La anunciada intención de aprobar en el Congreso de la Unión la reforma energética, que permitiría abrir las puertas a la inversión privada en Petróleos Mexicanos (Pemex) debe de ser motivo de una compleja reflexión nacional, donde todos los sectores sociales participen y exijan que antes de cualquier modificación constitucional, los impulsores del proyecto expliquen bien y a todos los mexicanos las condiciones en que se han administrado nuestros recursos energéticos en los últimos sexenios.

 

Cambiar el actual régimen de propiedad exclusiva de la nación a través del Estado, bajo el supuesto de que es la única salida para fortalecer financieramente a Pemex, es venderle una gigantesca mentira a todo el país, sobre todo cuando desde hace varios años expertos en la materia han señalado con exactitud que el problema financiero de la paraestatal más importante radica en su injusto régimen fiscal y la errada fragmentación que se hizo de la misma, al dividirla en empresas subsidiarias durante el sexenio salinista.

 

No puede entregarse a manos privadas la riqueza que, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es propiedad del pueblo de México, bajo el sofisma de que la reforma no busca “privatizar” uno de los sectores que a nivel mundial es considerado como estratégico para el desarrollo económico, como es el de los hidrocarburos.

 

Desde todos los ámbitos de las organizaciones sociales tiene que construirse la inaplazable demanda de exigir una auditoría ciudadana para que el gobierno mexicano entregue a la sociedad toda la información necesaria que permita conocer cuál ha sido el manejo y el rumbo que han dado a los recursos energéticos los gobiernos, como los emanados del Partido Acción Nacional, que terminaron entregando el sector eléctrico a trasnacionales (Iberdrola, Unión Fenosa, Mitsubishi, Intergen, TransAlta y Mutsui, entre otras) con un alto costo para las finanzas públicas, mediante la autorización de 772 permisos bajo la figura de productores independientes de energía, con lo que también prohijaron en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como en el caso de Pemex, una “quiebra técnica” en sus finanzas y la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, por medio de un ilegítimo decreto de extinción.

 

Así como en la expropiación petrolera de 1938 el pueblo entero se volcó a ayudar, con lo que tuvo a su alcance, al gobierno de Lázaro Cárdenas para pagar la indemnización a las firmas extranjeras, ahora el gobierno priísta debe consultar y explicar a ese mismo pueblo el por qué de su intención por echar reversa a la historia y permitir que el capital privado retorne a disfrutar de las riquezas nacionales. Si nos atenemos a que la máxima soberanía del país radica en el pueblo, deberá tomarse en cuenta su punto de vista, informando con exactitud de las consecuencias y dimensiones que tendrá una medida de tal naturaleza que, por donde se le quiera ver, no puede esconder sus matices antinacionalistas.

 

Quienes alientan la reforma tendrán que explicar cómo es posible que, mientras en todo el mundo los países productores de petróleo han retornado al llamado “modelo integral de gestión” –donde sus gobiernos confieren un valor geopolítico de primer orden a sus reservas petroleras en el rango estratégico de su seguridad nacional–, en nuestro país se pretende actuar en sentido inverso obstinándose a alentar el denominado “modelo atomizado de gestión” adoptado en la década de 1980, cuando de acuerdo con las tendencias globalizadoras se pensaba que era benéfica la fragmentación de las grandes empresas productivas y alentaba la asociación público-privada como justificación de la privatización.

 

En el actual contexto en que pretende incubarse la reforma energética, resulta insalvable ubicar en la agenda de los grandes temas nacionales el análisis del injusto régimen fiscal impuesto a Pemex y que en los últimos 2 sexenios conllevó a su franco deterioro financiero, al ser la única empresa petrolera en el mundo que es gravada con impuestos muy por encima de los estándares internacionales, y en el colmo de los despilfarros el gobierno federal se permitió el manejo discrecional de los excedentes petroleros.

 

Pemex se ha convertido en la tablita salvadora de las equivocadas políticas hacendarias de recaudación, que han solapado la evasión fiscal, sobre todo de los grandes consorcios nacionales; un análisis realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2004 reveló que mientras la evasión alcanzó en aquel año la cifra de 610 mil 800 millones de pesos, esta falta de recursos fue subsanada en buena parte por la carga fiscal impuesta a Pemex, que ascendió, en el mismo periodo, a 473 mil millones de pesos. Por esta razón, los expertos indican que la empresa se encuentra en una quiebra técnica, ya que a la fecha el gobierno federal le extrae por el cobro de impuestos y derechos el 128 por ciento de su rendimiento de operación.

 

Se habla ahora de la posibilidad de asociar a Pemex con la brasileña Petrobras, a la que los desinformados economistas oficiales le ponderan una alta eficiencia, pero se cuidan de decir que en los comparativos internacionales de lo que pagan –vía impuestos– las empresas petroleras del mundo, Pemex es, de forma por demás inconcebible, la que más es sangrada en sus ingresos por dicho concepto. Por ejemplo, mientras en 2009 poderosas firmas como la Royal Dutch Shell apenas erogaban por esta obligación 8 mil 300 millones de dólares; PetroChina, 4 mil 900 millones de dólares, y Petrobras, 5 mil 200 millones, Pemex pagaba la estratosférica cifra de 40 mil 500 millones de dólares.

 

Es obvio que, al no haber utilidades, su capitalización y modernización se han visto seriamente mermadas, contrario a lo que sucede con el resto de las empresas petroleras del mundo, tanto privadas como gubernamentales, que invierten un porcentaje importante de sus ganancias en infraestructura, tecnología y proyectos de exploración.

 

Además del debate nacional que debe asumir la sociedad, los diputados y senadores tienen la responsabilidad histórica de analizar y plantear a la nación estrategias alternativas en el sector energético que permitan su fortalecimiento sin menoscabo de nuestra soberanía económica, pues en el tema del sector eléctrico es evidente que el modelo de creciente participación de los permisionarios privados está desmantelando el servicio público nacional, primero con la extinción de Luz y Fuerza del Centro y progresivamente con la pérdida de capacidad de generación por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

 

Los legisladores tienen la obligación de explicar a toda la nación las razones por las cuales se ha aceptado que la CFE firme en desventajosas condiciones contratos hasta por 25 años con las trasnacionales para la compra de su energía generada. Para diciembre de 2009, la adquisición de energía a las firmas extranjeras le había costado al país más de 268 mil millones de pesos, y se estima que, por los compromisos contraídos, de 2010 a 2041, los mexicanos les habremos de pagar 1.6 billones de pesos, según estableció con claridad el análisis de la Cuenta Pública 2009, practicado al sector eléctrico por la Auditoría Superior de la Federación.

 

Todos los mexicanos tenemos el derecho de exigir cuentas también del destino que tuvieron los 14 mil millones de dólares que en 2008 ingresaron a las arcas nacionales por concepto de los excedentes petroleros. Multimillonarias cifras que fueron manejadas de manera discrecional por el gobierno de Felipe Calderón, y que acrecentaron, con tan cuantioso saqueo, la “quiebra técnica” de Pemex. Antes de aprobar cualquier reforma energética debe practicarse una auditoría ciudadana a nuestros recursos energéticos, para comprobar que nuestras empresas públicas son rentables y han sido “quebradas”, o desaparecidas como Luz y Fuerza del Centro, para poder abrir las puertas a la silenciosa y encubierta privatización. Ésa es la antinacionalista razón de fondo.

 

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas