Todavía no concluye la polémica acerca de si estamos o no en recesión, en la que tuvo que intervenir el mismo Enrique Peña Nieto. Y es que nuevamente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía da una cifra intranquilizadora: el desempleo llegó a 2.5 millones de personas, 52 mil más que hace 1 año; se desatan movilizaciones sociales diversas; un grupo importante de líderes se rebela contra posiciones oficiales; y hay reclamos internacionales por el descuido gubernamental a los derechos humanos.
Vayamos por partes.
En Tamaulipas hubo manifestaciones. La más nutrida en Tampico, y menos numerosas en otras localidades. El reclamo fue uno: es necesario frenar a la delincuencia que impide las formas más elementales de convivencia, cobra derechos de piso y de vida, y se burla de las autoridades, en especial del gobernador Egidio Torre Cantú.
Según algunos medios impresos, algunos miles de personas salieron a las calles, pero en las redes sociales así como en diarios, especialmente La Jornada (12 de mayo), los reclamantes eran una inmensidad. Frente a ello, las autoridades y hasta Los Zetas se tuvieron que replegar. Y es que no podían aceptar que la paciencia se acabó.
Por si algo faltara, fue detenido el jefe de escoltas de Egidio, Juan Manuel López, quien es acusado de haber asesinado al entonces jefe de la inteligencia gubernamental de esa entidad, Salvador Haro.
Pero no ha sido todo. Misteriosamente el secretario particular del titular de Finanzas, Ramiro Higuera, recibió un balazo en la cabeza.
Estamos, pues, ante una serie de hechos delictuosos por todos lados. Ya no es simplemente la población que reclama, correctamente, que la gente no tiene guardaespaldas ni protección. El asunto es tan grave que los crímenes y la desprotección en los primeros círculos es casi total. Y los hampones están en las altas esferas gubernamentales.
Ante dicho panorama, tuvo que desplazarse el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a Tamaulipas, mejor conocida como Mataulipas. El objetivo: llevar operadores que puedan hacer un trabajo más o menos decente para tranquilizar a los ciudadanos. Ahora, según reportes, no se tratará de un comisionado, sino de cuatro, al menos, los cuales puedan actuar en diferentes lugares para calmar las aguas.
Esto puede ser, incluso, contraproducente, ya que sabemos que, cuando dos o más tienen mando, siempre hay desorden y pleito por los protagonismos. Pero en fin, ojalá, por la salud del estado, todo mejore en lugar de empeorar.
En Morelos, el asesinato del profesor-investigador de la Universidad Autónoma de aquel estado, Alejandro Chao Barona y de su esposa, Sara Rebolledo, hizo que se realizara una manifestación el lunes 5 de mayo de muy amplias proporciones. Ya antes otra de buen tamaño la había encabezado Javier Sicilia. Éste afirma que Graco Ramírez miente.
Nuevamente se mostró la ineptitud del gobernador y su secretario general, Jorge Messeguer. Ambos trataron primero de evitar la marcha y luego, para que no saliera el contingente, intimidaron al rector Alejandro Vera Jiménez. Los funcionarios, lejos de lograr sus objetivos, hicieron que los universitarios y ciudadanos se indignaran más. Y es que en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos han ocurrido secuestros de estudiantes, balaceras contra guardias y hasta la muerte de uno de éstos: Jesús García Gutiérrez. En todos los casos, las investigaciones llevadas a cabo dejan mucho que desear.
Según el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, hay tres entidades que son consideradas focos rojos: Tamaulipas, Morelos y Michoacán (Proceso, 1958). Por lo tanto, es obvio el gran descontento existente ante la falta de autoridad de Graco, en el caso de Morelos, para resolver problemas, y la necesidad de que el gobierno federal intervenga para que ponga orden (todavía ausente) en el resto de las entidades. Hay, por cierto, un grupo delictivo morelense llamado Los Pelones que ha amenazado de muerte a los 71 consejeros universitarios. No hacer nada en el ámbito federal es jugar con la vida de muchachos y profesores.
Sabemos que José Manuel Mireles fue destituido como vocero de las autodefensas de Michoacán. Pero esto, lejos de ser un triunfo para el comisionado Alfredo Castillo, ha resultado un movimiento en contra de la autoridad federal. Ello porque un grupo importante se denomina “Todos somos autodefensas” (Sin Embargo, 13 de mayo). Los integrantes son el padre Alejandro Solalinde, apoyo fundamental de los migrantes; una de las líderes de Salvemos Tamaulipas, Tania Vázquez; Jaime Rodríguez, el Bronco, de Garza García, Nuevo León; el empresario Ramón Alejandro Vaca; el defensor de chicanos, José Jacques y Medina; el general creador del ombudsman militar, José Francisco Gallardo; y el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Antonio Negrete, entre otros. La cereza en el pastel la puso Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, quien señaló: “México es muy propositivo en foros internacionales, pero carece de medidas para evitar la impunidad existente contra periodistas, defensores de derechos humanos, migrantes y mujeres”. Y anotó que la inseguridad en nuestra patria es mayor al 80 por ciento, debido a que prevalece la tortura y la falta de castigo a los responsables de ilícitos.
Cuatro asuntos que deben preocupar seriamente al gobierno federal, el cual no sale de sus broncas económicas cuando le saltan varias liebres.
Posdata: En Sinaloa hay movimientos por el asesinato de Sandra Luz Hernández, cuyo hijo, Édgar García Hernández, quien trabajaba en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, fue desaparecido el 12 de febrero de 2012 y no se había hecho nada para localizarlo.
*Periodista
Contralínea 387 / 25 de Mayo al 01 de Junio
