La Secretaría de la Función Pública documenta dos sobregiros presupuestales en las contrataciones de espacios publicitarios con medios de comunicación en los que incurrió indebidamente la Secretaría de Salud, por 797 millones 150 mil 408 pesos, ocurridos en los ejercicios de 2010 y 2012.

 

En el primer caso se trata de 480 millones 171 mil pesos relacionados con 369 contratos con diversos medios; en el segundo, de 316 millones 979 mil 408 pesos vinculados a 260 contrataciones fuera del presupuesto.

 

Además de estas anomalías, el Órgano Interno de Control en esa Secretaría de Estado investiga varias irregularidades en el manejo de cientos de millones de pesos desde la Dirección General de Comunicación Social, que habrían beneficiado indebidamente a medios de comunicación afines al calderonismo.

 

Las auditorías se centran en el gasto de las campañas publicitarias para los ejercicios de 2010, 2011 y 2012. Tan sólo en ese trienio, la dependencia –entonces encabezada, sucesivamente, por José Ángel Córdova y Salomón Chertorivski– gastó 4 mil 605 millones 802 mil pesos en publicidad oficial, revela la Secretaría de Gobernación en la respuesta a la solicitud de información ciudadana 0000400091513.

 

La información oficial descubre que la Dirección General de Comunicación Social –a cargo de Carlos Olmos Tomasini– incrementó este gasto en un 2 mil 471 por ciento en términos nominales. Y es que en los últimos 2 años del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la Secretaría de Salud se convirtió en la principal contratista de medios de comunicación de todo el gobierno federal, por encima incluso del Consejo de Promoción Turística de México.

 

Los datos revelan que, en 2007, Salud gastó 87 millones 2 mil pesos en las partidas 36301, “Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales”, y 36201, “Difusión de mensajes comerciales”; en 2008, destinó a esos rubros 251 millones 931 mil; en 2009, 341 millones 222 mil; en 2010, 665 millones 228 mil; en 2011, 1 mil 790 millones 131 mil pesos; y en el año electoral de 2012, 2 mil 150 millones 443 mil pesos.

 

Así, la extracción de sumas millonarias para promocionar el pasado gobierno de Calderón Hinojosa afectaron la capacidad financiera de la dependencia rectora del sector, encargada de garantizar la salud de los más de 50 millones de mexicanos que viven en pobreza. Parte de su misión, según la propia Secretaría de Salud reconoce, es brindar “acceso universal a servicios integrales y de alta calidad que satisfagan las necesidades y respondan a las expectativas de la población, al tiempo que ofrecen oportunidades de avance profesional a los prestadores, en el marco de un financiamiento equitativo, un uso honesto, transparente y eficiente de los recursos y una amplia participación ciudadana”.

 

Lejos de esos objetivos, en la pasada administración la Secretaría destinó más recursos del erario a la publicidad oficial (5 mil 285 millones 957 mil pesos en total) que a la constitución del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, ocurrida en 2007 (2 mil 260 millones). Con los recursos de ese Fondo se atienden a los enfermos de VIH/Sida, cataratas, cuidados intensivos neonatales, cáncer cérvico uterino, cáncer en niños, trasplante de médula ósea, entre otros.

 

 

Ante lo que se considera un gasto excesivo y presumiblemente irregular, los contralores federales integran un amplio expediente de promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria que apunta principalmente al responsable de esas erogaciones, Carlos Olmos Tomasini, exdirector general de Comunicación Social de la Secretaría de Salud y actual titular de la Coordinación de Comunicación Social en el Senado de la República.

 

De acuerdo con las indagatorias de la Secretaría de la Función Pública –de las cuales Contralínea posee copias–, en los ejercicios de 2010 y 2012 la Dirección General de Comunicación Social de Salud superó las autorizaciones presupuestales giradas desde la Secretaría de Gobernación. Éstas eran ordenadas desde la vocería de la Presidencia de la República, por Maximiliano Cortázar y Alejandra Sota, respectivamente, según aseguró a Contralínea Olmos Tomasini (edición 331).

 

Aun sin contar con “suficiencia presupuestaria”, en 2010 y 2012 el funcionario firmó 629 contratos con diversos medios de comunicación, mismos que constituyeron los dos sobregiros por más de 797 millones de pesos.

 

En el caso del primer sobregiro, el expediente 2012/SS/DE186 señala que se investigan a los servidores públicos que, por actos u omisiones en su gestión, “formalizaron 369 contratos por 480 millones 171 mil pesos de las tres campañas en los meses de junio, septiembre y noviembre de 2010 sin contar con suficiencia presupuestara”.

 

Al respecto, los documentos de la Función Pública indican “que el 7 de junio de 2010 se formalizaron 173 contratos por 212 millones 961 mil 500 pesos, para la versión de ‘Infraestructura y equipamiento médico’; el 10 y 24 de septiembre de 2010 [los servidores públicos] formalizaron 138 contratos por 120 millones 987 mil 400 pesos, para las versiones de ‘Alcohol’ y ‘Antibióticos sólo con receta médica’, y el 19 de noviembre de 2010, 58 contratos por 146 millones 222 mil 100 pesos, para la versión de ‘Mortalidad materna’”.

 

Agrega que, para ello, la Dirección General de Comunicación Social –a cargo de Olmos Tomasini– emitió “oficios sin número” el 31 de mayo, 30 de agosto, 8 de septiembre y 2 de noviembre de 2010, en los que “señaló la existencia de disponibilidad presupuestaria, no obstante que no contaban con recursos disponibles”.

 

Como lo ha informado Contralínea (ediciones 331 y 332), en el caso del sobregiro de 2012, por 316 millones 979 mil 408 pesos, los 260 contratos no fueron pagados en el sexenio calderonista ni se saldarán en esta nueva administración: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público negó a la de Salud el aumento del presupuesto que solicitó para pagar esos compromisos contractuales, adquiridos antes del veto publicitario impuesto por la elección presidencial.

 

Por ello, desde diciembre pasado los empresarios de los medios a los cuales se les adeuda han “amenazado” con demandar a la Secretaría de Salud por fraude; además, han visitado en varias ocasiones a Olmos Tomasini para intentar gestionar por todas las vías posibles el pago.

 

 

 

Otra línea de investigación que mantienen abierta los contralores en torno a la gestión de Carlos Olmos Tomasini se refiere a las autorizaciones sobre el gasto publicitario, toda vez que se considera excesivo y fuera del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.

 

Tan sólo en el primer trimestre de 2012, el entonces titular de la Dirección General de Comunicación Social de Salud pagó a diversos medios de comunicación contratos por 2 mil 150 millones de pesos. En ese mismo lapso –previo a la veda electoral, que prohíbe a los gobiernos anunciarse en medios de comunicación 4 meses antes de los comicios–, otros 400 millones se ejercieron desde el Seguro Popular (Comisión Nacional de Protección Social en Salud).

 

No obstante, para el concepto 3600, “Comunicación social y publicidad”, de ese ejercicio la Cámara de Diputados había aprobado un monto de 1 mil 951 millones de pesos para toda la administración federal, no sólo para la Secretaría de Salud.

 

“El presupuesto público no es propiedad de los funcionarios y debe usarse de manera racional, transparente y bajo reglas que todo el mundo conozca”, opina el maestro Raúl Canseco Rojano, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador del Seminario sobre Libertad de Expresión de la Universidad Autónoma Metropolitana.

 

Agrega que en el caso de la publicidad oficial, los servidores públicos “no deben beneficiar el criterio personal sino dar una justificación del porqué dar una publicidad a un medio y negársela a otro, y que esto esté en función de las posibilidades de difusión del medio y que realmente la razón por la cual se paga la publicidad es porque la gente recibe la información. Si yo puedo garantizar que el medio al que le pago va a hacer que se reciba esta publicidad, entonces no debe haber otro criterio para otorgarlo”.

 

 

El multimillonario gasto de la Secretaría de Salud en el primer trimestre de 2012, entonces encabezada por Salomón Chertorivski, amparó tres campañas publicitarias. El oficio SNM/DGNC/0010/12, emitido por la Secretaría de Gobernación el 3 de enero de 2012 y firmado por Alejandro Echegaray, autorizó una de esas tres campañas.

 

“Esta Dirección General [de Normatividad], en el ámbito de su competencia, autoriza la difusión de la campaña ‘Igualdad de oportunidades’, versión ‘Infraestructura hospitalaria y equipamiento médico”, de conformidad con su solicitud, sometida mediante oficio DGCS/DCyE-0008/12, del 3 de enero de 2012.”

 

Posteriormente, cita las especificaciones: medios de difusión seleccionados (algunos de ellos: Televisa, Tv Azteca, Canal 44, SIPSE, Productora y Comercializadora de Televisión), con una vigencia del 4 de enero al 7 de marzo de 2012.

 

Las otras dos campañas fueron autorizadas con los oficios SNM/DGNC/0075/12 (“Adicciones”) y SNM/DGNC/0371/12 (“Control de enfermedades y alerta sanitaria”). En los tres casos, la Dirección General de Normatividad detallaba los medios de comunicación que serían contratados.

 

 

 

 

 

Infografía:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contralínea 340 / junio 2013