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Nestora Salgado García no prueba bocado desde el pasado 5 de mayo. La excomandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, se lanzó a la huelga de hambre en el día 622 de su reclusión.

A Nestora la paciencia se le agotó, refiere José Luis Ávila Baez, su esposo. La mujer de origen indígena se cansó de “tanta humillación” y de las constantes violaciones a su debido proceso, mismo que, a la fecha, se encuentra “estancado”; por eso optó por la huelga de hambre, acción que pone en riesgo su de por sí “precaria” salud.

El 21 de agosto de 2013, Nestora, madre de tres hijas, fue arrestada luego de que un grupo de personas detenidas por la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, instancia ciudadana de seguridad y justicia que ella lideraba en cumplimiento del mandato comunitario, alegaron haber sido secuestradas. Posteriormente fue ingresada en el Centro Federal de Readaptación Social de Tepic, Nayarit, penal de alta seguridad.

A finales de enero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor de la activista que en 2002 sufrió un accidente automovilístico que la incapacitó de por vida. El organismo con sede en Washington pidió al Estado mexicano garantizarle la atención médica necesaria, lo que a la fecha no ha ocurrido, acusa su esposo. El hombre que reside en Estados Unidos detalla que Nestora, de 42 años de edad, permanece sin recibir los medicamentos, ejercicios y alimentación adecuados para el tratamiento de su padecimiento: una neuropatía cervical aguda.

 “No sabemos que medicamentos le dan. Nos dicen que le hacen exámenes médicos pero los doctores que supuestamente se los practican no quieren ni tocarla como si ella tuviera lepra”, manifiesta con preocupación el hombre.

José Luis Ávila detalla que, en el contexto de la instrumentación de las medidas cautelares referidas, el personal de la Unidad para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) se comprometió a trasladar a Nestora a un centro hospitalario ubicado en la capital del país para que, en tanto su situación jurídica se determina, reciba la atención especializada que requiere. No obstante, a raíz de la separación de Lía Limón García del cargo de subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob que se concretó el 4 de marzo pasado, el compromiso federal quedó “bailando en la cuerda floja”.

Personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que acudió al penal de alta seguridad de Nayarit, comunicó a José Luis Ávila de la huelga de hambre emprendida por su esposa desde la mañana del pasado martes. Un día después, vía telefónica, la propia Nestora le confirmó su decisión y las razones de ésta.

Nestora está consciente de los riesgos que para su salud representa una huelga de hambre que, a decir de los especialistas, van desde la disminución de proteínas hasta daños hepáticos y renales, e incluso la posibilidad de un infarto como secuela de alteraciones cardiacas. Aun así, se dice dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias: la muerte.

La mujer considerada presa política por organizaciones sociales y derechos humanos demanda que su situación jurídica sea resuelta de una vez por todas y, así, llegue el fin de su “injusta reclusión” que se ha prolongado ya por casi dos años.

La Policía Comunitaria de Olinalá forma parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que, ante la ineficiencia gubernamental y su colusión con la delincuencia organizada, ha asumido como suya la responsabilidad de proveer seguridad y justicia a las comunidades. La constitución de esta instancia, que opera en algunas regiones de Guerrero, tiene sustento en el mandato del Artículo 2 de la Carta Magna mexicana que consagra el derecho de los pueblos indígenas al autogobierno y a la autodefensa.

Al igual que Nestora, otros 12 miembros de la CRAC permanecen en prisión, acusados de delitos como secuestro, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, terrorismo y lesiones. La prisión como escarmiento político.

Flor Goche

[SOCIEDAD]