El gobierno de Daniel Ortega abre la puerta como ningún otro país del continente al gigante asiático: China. Un nuevo canal interoceánico, construido ciento por ciento con capital chino, competirá fuertemente con el Canal de Panamá. La negociación ha proyectado un crecimiento descomunal en el PIB de Nicaragua: del ciento por ciento para 2018. Sin embargo, los costos también son altos: los inversionistas tendrán control total del canal por 100 años y los perjuicios al medio ambiente son incuantificables. Las oposiciones de derecha y de izquierda tildan al gobierno de “vende patrias”
José Adán Silva/IPS
Managua, Nicaragua. Cinco siglos de espera podrían llegar a su fin a partir de este año, cuando el gobierno de Nicaragua otorgue en concesión a una empresa de capital chino la construcción de un canal interoceánico que, entre protestas locales y escepticismo internacional, avanza con rapidez.
El pasado jueves 13 de junio, la unicameral Asamblea Nacional Legislativa aprobó de forma urgente una polémica ley que allana el camino para que el año próximo comience la construcción de la nueva conexión entre los océanos Pacífico y Atlántico y se entregue en concesión hasta por 100 años a un consorcio chino.
La empresa HK Nicaragua Canal Development Investment, Co Limited (conocida como HKND Group), fue elegida por el gobierno del izquierdista presidente Daniel Ortega para ejecutar la construcción de la gigantesca vía comercial, a un costo estimado de más de 40 mil millones de dólares.
Diversos sectores nicaragüenses demandan mayor transparencia en el proceso de concesión, que haría realidad un proyecto presente en la historia de Nicaragua desde la llegada de los conquistadores españoles.
Una de las mayores críticas es que el Estado de Nicaragua concedería los derechos totales de la obra por 50 años, prorrogables a otros 50, a una empresa creada en octubre de 2012 en Hong Kong e inscrita ese mismo año en el paraíso fiscal de Islas Gran Caimán.
En la constitución de la empresa aparece como principal socio Wang Jing, un inversionista de la República Popular de China que en 2012 firmó un contrato de inversión en telecomunicaciones con Nicaragua, que lleva al menos 4 meses de retraso.
La construcción se estima que durará 10 años y su inicio está previsto para mayo de 2014. Los estudios de factibilidad no están listos, pero según versiones del gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ya han sido encargados a una compañía con sede en Londres, Inglaterra.
El primer paso legal se dio en julio de 2012, cuando a iniciativa de Ortega el parlamento aprobó la Ley de Construcción del Canal Interoceánico, como una empresa de carácter público-privada.
En ella, el Estado tendrá 51 por ciento de las acciones y el restante 49 por ciento estará en manos de inversionistas, que podrán ser países, organismos internacionales o personas naturales o jurídicas.
El HK Nicaragua proyecta construir una vía de al menos 190 kilómetros en tierra y 80 kilómetros a través del lago Cocibolca, con un ancho de no menos de 150 metros para barcos de gran calado.
El proyecto cuenta con el apoyo firme del gobierno de Ortega, quien el 5 de este mes remitió con carácter de urgencia a la Asamblea el proyecto aprobado este jueves 13; la Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructura Asociados.
La nueva norma cambia la letra de la ley anterior, determina otro rumbo de la obra y garantiza de manera exclusiva las inversiones a los socios chinos. También establece que Nicaragua renuncia a cualquier reclamo y soberanía sobre la concesión de hasta 100 años.
El texto fue aprobado en forma general por 61 votos a favor del FSLN, 25 en contra y una abstención, tras 3 horas de tenso debate, y la banca opositora se retiró en la inmediata votación separada de cada uno de sus 25 artículos, como protesta por el insuficiente análisis y las modificaciones al texto.
Con la nueva ley se proyectan dos puertos de aguas profundas, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio, una línea de ferrocarril, zonas francas y un oleoducto.
Estimaciones iniciales indican que el canal tendrá capacidad para captar el tráfico de 450 millones a 500 millones de toneladas métricas anuales y recibir embarcaciones de hasta 250 mil toneladas, con más de 400 metros de largo, 59 de ancho y 22 de calado.
Tales cifras no oficiales, en términos de capacidad, superan al Canal de Panamá, que actualmente puede recibir barcos de 64 mil toneladas y que cuando finalicen sus obras de expansión podrá acoger navíos de hasta 140 mil toneladas.
La nueva ley otorga a los inversionistas asiáticos el ciento por ciento de las acciones y establece que el traspaso a Nicaragua será gradual, tras los primeros 10 años de entrada en operación de la obra. Nicaragua recibirá 10 millones de dólares anuales hasta la entrega total de las acciones en 1 siglo.
Tal respaldo institucional del gobierno cuenta con apoyo, aunque con reservas, de las cúpulas empresariales y cámaras de inversionistas nicaragüenses. Pero la oposición de derecha y los disidentes sandinistas lo rechazan de forma tajante, al igual que ambientalistas y sociólogos, politólogos y economistas.
Eduardo Montealegre, coordinador de la bancada legislativa opositora, tildó a Ortega y a sus funcionarios de “vende patrias” por las amplias concesiones otorgadas a los inversionistas extranjeros que, según dice a Inter Press Service (IPS), lesionan los intereses actuales y futuros de Nicaragua.
El catedrático y abogado constitucionalista Gabriel Álvarez denuncia que la concesión del proyecto a empresarios chinos violenta artículos sobre soberanía nacional y sobre los derechos de posesión. Además, dice a IPS, deja en indefensión al país ante un juicio local o internacional ante los concesionarios.
El biólogo y especialista en aguas Salvador Montenegro, director del Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, dice a IPS que cualquier obra sobre el lago de Cocibolca pone en riesgo a la biodiversidad y a la sociedad de Nicaragua y de América central.
Este lago de 8 mil 624 kilómetros de extensión del Suroeste nicaragüense constituye la principal reserva de agua dulce de la región.
El secretario de políticas públicas del gobierno, Paul Oquist, dejó al margen los reclamos ambientalistas y políticos y anticipó que con el inicio de la construcción, el producto interno bruto (PIB) crecerá 10.8 por ciento, en 2014, y 15 por ciento, en 2015, mientras que actualmente su aumento está entre 4 y 5 por ciento.
El gobierno espera que la obra aumente a más del doble el PIB nicaragüense en muy breve plazo, al situarse en 2018 en 24 mil 700 millones de dólares, frente a su nivel actual de 10 mil millones de dólares. Sin la construcción del canal, se prevé que el PIB ascienda a 14 mil 900 millones de dólares en 2018.
El proyecto del canal fue presentado de manera informal por Ortega al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante la cumbre de presidentes del Sistema de Integración Centroamericana, realizada el 4 de mayo pasado en Costa Rica.
La iniciativa no ha generado reacciones oficiales, a favor o en contra, entre los vecinos centroamericanos. Sólo Ricardo Martinelli, presidente de Panamá, país con el que competiría el nuevo canal, felicitó la intención de realizar la obra y ofreció asesoría técnica a Nicaragua.
Fuente: Contralínea 341 / junio 2013
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