A  principios de 2013, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos publicó un reporte en el que explicaba las ventajas, pero también algunos aspectos deficientes desde la perspectiva estadunidense, del Acuerdo sobre Yacimientos Transfronterizos firmado por ese gobierno y el de Felipe Calderón Hinojosa (Contralínea 326).

 

 

Empezamos a constatar los primeros impactos del reporte: el pasado 14 de marzo, el Subcomité de Seguridad Nacional del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados estadunidense realizó una audiencia para sumarse al examen del Acuerdo; participaron Kyle Isakower, vicepresidente del American Petroleum Institute (Instituto Estadunidense de Petróleo) y Roberta Jacobson, subsecretaria del Departamento de Estado para América Latina de Estados Unidos; además fueron consultados numerosos congresistas y otros invitados. Entre las opiniones citamos la del Instituto México, del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, que destacó la importancia de una pronta ratificación en ese país antes de que México inicie su debate formal sobre la reforma energética.

 

“La ratificación del acuerdo antes del debate alentará el avance del proceso, sin embargo, una ratificación que ocurra durante el debate puede complicarlo” (Nick Snow, “House panel asks Obama to take energy steps with Mexico, Canada”, Oil and Gas Journal, 14 de marzo de 2013).

 

 

¿Por qué se puede complicar el debate? La respuesta se encuentra en el reporte del Senado donde, al exponer las “ventajas” del Acuerdo, dice: “lo más probable es que, dada la falta de experiencia de Pemex (Petróleos Mexicanos), 1) serán las empresas internacionales, que ya trabajan en Estados Unidos, quienes actúen como operadoras en la explotación de los yacimientos transfronterizos; y 2) también lo más probable es que el crudo descubierto se procesará en las instalaciones ya existentes en Estados Unidos: “given Pemex’s lack of experience in deep water, the most likely outcome is that IOCs licensed by the United States would operate the developments and utilize infrastructure based on the United States side of the border, which is more extensive than that of Mexico near to the area of operation” (Oil, Mexico, and the transboundary Agreement, a minority staff report prepared for the use of the Commitee on Foreign Relations United States Senate), Washington, 2012 (www.gpo.gov/fdsys/).

 

El reporte abunda: “el Acuerdo [con las enmiendas necesarias, off course] debe ser visto como benéfico para la seguridad energética de Estados Unidos, ayudará a crear las condiciones de una nueva etapa en la que las empresas petroleras internacionales [IOCs licensed by the United States] podrán invertir en todo el territorio mexicano y no sólo en la zona marítima fronteriza”.

 

Pero hasta ahora, la mayoría de los senadores gringos no sólo han atendido la defensa del negocio, sino que han rechazado el acuerdo por otras razones como las que enumeramos a continuación:

 

 

Uno de los aspectos centrales en la perspectiva estadunidense en la negociación del Acuerdo fue mejorar las medidas de seguridad industrial; lo obtenido no les parece satisfactorio, ya que consideran que las cláusulas respectivas sólo son retórica.

 

Al abordar este punto, el multicitado reporte polemiza contra el presidente Barack Obama:

 

“La administración de Obama afirma que el acuerdo de Los Cabos [Baja California Sur] significa que la normatividad mexicana sobre medio ambiente, las medidas de seguridad y su cumplimiento tendrán que subir al nivel de Estados Unidos”. El reporte replica: “No hay garantía de que la puesta en vigor del Acuerdo precipitará una mejora sistémica en la aplicación de las medidas medioambientales y de seguridad”.

 

Desde luego matiza: “cualquier mejora es bienvenida… Dados los posibles efectos de un derrame [en México], para los intereses económicos de Estados Unidos”.

 

 

El artículo 16 del Acuerdo establece que se acudirá a la determinación de un experto y es una obligación “vinculante” (binding on the parties, se puede traducir como “comprometiendo a las partes del Acuerdo”), ¡pero el artículo 17 que establece un mecanismo de arbitraje no especifica si es vinculante!

 

El reporte explica a los congresistas que esta cuestión puede afectar los ingresos federales y que esas contradicciones tienen que “enmendarse”. Señala una falta de claridad y sugiere que se examinen otros acuerdos internacionales y otras formas de arbitraje.

 

El artículo 19, indica el reporte, en ciertas condiciones podría poner a las empresas petroleras que operen en la región fronteriza en riesgo de sufrir una reducción de la normatividad que ya existe en Estados Unidos (“…but that could mean effectively lowering US standards in the border region…”).

 

 

Seguramente la parte que más podría “complicar” el debate en México sobre la reforma petrolera es que el reporte plantea que tendrá que modificarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque esta reforma tiene que ser capaz de convencer a las petroleras internacionales de aportar su experiencia y correr riesgos en el país, y ello sólo se podrá lograr si se les permite registrar las nuevas reservas descubiertas en sus libros y contabilizarlas ante la Securities and Exchange Commission (Comisión de Bolsa y Valores estadunidense).

 

En otras palabras, sin proponérselo, el Senado de Estados Unidos aclara lo que Peña Nieto, Luis Videgaray y otros políticos han venido negando: la reforma es una nueva modalidad de distribución de la renta petrolera; la secular disputa será más enconada, esto significa que, incluso, podría haber ruptura del acuerdo llamado Pacto por México. El documento del Senado gringo es tan cínico que afirma que un líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) les dijo que ya tenían la iniciativa de reforma constitucional, pero no estaban seguros de tener la votación suficiente para su aprobación (“As a senior PRI leader said: ‘we have the will –for constitutional amendment–, but we are not sure if we have the votes’).

 

Ante estas perspectivas ha surgido oposición en el seno de algunos grupos al interior del PRI y en sindicatos formalmente afiliados a ese partido, desde luego también en el Partido de la Revolución Democrática. La historia no está escrita, será difícil, pero otra vez podríamos tener expresiones de resistencia y resultados inesperados.

 

*Investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México