados en la escuela. Hay un vacío de poder, no hay autoridad, no hay regidor de educación y todo pasa aquí con nosotros… Había agresiones físicas y verbales entre los niños, se tuvo que hablar con los padres para poner un alto y hasta el momento todo parece en calma”, comenta el profesor.

Tampoco hay ningún tipo de mantenimiento, los aros de la cancha de básquet (uno de los pocos espacios de juego) están desvencijados, los tableros rotos, el área de juegos para los niños más pequeños está completamente inservible, los juegos oxidados.

Datos del Coneval indican que la población de 15 años y más con educación básica incompleta es del 56 por ciento; sin derechohabiencia a servicios de salud, 22.2 por ciento y la población de 15 años o más analfabeta es del 12.7 por ciento.

A sudor propio

Aquí ya no hay nada. La esperanza murió hace tiempo, la gente comenzó a irse, las familias a separarse para encontrar otro refugio, lejos de la violencia que temen regresará.

Paulina, la madre de Gustavo, es ejemplo de ello; su esposo y otros dos de sus hijos se han ido a la ciudad de Huajuapan a buscar trabajo, a estudiar y buscar otra suerte. Los familiares de los otros asesinados salieron de la comunidad y andan dispersos entre Tlaxiaco y Huajuapan, comentan los vecinos.

Juan Santiago García es uno de los que no encuentra salida económica. “Aquí ya nada es sustentable, ni la tierra”, dice el hombre que ha tenido que salir a los campos estadunidenses para sobrevivir económicamente. “Aquí todo se gana a sudor propio, aunque el gobierno diga en la televisión que apoya. Esta es ya una situación sin salida”, lamenta.

A su paso por la presidencia municipal, Freddy decidió la demolición del antiguo palacio, derribó la construcción tradicional con arcos y pilares para comenzar la de un edificio de tres pisos que quedaron en obra negra. Zenaido García Bernabé, uno de los integrantes del Consejo de Principales del municipio lamenta que ni siquiera se haya concluido la construcción: “Ése hombre nos dejó sin nada”, dice.

Miguel Maldonado García, agente de la localidad de Cruz Roja (perteneciente a este municipio), dice en entrevista que “el problema de los administradores viene desde el año que vino la desaparición de poderes, a raíz del vacío de autoridad, desde 2008.

A partir de ahí, el gobierno estatal (entonces a cargo del Ulises Ruiz Ortiz y hasta ahora con Gabino Cué Monteagudo) optó para mandar administradores, que han venido y han pasado por alto todas las necesidades prácticamente; muestra de eso es lo que se palpa, está tirado todo; no hay construcciones, no hay albergue, la brecha está en pésimas condiciones y los administradores han hecho caso omiso.

 “A nivel federal, cada una de las agencias de este municipio, no tiene ningún tipo de obras, todo el recurso que ha venido se ha ocupado en otras localidades”, reprocha Miguel.

La justicia no llega, tampoco el desarrollo social, prevalece la impunidad y unas medidas cautelares que mantienen en alerta a los defensores de derechos humanos (en las que recae un poco de confianza de la gente que queda aquí). No hay nada más, reina y se respira la desesperanza, nostalgia, coraje y tristeza.

 

Érika Ramírez, @erika_contra/enviada

[Sección: A Ocho Columnas]

 

 

 

 Contralínea 437 / del 18 al 24 de Mayo 2015