Daniela García/Contralínea Nuevo León

 

 

Desde el gobierno de Natividad González Parás se gestó un grupo de poder en Nuevo León. Éste se ha consolidado con Rodrigo Medina de la Cruz y actualmente cuenta con una gran presencia política y de poder en el estado, capaz de tomar las decisiones más importantes de lo que acontece, además de obtener, al mismo tiempo, negocios multimillonarios.

 

El Grupo Allende, como se le conoce, está conformado por políticos y proveedores de servicios y materiales, acreedores de los contratos más importantes que se otorgan en el estado en todos los rubros, como salud y educación; entre los más importantes, el de obra pública.

 

Gracias al compadrazgo y conocida relación de trabajo, el exgobernador del estado, Natividad González Parás, otorgó a Humberto Medina Ainslie, padre del actual gobernador de Nuevo León, los permisos para ejercer como notario en las últimas semanas de su mandato en 2009.

 

La Notaría 18, en manos de Humberto Medina, está ubicada en la colonia Del Valle, en la calle Mississippi, municipio de San Pedro. Sin embargo, aparentemente no se encuentra funcionando como tal, después de que el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Administración Pública retirara los permisos para ejercer.

 

Esto generó un conflicto de intereses entre el padre del gobernador y este mismo, ya que se vio en la forzosa necesidad de retirar a su progenitor las patentes notariales, una orden que tardó en acatar.

 

 

Mucho se ha hablado y escrito sobre Humberto Medina. Su poder lo convierte en el hombre que en realidad ostenta la dirección de Nuevo León, y no su hijo gobernador. Hay quienes incluso señalan que en su notaría se llevaban a cabo relevantes contratos para realizar obras públicas en el estado, junto a Gustavo Cavazos y el Grupo Allende. Hay quienes dicen que el verdadero mando de Nuevo León no se encuentra en el Palacio de Gobierno, sino en esa pequeña oficina en la colonia Del Valle.

 

Y es que, efectivamente, el padre de Rodrigo Medina de la Cruz es quien toma las decisiones más importantes para el estado: desde aquellas de presupuesto y gastos públicos, hasta las asignaciones de obras que constan de millonarios negocios que hace con sus constructores y proveedores predilectos.

 

Pero no basta con tener relación afectuosa con el padre del gobernador, sino estar dispuesto a otorgarle ciertos beneficios económicos, que van del 15 o hasta el 20 por ciento del total de lo generado por el trabajo otorgado desde el gobierno, además de lo que proviene de las sobrefacturas que se hacen a la hora de la construcción.

 

 

Manuel Fraustro, expresidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Electrónicos de Nuevo León, en entrevista con Contralínea Nuevo León, explica que esta situación viene sucediendo desde hace algunos años, incluso antes de que Rodrigo Medina tomara posesión como gobernador, cuando el dirigente del estado era Natividad González Parás. Es decir, cuando Humberto Medina empezó a formar parte de las altas esferas políticas.

 

“Antes había una cantidad importante, mayor, de oportunidades de trabajo para los constructores. Había acceso a participar en obras. Es el mismo mecanismo de concursos, el mismo que hace 10 años aproximadamente, pero ahora no se nos da la oportunidad.”

 

Para que una empresa constructora gane una licitación de obra pública, si se sigue de manera legal, es necesario que ésta atraviese un proceso de concurso organizado por la dependencia o secretaría que busca realizar dicha obra y sea elegida por esta misma.

 

Sin embargo, Fraustro explica que en los últimos años se han enfrentado a trabas que les han resultado casi imposibles de superar, siempre atribuibles a los organizadores de las convocatorias.

 

“Hay un nivel de actividad de construcción muy bajo comparado con el potencial que tienen muchas empresas… Comparado con la actividad de años pasados en donde teníamos la oportunidad de participar en el crecimiento del estado.”

 

 

No es un secreto para aquellos que laboran dentro del área de la construcción que, aunque Luis Marroquín sea el secretario de Obras Públicas –quien es ingeniero, pero no especializado en construcción sino en agronomía–, al que realmente deben de agradar para obtener contratos o licitaciones es al amigo, compadre y socio de Humberto Medina, Gustavo Cavazos, del Grupo Allende.

 

Éste es un fenómeno irregular que se está dando últimamente entre los políticos de México, como lo señala el diputado local del Partido del Trabajo, Guadalupe Rodríguez, en entrevista con Contralínea Nuevo León.

 

“El Grupo Allende es un grupo muy diverso y heterogéneo, ya que no se sabe dónde empieza y dónde termina. Por un lado está el papá [del gobernador] y los amigos y las derivaciones de estos amigos; además de las derivaciones en los espacios de poder estratégicos, como lo es el de la obra pública en el estado, ya que por ahí corre mucho presupuesto”, dice al recordar la frase entre más obra, más sobra.

 

El diputado explica que estos consentidos de Medina saben de antemano que ganarán la licitación a través de un acuerdo. A éstos se les privilegia el acceso a la información del concurso: los demás ponentes presentan su postura financiera al estado (el ganador será el que haya hecho la propuesta con menor cantidad de presupuesto), pero el empresario favorito, de alguna manera, es quien propone el menor monto.

 

“Ahí el chiste es que luego se presentan aditivas una y otra vez en todos los rubros y en todos los sentidos. Es decir, se hace una represupuestación [sic] de la original y se presentan nuevos esquemas de necesidades que van surgiendo durante la obra, y mediante éstas es de donde se fugan las cantidades tan grandes de dinero”, explica Rodríguez.

 

Estas cantidades extras también van para el Grupo Allende, además del cobro del 15 o 20 por ciento. ¿A dónde va ese dinero recaudado de manera irregular?

 

La corrupción, que no es extraña en Nuevo León, ha llegado a picos gravemente altos que no desaparecerán hasta que Rodrigo Medina se deslinde de su papá, algo que el diputado Rodríguez ve casi imposible.

“Es el papá. No es una relación fácil de romper. Él tenía un esquema de relaciones mucho más complejo, tenía más experiencia política y además la autoridad sobre su hijo, simplemente por ser su padre. Es una relación fraterna…”. Y ahora, también, de negocios millonarios.

 

 

El grupo beneficiario se compone por: Francisco Valenzuela, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado; Gustavo Cavazos, operador del Grupo Allende; Luis Marroquín, secretario de Obras Públicas; José Luis Monroy, director de Administración de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey; Alberto Rhodes, director de Administración y Finanzas del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Deshechos; Enrique Laviada, coordinador General de Comunicación Social del Estado; Gina Ramos, coordinadora de Prensa;  Rodrigo Montalvo, director General de Administración de Seguridad Pública; Ramiro Montalvo, director de Administración del Comité de Construcción de Escuelas; Rosalva Llanes, coordinadora de Relaciones Públicas Interinstitucionales, y Álvaro Ibarra, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional.