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El autoproclamado país de las libertades no puede superar aún el racismo contra las minorías. Siempre en desventaja, las comunidades afroamericanas, indígenas o de origen hispano deben enfrentar a un sistema que garantiza impunidad para quienes las agreden

Luis Beatón/Prensa Latina

El reconocimiento por legisladores estadunidenses de que las prácticas discriminatorias de la Policía contra las minorías son un problema sistémico aviva la controversia nacional sobre el tema. El 22 de abril, el legislador demócrata por Michigan, John Conyers, y el senador demócrata por Maryland, Ben Cardin, presentaron un proyecto de ley que criminaliza las prácticas discriminatorias de la policía contra las minorías en un intento de frenar el problema.

En opinión de Conyers, las minorías no son una amenaza y las leyes garantizan una protección equitativa para todos los estadunidenses, algo que al parecer ignoran muchos agentes en el país y que ahora gana relevancia luego de la muerte de varios afroestadunidenses desarmados, incluyendo Walter Scott, Freddie Gray, Michael Brown y Eric Garner.

Los promotores de la Ley contra la Discriminación Racial de 2015 intentan frenar la discriminación a manos de la policía y restablecer la confianza pública en el sistema de justicia criminal que, a juicio de activistas, con frecuencia se ensaña injustamente contra las minorías.

La iniciativa considera un crimen la práctica de la discriminación racial, exige una mayor capacitación y sensibilización de la policía, fortalece la recolección de datos sobre sus actividades y autoriza fondos para mejorar sus prácticas.

Aunque iniciativas parecidas fueron presentadas desde 2001 por Conyers, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, nunca fueron llevadas a votación y el problema persistió hasta agravarse en los últimos años.

Para organizaciones como la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) la discriminación racial suele ser el primer paso en el maltrato contra las minorías, como reflejan los casos más recientes de abusos y muertes de afroamericanos y miembros de otras minorías.

La victimización de esos grupos a manos de la policía y el sistema judicial, en particular los afroamericanos, es algo recurrente, según Delores Jones Brown, exfiscal y analista del John Jay College, de Nueva York, para quien es hora de exigir la rendición de cuentas de los policías.

En 1985 el Tribunal Supremo determinó que el uso de la fuerza sólo se justifica si el policía “tiene causa probable para pensar que el sospechoso representa una amenaza de muerte o de grave lesión física significativa para él” o para la comunidad en general, algo que al parecer es interpretado arbitrariamente por los agentes al aplicar la fuerza.

Según la costumbre, los policías tienen el beneficio de la duda respecto al uso de la fuerza si su vida corre peligro, pero afrontan restricciones si se trata de un sospechoso que se da a la fuga, a menos que éste represente una amenaza para el agente y la comunidad en general, algo que al parecer no se dio en el caso de Freddie Gray, en Baltimore, y otras muertes recientes.

Para algunos expertos no hay datos fiables sobre la dimensión del problema, y aunque una ley federal de 1994 para disminuir la criminalidad exige que el gobierno mantenga una base de datos nacional sobre el uso excesivo de la fuerza policial, apenas una tercera parte de las 18 mil agencias del ramo en el país participan en la entrega de datos.

El director de la Oficina Federal de Investigación estadunidense (FBI, por su sigla en inglés), James B Comey, reconoció que, debido a que la entrega de información es voluntaria y no uniforme, los datos son incompletos, y al final, poco fiables.

Estadísticas del FBI indican que los agentes policiales estuvieron involucrados en alrededor de 400 “homicidios justificados” cada año, entre 2008 y 2012. Algunos alegan que, en situaciones de estrés y alta peligrosidad, los uniformados toman decisiones por instinto, pero, según observadores, mientras las leyes les permitan disparar a matar si perciben una amenaza inminente, el problema no va a desaparecer por completo.

Eso, al parecer, fue detonante de nuevas protestas en Baltimore con el caso de Gray, un joven negro de 25 años, quien según las evidencias murió por la violencia empleada en su arresto cuando estaba desarmado.

El hecho provocó protestas en toda la ciudad y, según analistas, reflejó el temor que muchos en su barrio dijeron sentir en sus interacciones cotidianas con las fuerzas del orden.

Gray fue detenido el 12 de abril, después de que agentes hicieran contacto visual con él y otro hombre en una zona conocida por el tráfico de drogas, indicó la policía, y ambos echaran a correr. Gray fue esposado y colocado en una camioneta de transporte.

Se espera que una pesquisa emprendida por el gobierno federal permita aclarar qué ocurrió exactamente en la camioneta y cómo resultó herido. Pero 1 semana más tarde murió en un hospital, por lo que fue descrito como “una lesión espinal significativa”.

Expuestas a la violencia policial y a la discriminación, muchas personas en comunidades de la minoría negra opinan que la relación entre las fuerzas de seguridad y el barrio es tan tensa que muchos creen que es más seguro huir de la policía que quedarse quieto.

Tras el incidente del 12 de abril, manifestantes tomaron las calles con carteles y corearon “¡manos arriba, no dispare!”, demandando transparencia y que se exijan responsabilidades al Departamento de Policía. En la actualidad, señalan activistas, hay miedo en la comunidad por lo que pueda hacerle a uno la policía, un sentimiento que parece extenderse por todo el país.

El asunto toma nuevos vuelos tras las manifestaciones en Baltimore contra la violencia policial y la suspensión de seis oficiales vinculados al caso.

El fallecimiento del joven alimenta el debate y crecen las acusaciones de brutalidad de los uniformados en ciudades como Ferguson, Misuri y el Norte de Charleston, Carolina del Sur, donde los gobiernos son dominados por blancos.

Un informe del Departamento de Justicia sobre el incidente en Ferguson acusó a los agentes de tener prejuicios racistas, pues era una práctica habitual detener de forma desproporcionada a numerosos conductores negros por faltas al volante u otros delitos civiles.

El caso del policía blanco que disparó y mató al adolescente negro Michael Brown en esta ciudad de la periferia de San Luis causó gran indignación a nivel nacional, y protestas y disturbios durante varios días.

El problema de la discriminación en la actuación de la policía llevó al presidente Barack Obama a manifestar a inicios de marzo en Selma, Alabama, que la “larga sombra del racismo todavía está sobre nosotros”, un reconocimiento de que el mayor desafío se encuentra en la aplicación de las leyes y la violencia que aplican los uniformados contra esta minoría en el país.

La represión contra los negros y otras minorías acentúa la preocupación de políticos, activistas sociales y grupos comunitarios en momentos en que las fuerzas del orden en Estados Unidos están bajo un profundo escrutinio de la opinión pública y las autoridades federales.

Luis Beatón/Prensa Latina

[LÍNEA GLOBAL]

 

 

 

Contralínea 436 / del 11 al 17 de Mayo 2015