El líder de la única oposición real al gobierno priista ha vuelto a marcar el rumbo político en las decisiones del país. La semana pasada Andrés Manuel López Obrador, máximo dirigente de Morena, calificó como “robo del siglo” la pretendida reforma energética que promueve el presidente Enrique Peña Nieto, por lo que le hizo un llamado para que cancele su presentación prevista para esta semana.

 

El gobierno federal había anunciado que dicha reforma iba a ser presentada al Congreso desde la semana pasada, pero los nerviosos políticos de Los Pinos decidieron detenerla unos días hasta conocer las acciones y opiniones que Morena y su líder López Obrador anunciarían, como es la movilización pacífica a que han convocado para el 8 de septiembre en el Zócalo de la capital del país.

 

En estos últimos días los encargados de la reforma, encabezados por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, han modificado la propuesta en varias ocasiones, que va desde reformar el artículo 27 constitucional para permitir la participación abierta del sector privado nacional y extranjero en la exploración y producción de petróleo y gas mediante contratos de riesgo, hasta el agregado de algunas cláusulas que sólo permitirían la contratación de empresas extranjeras mediante acuerdos para pagarles sus servicios con materias primas, lo cual en realidad significaría lo mismo.

 

En la Presidencia de la República saben que cualquier cosa que incluyan en su propuesta de reforma energética que pretenda modificar la Constitución, será rechazado en fuertes movilizaciones por el único líder de la izquierda Andrés Manuel López Obrador, quien ha vuelto así en este nuevo gobierno priista a marcar el rumbo político del país.

 

“Recomiendo respetuosamente a Peña que lo piense bien. Su intención de reformar el artículo 27 constitucional para privatizar el petróleo lo hará pasar a la historia como un émulo del dictador Antonio López de Santa Anna, porque de ese tamaño es la traición a México”, acusó y advirtió: “Estaré muy al pendiente de lo que quieren hacer esos rufianes con el país. Es una mentira lo que dijo el secretario de Energía del gobierno peñista, Pedro Joaquín Coldwell, de que Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa quebrada, aunque a los inversionistas extranjeros les dicen otras cosas. Basta señalar que todas las empresas calificadoras, las más famosas del mundo financiero, tienen a Pemex como una de las empresas más rentables del mundo”.

 

Y ya que hablamos de intentos modificatorios constitucionales, cualquier cambio debería empezar por el despido del líder petrolero Eduardo Romero Deschamps, quien ante sus evidentes excesos y corruptelas, Peña Nieto debería tomar la decisión de alejar de Pemex al ahora senador priista y permitir que esa empresa deje de entregar miles de millones a los líderes petroleros corruptos que se han enriquecido ilícitamente con el dinero del petróleo mexicano. Personas cercanas a Romero comentan que este “líder charro” está listo para abandonar las filas sindicales en cuanto el presidente se lo solicite. ¿Qué esperan?

 

 

Uno de los cambios previos a la reforma petrolera y del sector de energía que busca lograr el director general de la paraestatal, Emilio Lozoya Austin, es la transformación del esquema de pensiones de la empresa del Estado. Son dos los fideicomisos que, hasta ahora, tendrían que haberse utilizado para acumular los recursos necesarios para el retiro de los trabajadores de Pemex.

 

Sin embargo, el Fideicomiso de Cobertura Laboral y de Vivienda (Ficolavi) y el Fondo Laboral de Petróleos Mexicanos (Folape) lejos de concentrar grandes montos para invertirlos en el largo plazo, durante el gobierno del panista Felipe Calderón se utilizaron como fideicomisos con un manejo revolvente, lo que ha complicado ahora la creación de reservas actuariales que sirvan para generar rendimientos y ayuden al fondeo de esta obligación. Esto debe ser investigado por el Congreso y por los órganos de control y vigilancia del gobierno, pues sin duda que de allí se desviaron recursos para satisfacer los apetitos corruptos de la administración anterior.

 

En los reportes a la Comisión de Valores de Estados Unidos  (SEC), Pemex reconoce un pasivo por concepto laboral y pensiones superior a los 110 mil millones de dólares que, prácticamente, sigue sin fondearse. Un cambio en el sistema de pensiones de los trabajadores de la paraestatal es impostergable, no porque en algún momento la empresa tenga que hacer frente a esa obligación y declararse simplemente en quiebra, sino porque la urgencia está relacionada con la sustentabilidad de las propias pensiones.

 

Como está diseñado el esquema para el retiro de los trabajadores petroleros, su pasivo laboral es una deuda del gobierno federal que deberá responder por ella, y este pasivo sigue aumentando. Sin embargo, los trabajadores petroleros tienen el registro de aportaciones en estos dos fondos cuyo destino deberá clarificar la actual administración de Pemex.

 

Por ejemplo, la Unión Nacional de Petroleros Jubilados de Confianza envío al consejo directivo de Pemex una carta en la que le solicita información sobre la situación del Ficolavi, un fideicomiso que se constituyó en 1989 en Bancomer, hoy BBVA. El propósito de ese fondo fue sustentar financieramente el pago de pensiones de todo personal jubilado y por jubilarse.

 

En 1989 se informó que el monto inicial del fideicomiso era de 272 mil millones de pesos. Los trabajadores jubilados de confianza de Pemex solicitan ahora información al consejo directivo sobre los movimientos que se realizaron con estos recursos, pues hay la duda sobre un fuerte desvío por miles de millones de pesos de parte del gobierno calderonista durante la administración anterior.

 

La Unión Nacional de Petroleros Jubilados de Confianza de Pemex refiere que, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, se reportan movimientos con los fondos del Ficolavi que podrían involucrar transferencias de recursos a la nómina del personal activo.

 

Hasta diciembre pasado, refieren los jubilados, la disponibilidad del fondo sólo era de 64 mil 966.2 millones de pesos. También se preguntan sobre las causas de la falta de crecimiento del fondo y sobre los rendimientos de los fondos invertidos en otras actividades financieras.

 

Los trabajadores jubilados presumen que desde 1989 las diferentes administraciones de Pemex no han manejado debidamente los recursos financieros de estos fideicomisos, además de que el destino de las aportaciones así como los rendimientos que deberían haberse generado – derivados de la inversión – no están acordes con las expectativas contempladas en la constitución del fideicomiso, con lo que se habría incumplido el contrato.

 

Advierten sobre un plan para extinguir este fideicomiso que no ha sido notificado a los trabajadores. Resulta que en el informe de rendición de cuentas de la Secretaría de la Función Pública (2000-2006) se reporta que hace falta la autorización para concluir con el proceso de extinción del Ficolavi, liquidación que sólo podría presentarse si Pemex desapareciera. El saldo de este fondo debería ubicarse en 2 mil 944 millones 751 mil 222.84 pesos, tomando en cuenta rendimientos y nuevas aportaciones.

 

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó en 2010 que la administración del Ficolavi, que también se utiliza para créditos a la vivienda, ha incurrido en gastos excesivos de administración para la recuperación de cartera.

 

Hasta 2010, según la ASF, el Ficolavi reportó una cartera de extrabajadores a cargo de la fiduciaria, por 16 mil 676.2 millones de pesos, y de las gestiones realizadas para la recuperación de la cartera la entidad fiscalizada informó que 69 créditos cuentan con un convenio de regularización de adeudo. Asimismo, se verificó que sólo 11 (15.9%) de 69 acreditados efectuaron pagos durante 2010, por 479.7 miles de pesos.

 

Los estados financieros dictaminados en 2010 reportan gastos de administración, por 6.6 millones de pesos, entre los cuales la fiduciaria invirtió, sin incluir sus honorarios, recursos financieros para la recuperación de la cartera por 3.1 millones de pesos.

 

La ASF recomendó a Pemex que mediante su Dirección General y su Consejo de Administración analicen la situación de riesgo institucional que prevalece al carecer de una reserva laboral suficiente para cubrir en el futuro las obligaciones contraídas con sus trabajadores y determine posibles cursos de acción con el fin de proyectar la necesidad de obtener recursos en razón de lo establecido en el contrato del fideicomiso.

 

La única salida que observó entonces la ASF era que Pemex solicitara

recursos presupuestarios para conformar de manera programada una reserva actuarial que fortalezca a Pemex.

 

Además, Pemex debía reforzar las medidas de control y supervisión, a fin de que cada departamento de personal identifique con oportunidad la falta de asistencia de pensionados y remita el registro correspondiente al Programa de Supervivencia para su concentración, con objeto de mantener actualizada la información sobre la supervivencia y en caso de no contar con el registro de algún pensionado, suspenda su pago hasta que se agoten las medidas de comprobación.

 

 

Ahora, la propuesta de Pemex es migrar los fondos para el pago de pensiones a un esquema de capitalización que a través de cuentas individuales como las del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) permitirían a cada trabajador de la paraestatal constituir su propio fondo en donde aportarán recursos para su ahorro, mientras la propia paraestatal y el gobierno federal lo complementarán.

 

De esta forma, Pemex y su administración ya no serán responsables únicos del pago de las pensiones para más de 125 mil empleados de planta y 45 mil transitorios.

 

También las pensiones post mortem ya no serían vitalicias para las viudas y se fijará un plazo perentorio – que se calcula en tres años – para suprimir el servicio médico. En este momento, los trabajadores jubilados de Pemex denuncian, por ejemplo, que en las clínicas y farmacias de la paraestatal ya se reporta escasez de medicamentos y que ahora los pensionados deben comprar sus medicinas y luego buscar el reembolso que puede tomar varios meses.

 

Para los trabajadores transitorios, además, ya no se acumularía antigüedad para computar sus años de servicio, y sólo se tomará en cuenta su permanencia en la paraestatal una vez que cuenten con planta. El ingreso a cuentas individuales se daría en automático.

 

Los trabajadores de nuevo ingreso ya no tendrían servicio médico de Pemex y se incorporarían al ISSSTE. Los trabajadores petroleros jubilados continuarían con el esquema anterior pero la actualización de sus pensiones ya no sería conforme al incremento salarial que se otorgue al personal en activo. La actualización dependería de la inflación estimada por el Banco de México. Hasta ahora, sin embargo, la dirección de Pemex no ha dado a conocer su propuesta para el nuevo esquema de pensiones que ya fue presentada al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) que encabeza Carlos Romero Deschamps.

 

 

Trabajadores petroleros agrupados en el Comité de Estudios de la Energía alertan que la venta del 60 por ciento del complejo petroquímico Pajaritos (propiedad de la paraestatal Pemex) a la empresa Mexichem, derivará en la pérdida de alrededor del 50 por ciento de las plazas laborales (esto es que más de 1 mil trabajadores quedarían en la calle). No obstante, Pemex ha anunciado que al ceder la operación del complejo no será despedido ni un solo trabajador.

 

De acuerdo con declaraciones del ingeniero Mario Galicia, la transacción se dio como uno de los primeros pasos de la privatización de la industria. Refiere que la cadena de valor en la petroquímica es muy alta: mientras que la extracción de un barril de crudo genera un empleo, el proceso petroquímico de ese mismo barril deriva en 60 plazas.

 

Sobresale que para la venta de dicho complejo petroquímico la paraestatal recurrió al Grupo PMI, el esquema de empresas “privadas” operadas por PMI Comercio Internacional en el extranjero, sobre todo en paraísos fiscales. Y es que por medio de la filial “privada” PMI Holding, BV, constituyó una sociedad con Mexichem: mientras Pemex posee de manera triangulada el 40 por ciento de la empresa PPQ Cadena Productiva, Mexichem controla el 60.

 

PPQ Cadena Productiva es ya, formalmente, la dueña del complejo petroquímico Pajaritos –ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz–, y las decisiones son tomadas desde la semana pasada por Mexichem, la empresa que dirige el exbanquero Antonio del Valle Ruiz.

 

La entrega, sin embargo, no ha sido tersa al interior de la petrolera. El pasado 10 de agosto, un nutrido grupo de trabajadores marcharon unos 7 kilómetros –desde la entrada del complejo hasta la ciudad de Coatzacoalcos– para exigir transparencia, así como respeto a las más de 2 mil plazas laborales. También lanzaron consignas en contra de la privatización de la empresa paraestatal.

 

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