Atenazado del cuello por las férreas manos de la furiosa turbulencia política y la volatilidad económica, el país es arrastrado inexorablemente hacia el fondo del sumidero, hecho que “evidencia, sin atenuantes, el agotamiento del régimen político”, “la existencia de una crisis de Estado”, como dijera Porfirio Muñoz Ledo.

Para mantener su estabilidad, cualquier régimen autoritario depende del control, la despolitización y la pasividad de la población, además de la represión selectiva o bestial en contra de los descontentos, como ocurrió recientemente con los normalistas de Ayotzinapa. Por desgracia, a cada tanto, decía Günter Grass, los plebeyos ensayan la insurrección.

El “Mexico’s moment” ya es otro. Ya no es el “Mexico’s moment” de The Economist, que a finales de 2012, con esa expresión adulaba a Enrique Peña Nieto, quien prometía trabajar por “un modelo económico, político y social próspero”, “el respeto de los valores liberales” y de “los derechos de los mexicanos”; por impulsar el “verdadero potencial económico, [con] una buena gestión de las finanzas públicas, el respeto a la autonomía del banco central”, la preservación de la estabilidad macroeconómica y la continuidad de las reformas estructurales”, entre ellas la energética; por la recuperación del “liderazgo de México en el escenario mundial como una potencia emergente”.

No es el “Mexico’s moment” de Goldman Sachs y Nomura, que predecían que para 2020 la economía mexicana sería una de las 10 más grandes del mundo. Tampoco el de Thomas Friedman, de The New York Times, quien en su artículo “How Mexico got back in the game” (“Cómo México regresó al juego”) pronosticó que el país se convertiría en una potencia del siglo XXI, por encima de China o India. Ni el de Adam Thompson, de The Financial Times, que habló del “Mexico: aztec tiger” (tigre azteca) con una “historia de crecimiento increíble”, favorecido por el capital foráneo.

El calificativo de Thomson no es más una parodia del “tigre celta”, locución aplicada a Irlanda por Morgan Stanley en 1994, la cual, a su vez, fue una burda copia del apodo “los tigres asiáticos”, impuesto a Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y otros países asiáticos. A los publicistas del neoliberalismo se les petrificó el seso.

Esas naciones, incluyendo a México, guardan un rasgo en común. Todas adoptan el neoliberalismo extremo y se colapsan. Todas no eran más que vulgares gatos callejeros subdesarrollados, revestidos con el pellejo de aquel imponente y respetable félido.

El tiempo luminoso de quimeras prometidas se desvaneció a partir del 26 de septiembre, fecha que ya quedó inscrita con sangre y muerte por el Estado en los anales ominosos de la historia, al igual que los emblemáticos 2 de octubre de 1968 o 10 de junio de 1971.

Ahora estamos en el momento del turbulento descontento nacional, el cual estalla en Iguala, Guerrero, como una bomba en el núcleo de la estructura del Estado, y cuyo rumor previo encuentra su voz en el estudiantado, que audaz y rápidamente lo transforma en un incendio que se extiende por las praderas secas de la nación; en una mortífera daga que atraviesa el corazón de las eufóricas expectativas contrarreformistas peñistas.

Estamos en la época del florecimiento de la revuelta, cuya furia es espoleada por el crimen y el terrorismo de Estado, la impunidad y la injusticia que priva en el país, la exclusión social. Ello explica que los descontentos desplazaran ágilmente su hostilidad hacia la figura del Ejecutivo federal, como representante del despotismo del sistema político, exigiendo su renuncia, la incivilidad del modelo económico neoliberal y la ideología y los valores darwinianos que lo sustentan.

Como en el mayo de 1968, que estremeció el andamiaje del capitalismo mundial, se invierte la ecuación. Los sueños del sistema eran nuestras pesadillas. Ahora “sus pesadillas son nuestros sueños”, como decía uno de los lemas de aquellos años agitados.

El miedo y la parálisis ante el temor de un presente y un futuro inciertos, ante el terrorismo y la violencia estatal, que habían servido de basamentos de la dominación y la imposición del autoritarismo mexicano, fueron sustituidos por la rabia popular.

Simbólicamente, el busto de Jesús Reyes Heroles arrojado al piso por los manifestantes en la sede veracruzana del partido gobernante, la cólera destructiva y otras variantes novedosas de la protesta social, representan el fin de la reforma política de 1977 impulsada por aquel ideólogo priísta, que cooptó, adocenó y envileció a la izquierda partidaria.

No hay metáfora: queda herido de muerte el sistema electoral, sumido desde hace tiempo en la crisis de legitimidad y credibilidad. Los ataques a las instalaciones de estos organismos, en especial las del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN), sintetizan el divorcio existente entre representantes y representados y el desprestigio de esos organismos como instrumentos de representación política.

Escribe Alejandro Nadal: “Los partidos políticos son tristes correas de transmisión del orden del capital y no ofrecen alternativas ni oposición democrática. Incluyo aquí a todos los partidos de las izquierdas institucionales que, por si fuera poco, hoy se han visto salpicadas por los crímenes de Ayotzinapa”.

El ministro de la corte Arturo Zaldívar se lamenta por el “panorama nacional aciago, en el que la zozobra y la desesperanza parecen ganar terreno”, donde a todos “cimbra la violencia desmedida”.

Pero Zaldívar guarda silencio sobre las causas de ese páramo sobrecogedor. Cierra los ojos para no ver a los responsables. Se tapa los oídos para no escuchar la pregunta incómoda: ¿qué ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como cabeza del Poder Judicial, para defender el orden constitucional, frenar los abusos de poder, proteger los derechos fundamentales y velar por la justicia, la cual es mezquinada por el propio Poder Judicial?

La tragedia y la protesta, con sus matices violentos, alrededor de los sucesos de Iguala, son consecuencia de la institucionalización del terrorismo de Estado y de la indolencia oficial ante los acontecimientos.

Significa el fracaso, el desinterés o el desprecio oficial por emplear la política como ejercicio del poder democrático, de negociación, de persuasión y consenso para resolver pacíficamente los conflictos sociales institucionalmente.

El peñismo se ha sesgado hacia la otra parte del núcleo esencial del poder: hacia el Estado como máquina de opresión. Olvidándose que Maquiavelo señalaba la importancia de la combinación de la coerción física y el asentimiento; de la crueldad y el apoyo del pueblo; de la ley y la fuerza. De la astucia y la fuerza.

En sus trabajos Sobre la violencia y Sobre la revolución, la politóloga alemana Hannah Arendt señaló que existen situaciones de injusticia flagrante en las que no hay lugar para la palabra, porque ésta se ha convertido en vehículo de la mentira y la hipocresía”, donde la única reacción racional imaginable es la de un acto violento movido por la rabia. Aun cuando “esos actos, en que los hombres toman la ley en sus manos en aras de la justicia, entran en conflicto con las constituciones de las comunidades civilizadas”. Es una violencia inspirada por un principio –la justicia, la dignidad– o desencadenada como una pasión. Esa acción violenta es racional en la medida en que resulte efectiva para alcanzar el fin que debe justificarla. “Sólo puede ser racional si persigue fines de corto plazo”. Es el único modo racional de cambiar algo en el mundo, de “restablecer la balanza de la justicia”. Es “el precio que debe pagar por [la] libertad”.

Según Maquiavelo, el éxito o el fracaso de los hombres depende, entre otros factores, de su talento y eficacia, de su virtud, de su prudencia, de su capacidad para prever los peligros, de adaptarse a las circunstancias. Los hombres “en todas sus acciones y sobre todo en las grandes, deben tener en cuenta los tiempos y acomodarse a ellos […] ya que la causa de la buena o mala fortuna reside en esa capacidad. Algunos actúan con ímpetu y otros con precaución […] tendrá la fortuna próspera quien sepa ajustar su proceder con el tiempo […] Pero no todos tienen este talento de amoldarse […] Un hombre que está acostumbrado a obrar de una manera, no cambia nunca y necesariamente fracasará cuando los tiempos no sean conformes con su modo de actuar”.

El príncipe, añade Maquiavelo, debe lograr el consenso popular, pues “quien tiene por enemiga a la colectividad, no puede asegurarse, y cuanta más crueldad usa, tanto más débil se vuelve su principado”.

El problema es que con su negligencia, sus respuestas tardías y erráticas, la ineptitud del Ejecutivo y la impericia de sus operadores (Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio, Murillo Karam), el peñismo perdió el control de los acontecimientos; los espacios de maniobra se les han reducido sensiblemente y, lo peor de todo, es que carece de respuestas adecuadas para tratar de enfrentar la crisis.

A un gobierno débil, con tentaciones autoritarias, le queda un recurso: la represión. Peña Nieto ya tocó la trompa de caza (dijo que el Estado está legítimamente facultado para usar la fuerza “cuando se ha agotado cualquier otro mecanismos para restablecer el orden […] que no lleguemos [al] extremo de tener que usar la fuerza pública”), y la jauría oficial, extraoficial y de los medios se alborotó inquieta, olisqueando la sangre todavía no derramada.

La violencia puede ser un medio para la dominación, dice Arendt, pero no puede ser nunca un medio a través del cual se instituye un poder legítimo: “la tiranía, como lo descubriera Montesquieu, es la forma de gobierno más violenta y menos poderosa”. La violencia se incrementa cuando el consenso disminuye; amenazado. “Donde uno gobierna en forma absoluta, el otro está ausente”.

¿Acaso el discurso del titular de la Secretaría de Marina, Vidal Francisco Soberón, ante los representantes de los tres poderes fue otra amenaza más, o ya se decidió en los círculos del poder hacer realidad las máximas de Maquiavelo: “a los hombres se los ha de mimar o aplastar porque […] un muerto no piensa en vengarse”? Aplicar la violencia “de una sola vez y de golpe, por la necesidad de asegurarse, y luego ya no se insiste más en ellas […] Hacer todas las ofensas de un golpe […] de una sola vez [para] que hagan menos daño” y, al no renovarlas, se tranquiliza a los ciudadanos y se les gana con favores. “Donde los castigos son grandes, grandes deben ser también los premios para que los hombres tengan los mismos motivos de temor y esperanza”.

Soberón condena los “actos mezquinos de quienes, enmascarados, en grupos minoritarios y el rostro encubierto, laceran nuestra nación”; y dice que recientemente se han enfrentado “duros acontecimientos que han afectado la integridad de la sociedad”, que “nos han lastimado profundamente como país”, lo que ha motivado al gobierno y las instituciones a garantizar la seguridad y la paz “con irrestricto apego a nuestras leyes”.

Sin embargo, Soberón no levantó la voz cuando, violando la Constitución, los militares salieron a las calles con el calderonismo. Ni con la estela de muertos, heridos, desaparecidos y violaciones de los derechos de la población que ha dejado la guerra y el terrorismo de Estado. No dice nada cuando los organismos de derechos humanos internacionales, que no son siervos del Estado mexicano, denuncian esas tropelías. Tampoco dijo nada cuando los militares asesinaron a sangre fría a 22 personas en Tlatlaya, inicialmente festejada por Peña Nieto. Ahora se desgarra amenazadoramente las vestiduras para defender a unas instituciones despóticas que con su violencia en contra de la población han provocado la respuesta airada de los ofendidos.

Pero qué otra cosa puede esperarse de los militares históricamente desprestigiados por su trabajo impúdico en los establos de Augías del poder. Su papel en 1968, 1971 o en la Guerra Sucia de las décadas de 1960 a 1980, que rememora al militarismo latinoamericano, ya había agotado su respeto social. El papel jugado por los militares en el caso Ayotzinapa, por acción u omisión, ha sido velado oficialmente.

La aureola patriótica de los militares, por su supuesta importancia para velar por la seguridad nacional, es una leyenda de los libros de texto, alimentada para oscurecer su parte tétrica. Como a la policía, una parte nada desdeñable de la población los considera como enemigos naturales a los que se les teme y se les odia, por su habilidad para detener arbitraria e abusivamente a inocentes, por tirar muertos en cualquier lugar.

Es evidente que no todos actúan de esa manera, pero como instituciones han sido manchadas.

Los gobiernos priísta-panistas los volvieron en guardias pretorianas, en contra de las mayorías, para salvaguardar el orden y la paz de los sepulcros requeridos por el autoritario sistema político, la incivilidad de la acumulación del capital y la seguridad nacional estadunidense.

Por su parte, el ahora extitular de la seguridad pública de la capital –agobiada por la delincuencia–, Jesús Rodríguez Almeida, cerraba el círculo de hierro represivo. El émulo de David Garay declaró: “Yo felicito a mi personal por el trabajo demostrado, por el gran valor, gallardía, responsabilidad y sobre todo [porque] restablecieron el orden público, le guste a quien le guste”. Rodríguez se diazordazó.

En mayo de 1996, Ernesto Zedillo cesó fulminantemente a Garay como jefe de la policía capitalina, luego de la salvaje represión aplicada contra los maestros a las afueras de la Secretaría de Gobernación. Después Garay fue rescatado por Peña Nieto, cuando era gobernador del Estado de México.

Ya desde el gobierno de Marcelo Ebrard, la “izquierda” capitalina prefirió sacrificar las máximas libertades por la represión selectiva y masiva, y sumarse al Estado represivo instalado en México.

La forma en que fueron detenidas las 11 personas durante la manifestación del 20 de noviembre en la capital, sin evidencias, arbitrariamente, las vejaciones sufridas, los delitos que se les fabricaron, o la bárbara e impune actuación de la policía local y federal, evidencian que ya se camina por el sendero de la violencia estatal.

La cuadratura política se descuadró y la posibilidad de un baño de sangre ya no resulta exagerada.

Marcos Chávez M*

*Economista

 

 

 

 

 Contralínea 416 / del 14 al 20 de Diciembre 2014