No paran los ataques, censuras y asaltos a periodistas, sobre todo a los que en su calidad de reporteros informan y critican. Penetran en sus domicilios particulares y de sus medios de comunicación, casi siempre editoras de periódicos. Funcionarios federales, municipales y de los 31 estados como del Gobierno del Distrito Federal, todos a una, como terroristas a cobijo de los poderes públicos –sin descartar esa misma barbarie por parte de empresarios en todas sus modalidades–, insisten, una y otra vez, en someter, e incluso desaparecer, a editores, periodistas y críticos que sustentan su información en la veracidad de los hechos, y donde flotan los actos y omisiones de las conductas de todos esos individuos, que usan y abusan de sus cargos obtenidos en dudosas elecciones (diputados y senadores); o por designación en las administraciones públicas de los tres órdenes de gobierno, a la par de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial estatal y federal.

Para Enrique Peña sólo existe Televisa, el entrevistador Jacobo Zabludovsky, quien sigue siendo el mismo desinformador forjado en Televisa, o su –de hecho– jefe de prensa José Carreño Carlón, quien ha hundido hasta el fondo del servilismo al Fondo de (in)Cultura Económica. Y ni la Secretaría de Gobernación, ni su Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ni mucho menos la Presidencia de la República, siquiera de labios para afuera, al menos mencionan que la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, y la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura establecidas en nuestro país, han reprobado la violación a los derechos humanos de quienes se dedican a trabajar en la prensa.

Todos los desgobernadores, puesto que no hay uno que sea la excepción, si no pueden llegar al precio de los periodistas por su resistencia a dejarse comprar (aunque en este caso sí hay excepciones), se dedican a intimidarlos, censurarlos, agredirlos y hasta mandar asesinarlos. Tenemos el caso de Karla Janeth Silva Guerrero, reportera de El Heraldo de Guanajuato, cuya fuente es la presidencia municipal de Silao y como tal, ha estado informando sobre los abusos y mal gobierno del presidente municipal, Enrique Benjamín Solís Arzola. Una fotografía de la reportera gráfica Xóchitl Álvarez (El Universal, 11 de septiembre de 2014) y su nota, muestran a la periodista guanajuatense con los golpes que le propinaron los tres sujetos que entraron al lugar donde trabaja, y la embistieron gritando frases como: “¡Esto es para que le bajes de huevos a tus notas!” O ¡“sigue publicando tus pendejadas!”

La salvaje agresión fue ordenada por el presidente municipal Solís Arzola, el director de Comunicación Social, José Cruz Oliva, y su jefe policiaco; y los golpes que recibió le han provocado un edema cerebral. Envalentonado el presidente municipal ha defendido al delincuente que ejerce como jefe de policía, insistiendo en que no le ordenó a su pistolero y éste a sus delincuentes-policías, que entraran a las oficinas del periódico y golpearan a la reportera. El tal Solís Arzola tiene a su pandilla de golpeadores, con los que tiene sometida a la población. Y aún sigue siendo presidente municipal, cuando al menos debería estar preventivamente detenido y declarando ante el ministerio público, junto con sus delincuentes uniformados de funcionarios policiacos. Enterada de la agresión contra Karla Silva, la población de Silao, Guanajuato, ha tomado las calles coreando: “¡Solís Arzola, Karla no está sola!” Al frente de esa manifestación estaban los periodistas de Silao y de todo Guanajuato, demandando enjuiciamiento político contra el abusivo alcalde, además de juicio penal junto con sus cómplices.

La periodista Lydia Cacho, en su trabajo semanal (El Universal, 8 de septiembre de 2014), recién exhibía al desgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, quien en la entidad ha establecido “una política tiránica basada en el hostigamiento, persecución y silenciamiento de cualquier crítica, disenso o denuncia por actos de corrupción o discriminación […]. El 10 de agosto ordenó el encarcelamiento del periodista y activista maya Pedro Canché”; en otra entrega del Defensor del Periodista me ocuparé de esta publicación.

Y es que a la sombra del abuso del poder protegido por el golpe de Estado militar, sobre el que a la fecha no nos han avisado pero han implantado desde 1968, llevado hasta las últimas consecuencias por Felipe Calderón con sus 100 mil homicidios (2006-2012), y continuado con los abusos del Estado Mayor Presidencial que usó la Plaza de la Constitución como estacionamiento, los desgobernadores y presidentes municipales de las 31 entidades y el Distrito Federal tienen como objetivo someter al periodismo crítico, como el que ejerce la reportera de Silao, agredida salvajemente para que no informe sobre los actos y abusos de los funcionarios.

Los periodistas mexicanos que cumplen con su deber democrático y republicano de ejercer sus derechos de informar y criticar hasta sus últimas consecuencias siguen siendo blanco de funcionarios federales, municipales y desgobernadores, en el contexto de que el militarismo está suspendiendo de facto los derechos y sus garantías. Karla Janeth Silva Guerrero, ahora, es víctima de eso.

Álvaro Cepeda Neri*

*Periodista

 

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Contralínea 407 / del 12 al 18 de Octubre 2014