El país es un hervidero de problemas. Uno de ellos es la otra cara de la paralización de la economía víctima de la recesión, el desempleo, salarios de hambre y empobrecimiento masivo. Así como la violencia sangrienta (en 15 meses el peñismo lleva más de 15 mil homicidios, a causa de que todos los estados padecen la expansión de Michoacán), los secuestros, desapariciones y feminicidios que incluyen violaciones sexuales y el terror colectivo, que han perturbado la paz pública para que los mexicanos sobrevivamos en lo que cada vez es más la guerra de todos contra todos. Y esto es un paso al golpismo militar o la explosión del volcán social que se anuncia en más y más manifestaciones de protesta; demandas para que los malos gobernantes cumplan con sus obligaciones; revueltas en una atmósfera de anarquismo y justicia por propia mano ante la incapacidad de las instituciones judiciales y administrativas que se han corrompido.
Hay síntomas para el estallido de una revolución, cuyo sustento legal y legítimo es el Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, objeto más de reformas centralistas con fines para el despojo, que de reformas democráticas y republicanas afianzando los principios fundamentales de la propia Constitución, como exige el Artículo 126 que condiciona y le pone límites al Artículo 135 a cuyo clavo ardiendo se aferra el peñismo con su neoliberalismo económico, provocando a la nación para que ésta, constituida por sus mayorías (trabajadores, campesinos, indígenas) que no se benefician con esas “reformas estructurales” estén acumulando odio contra los funcionarios, empezando por el “señor presidente” y siguiendo con los 31 desgobernadores y el nefasto jefe de gobierno de la capital del país.
Si han aumentado las delincuencias es porque en los poderes del Estado están otros delincuentes con las ventajas de la impunidad y la protección. No solamente hay Chapos y Chayos en el narcotráfico. También los hay en el sistema judicial federal y de las entidades. También los hay en las administraciones públicas y en las empresas privadas. Los Granier, los Moreira, los Javier Duarte, los Yarrington, los Padrés Elías, las Elba Esther Gordillo tienen sus iguales y hasta peores en los Yáñez Osuna, los Gastón Azcárraga, los banqueros que roban en sus bancos a los usuarios, etcétera. Unos y otros tienen a los mexicanos con su bota al cuello. No menos de 100 millones de connacionales ya no aguantan la violencia de esas delincuencias y están a punto de hacer estallar su contraviolencia social, para deshacerse de sus malos gobernantes.
Hay condiciones suficientes para un levantamiento. Todos los días, hasta las más manipuladas informaciones en televisión, radio y prensa escrita, que de viva voz y por escrito comunican los reporteros y analizan, critican y profundizan los demás del gremio periodístico (columnistas, cronistas, editorialistas, mujeres y hombres en los diarios, los noticieros orales y audiovisuales), dan a conocer la dramática realidad nacional: el país se ha michoacanizado.
Pues bien, a esos periodistas que sobreviven y cumplen con su tarea y deber en el contexto de violencia sangrienta, funcionarios y delincuentes, desgobernadores-delincuentes, empresarios-delincuentes, presidentes municipales-delincuentes los agreden, los amenazan, los desaparecen y los asesinan.
El informe de la organización no gubernamental Artículo 19, titulado Disentir en silencio: violencia contra la prensa y criminalización de la protesta, México 2013, es más que un “yo acuso” contra el foxismo, el calderonismo y el peñismo. Es de destacarse que la oficina de esta organización extrañamente fue asaltada, obviamente por delincuentes-funcionarios y/o delincuentes-empresarios o delincuentes contratados para el robo de documentación valiosa. Van 13 años durante los cuales han sido asesinados 70 comunicadores. Y el director de Artículo 19, Darío Ramírez, dijo en la Plaza de la Constitución que 2013 ha sido el año más violento contra la prensa: cuatro homicidios, una desaparición, siete secuestros y 49 amenazas. Y desde 2007, las entidades con más agresiones contra periodistas son: Distrito Federal, Chiapas, Veracruz, Tlaxcala, Zacatecas, Guerrero, Baja California y Sonora. El informe fue presentado el martes 18 de marzo, todavía día de la expropiación petrolera, de cuando en 1938, un presidente republicano y demócrata rescató el patrimonio petrolero para la nación, y que ahora, con las contrarreformas a los Artículos 25, 27 y 28 constitucionales, se intenta implantar la contraexpropiación, que plantea la alternativa: con Cárdenas o con Peña. Así 2013 ha sido el año más violento contra la prensa desde 2007. ¡El Año más violento! Es el primer año de Enrique Peña Nieto. Es el primer año de Miguel Ángel Mancera.
Es un informe dramáticamente trágico de violencia generalizada. Y es que tenemos un presente con violencia política, violencia militar, violencia policiaca, violencia criminal. Y se viven síntomas de ingobernabilidad por gobernantes fallidos y gobernantes-delincuentes. En ese contexto, la nación sobrevive en el miedo, y con ella sus periodistas, y de entre éstos particularmente los reporteros. De labios para fuera, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República ofrecen protección. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también. Las tres instituciones han fallado. ¿Por negligencia? O es un pacto delincuencial…
*Periodista
Contralínea 381 del 14 al 20 de abril de 2014
