La distribución del agua en Perú es como la de la riqueza en el país –y, en general, en América Latina–, desigual. Al problema se suma la escasa infraestructura hidráulica, la falta de conocimiento gubernamental de la disposición real del líquido y la disputa que las comunidades libran con mineras y empresas agrícolas

Milagros Salazar/IPS

Lima, Perú. A Perú le urge ejecutar su Plan Nacional de Recursos Hídricos para gestionar el uso del agua en las próximas 2 décadas, a fin de afrontar los efectos del cambio climático y los conflictos socioambientales que se generan por el recurso. Pero la aprobación del proyecto existente se demora entre cambios políticos y falta de información.

Rodeado de papeles y gráficos de mapas, el ingeniero Humberto Cruz, de la gubernamental Autoridad Nacional del Agua (ANA), asegura a Inter Press Service (IPS) que el país necesita llevar a cabo cuanto antes el Plan que ayude a mejorar la distribución desigual del agua y su uso ineficiente en el país.

Desde hace más de 1 año, Cruz y otros técnicos de la ANA trabajaron en la elaboración de este Plan, que el presidente Ollanta Humala anunció que presentaría en marzo. Sin embargo, la aprobación definitiva del proyecto no ha sucedido, pese a que el mandatario ha resaltado la importancia de reconocer el acceso al agua como un derecho fundamental.

La situación del agua no resulta alentadora aunque hay algunos esfuerzos que se vienen poniendo en marcha, aseguran a IPS los técnicos de la ANA, el ente rector del sistema nacional de gestión de los recursos hídricos.

 “Hay información muy genérica sobre las cuencas hidrográficas de la sierra y la Amazonia […]. Lo que he encontrado son datos interpolados con un margen de error muy alto”, asegura Cruz.

El experto señala que ese margen de error puede ser de 20 por ciento hacia arriba o hacia abajo, lo que genera que se tenga una imagen distorsionada de la situación del agua y que no se tomen decisiones adecuadas sobre el acceso a los recursos hídricos.

No se cuenta con información confiable de la cantidad de agua de 119 de las 159 cuencas de donde nacen los ríos que abastecen a la población y a las diversas actividades productivas en el país, como la minería y los hidrocarburos, en los Andes y la Amazonia.

Las 119 cuencas –con información poco confiable– representan el 75 por ciento del número total de cuencas, y más del 95 por ciento del volumen de agua disponible para los peruanos. Y esto sucede principalmente en las zonas donde se concentran los conflictos sociales sobre el agua.

 “Por falta de información eficaz, las decisiones del Estado en torno a las actividades productivas en el interior del país pueden afectar a las comunidades que dependen del agua, sobre todo en las partes altas de las cuencas”, asegura a IPS el ingeniero ambiental Pavel Aquino, quien ha trabajado viendo estos casos en la ANA y el Ministerio de Energía y Minas.

Aquino explica que, debido a estos problemas, las poblaciones rurales pueden migrar a las zonas urbanas, y esto, a su vez, generar una mayor demanda de agua en las ciudades de la costa, donde los recursos hídricos son más escasos.

 “Existe una desigualdad en la distribución territorial del agua en el país. El resultado es que el 70 por ciento de la población que vive en la vertiente del [Océano] Pacífico recibe 1.8 por ciento del agua, por acción de la naturaleza”, asegura en un texto académico Ismael Muñoz, economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Muñoz señala además que “al ser el uso del agua principalmente agrícola, hasta en un 80 por ciento con respecto a los otros usos, el Estado ha priorizado la inversión hidráulica a favor de la costa, acrecentando la desigualdad regional con respecto a la sierra y la selva”.

El problema adicional, según Aquino, es que un “alto porcentaje de error en el registro de la oferta hídrica (cantidad de agua) de la cuenca” conduce a que si se registra más cantidad de agua de la que verdaderamente hay, se esté atendiendo la demanda de la población y se invierta menos dinero en los proyectos de infraestructura para abastecer de agua a los pobladores (reservorios, represas, trasvases, proyectos de irrigación).

En tanto, si se registra menos agua de la que hay, quizás pueda estar invirtiéndose más dinero de lo necesario en los proyectos de infraestructura hidráulica, apunta el ingeniero.

Sólo se cuenta con datos históricos y confiables de los principales ríos de la costa. En el caso de los ríos de la Amazonía y de los Andes, el registro de información no es constante en los últimos 10 años ni tampoco existe una amplia cobertura, aseguran los técnicos de la ANA.

Hay un déficit de estaciones hidrológicas para monitorear los ríos. En Perú existen 1 mil 832 estaciones meteorológicas e hidrológicas, de las cuales apenas 864 estaban operativas hasta marzo, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). De ese universo de equipos, sólo 142 miden el caudal del agua.

El Senamhi es el encargado de registrar la información hidrológica y entregarla a las instituciones involucradas, como la ANA, pero deficiencias presupuestarias le impiden instalar las estaciones necesarias. Por ello, la ANA y el Ministerio del Ambiente están impulsando la instalación de nuevas estaciones en cuencas piloto.

Según técnicos del Senamhi consultados por IPS, hay cuencas que no tienen ni una sola estación, lo que obliga a que se interpolen los datos tomando en cuenta la información de las cuencas más cercanas.

Los expertos de la ANA puntualizan a IPS que se necesita una base de datos histórica de al menos 10 años para que los resultados del monitoreo sean confiables.

La versión preliminar del Plan Nacional de Recursos Hídricos incluye un diagnóstico de la calidad y cantidad de agua que existen en las cuencas a partir de esta información insuficiente.

En la Oficina de Comunicaciones de la ANA informan a IPS que el proyecto se encuentra en una nueva evaluación debido al cambio en abril en su dirección. El nuevo jefe, Juan Carlos Sevilla, no se ha pronunciado públicamente sobre el plan que ya estaba listo a su llegada.

Josefa Rojas, coordinadora de los proyectos de adaptación al cambio climático del Ministerio del Ambiente, dice a IPS que la evaluación preliminar que se ha realizado ya es un avance y que “no podemos esperar a tener toda la información. Es hora de acumular datos verificados para prever lo que pasará con el agua que necesitamos para vivir”.

El Ministerio ha priorizado la recogida de información detallada de 30 cuencas de alta montaña, debido a la reducción acelerada de los glaciares que son fuentes de agua de los ríos.

Más allá de que el Plan se encuentre en espera, la ANA consiguió que el Ministerio de Economía y Finanzas les transfiera cerca de 4 millones de dólares, de 12.5 millones de dólares solicitados para hacer balances hídricos que les permita saber la cantidad de agua de 12 cuencas con alta conflictividad.

La ANA también impulsa actualmente la creación de consejos de recursos hídricos para elaborar nuevos estudios hidrológicos y mejorar la gestión de las cuencas en coordinación con las autoridades regionales y locales, los pobladores y las empresas. El reto es grande.

 

 

 Contralínea 392 / 29 de Junio al 05 de Julio