El Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales exige al gobierno de Ollanta Humala una amnistía general para todos los participantes en el conflicto armado que comenzó en 1980; ésta incluiría no sólo a miembros de Sendero Luminoso, sino a guerrilleros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, paramilitares, militares y policías. No obstante, el gobierno se niega a aceptarla y, en cambio, promueve leyes que, de ser aprobadas, mandarían a la cárcel entre 4 y 6 años a aquel que no se refiera al conflicto como “terrorismo”. “El gobierno antidemocrático no aceptará la amnistía porque no quiere mostrar debilidad”, considera especialista en el tema
El 12 de septiembre de 1992 fue capturado el dirigente del Partido Comunista del Perú (PCP), Abimael Guzmán Reynoso. Con esa detención se cerraban 12 años de guerra entre esa organización y el gobierno peruano. Alfredo Crespo, abogado del Presidente Gonzalo (como también se le conoce a Abimael) y actual secretario del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), explica, en entrevista con Contralínea, que 20 años después se necesitan cerrar las heridas de la guerra que aún continúan abiertas.
“Necesitamos luchar por una solución política de los problemas derivados de la guerra; es por eso que conformamos Movadef en noviembre de 2009. Planteamos una amnistía general para todos los involucrados en el conflicto; es decir, para todos los presos políticos del PCP [denominado Sendero Luminoso] y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru [MRTA], pero también para los militares y policías.
“La amnistía busca la reconciliación nacional, por eso debe de tener a las dos partes: grupos armados y fuerzas gubernamentales; ya que de ambos lados tenían un objetivo político. Unos querían la conquista del poder y otros la defensa de éste. Fue una lucha por el poder, definida como un hecho político; por eso rechazamos que se le nombre [al proceso] como terrorismo”.
Alfredo Crespo menciona que además de la amnistía, el otro de los planteamientos del Movadef es la defensa de los derechos fundamentales de la sociedad peruana. Según el abogado, ambos están ligados debido a que el gobierno peruano restringió los derechos de la población en pro de la llamada lucha antiterrorista. Uno de esos derechos fue la inviolabilidad del domicilio: tres cuartas partes del país fueron declaradas en emergencia y los agentes del orden podían entrar a las casas que supuestamente pertenecían a guerrilleros sin orden de cateo. En las calles también se detenía a personas sin orden judicial.
“La amnistía general es el camino para lograr una reconciliación nacional. Ésta ha sido planteada por todas las sociedades que han atravesado una guerra. Las guerras no son eternas, terminan, y afectan los derechos de las dos partes involucradas”, explica el abogado.
—¿La amnistía beneficiaría a Abimael Guzmán, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos?
—Nosotros no personalizamos la amnistía; por ello vamos por la amnistía general, porque se trata de resolver un problema nacional. Nos acusan de sólo buscar la libertad de Abimael: él es el principal preso político y tiene derecho a su libertad, pero el objetivo es el de lograr la libertad de civiles, militares y policías. Esto servirá para que nuestro pueblo desarrolle su propio camino.
Alfredo Crespo comenta que del lado de la guerrilla serían beneficiadas alrededor de 300 personas, y del lado militar y policial un aproximado de 30, incluyendo altos mandos, que son las que se encuentran presas por motivos de la guerra.
—¿Cuál es la respuesta del gobierno peruano ante la amnistía?
—Ellos anteponen la opción militar: destruir al vencido, acabar con él. Se oponen a la amnistía porque el gobierno peruano sirve a intereses imperialistas y a éstos les convienen las divisiones en el pueblo. Utilizan organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, financiadas por organismos internacionales ligadas al imperialismo, que no quieren amnistía. Pero el pueblo sí la quiere. Incluso, [los] partidos políticos también ven una opción en la amnistía.
Señala que en Perú siempre ha habido una tradición de amnistía. Ubica el caso de la otorgada a Ollanta Humala durante el gobierno transitorio de Valentín Paniagua. En octubre de 2000, el ahora presidente –en ese entonces jefe de unidad del Grupo de Artillería 501 en el Fuerte Arica– se levantó en armas para exigir la renuncia de Alberto Fujimori.
Este último ocupó el cargo de presidente de la República de 1990 a 2000 y actualmente se encuentra preso por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato.
“Fujimori tuvo una falta de visión estratégica de Estado: si él hubiera estimulado la amnistía cuando era presidente, ahora no estaría preso. Eso es la miopía, la ceguera política”, considera Alfredo Crespo.
El Movadef pretende participar de lleno en la vida política de Perú con base en el Artículo 35 de su Constitución Política, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a participar en política; no obstante, a principios de año su propuesta fue rechazada por considerar que su ideología política –marxismo, leninismo, maoísmo, “pensamiento Gonzalo”– es la misma que defiende Sendero Luminoso.
A pesar de ello, plantean participar en elecciones regionales, municipales y generales para que sus representantes lleven sus propuestas de amnistía y respeto a los derechos fundamentales al seno del debate político y se inserten en la agenda nacional.
Infografía
Jacobo Alavez Medina, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en América Latina, explica a Contralínea que el gobierno de Ollanta Humala no es democrático.
“Es un gobierno conformado por el apoyo de las organizaciones de derecha que va contra todas las prácticas organizativas del movimiento popular, indígena, e incluso contra las reivindicaciones de la clase media.
“Una de las mayores reivindicaciones de este gobierno es tener, por un lado, preso a Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, y por otro, a Alberto Fujimori, el máximo líder de la lucha antisubversiva. Con ello han intentado mostrarse democráticos, a través de castigar los excesos cometidos por ambas partes.”
—¿Por qué no otorgar la amnistía si ésta incluye a ambos bandos?
—Desde la perspectiva del gobierno, esto implicaría mostrar un signo de debilidad. Piensan que la amnistía rebajaría el carácter corrupto a Fujimori; y de ser otorgada sería el equivalente a decir 20 años después: “Sendero Luminoso pudo haber tenido razón”.
El investigador señala que la clase política quiere cerrar los ojos al proceso que vivió Perú en la década de 1980; pero basta recordar que hay senderistas presos, no por haber asesinado, ni haber participado en acciones violentas, sino sólo por el hecho de ser senderistas; muchos de ellos fueron desaparecidos durante la presidencia de Fujimori y la primera de Alan García.
“La estrategia del gobierno es clara y se demostró sin tapujos cuando los tupamaros tomaron la Embajada de Japón en la década de 1990: no negociaron con ellos, los aniquilaron a todos.”
La guerra
El 17 de mayo de 1980, el Partido Comunista del Perú quemó las urnas electorales que serían utilizadas en las elecciones venideras en Ayacucho. Esto fue el inicio de la guerra contra el Estado peruano.
El conflicto armado implicó matanzas y asesinatos selectivos de ambas partes. El PCP llevó acciones de sabotaje contra la infraestructura estatal, el gobierno respondió desapareciendo gente y encarcelando a todo aquel sospechoso de ser senderista.
En junio de 2001 fue creada la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Su objetivo fue elaborar un informe sobre las causas, consecuencias y el saldo del conflicto entre 1980 y 2000.
El informe fue presentado finalmente en 2003. En éste se asienta que durante ese periodo el número total de muertos y desaparecidos fue de 69 mil 280, aproximadamente. El PCP habría provocado 31 mil 331 muertes (46 por ciento), las fuerzas gubernamentales 20 mil 458 (30 por ciento), y los grupos paramilitares, los campesinos armados por el gobierno, los tupamaros y los comités de autodefensa, 15 mil 967 (24 por ciento).
Ayacucho fue la región más asolada por la violencia. Ahí se registraron más de 25 mil muertes; le siguieron la zona centro, con más de 15 mil; Nororiente, con más de 12 mil; la zona Sur Andina, con más de 5 mil; Huancavelica y Lima Callo registraron menos de 5 mil; además de otras que, en su conjunto, rondaron las 4 mil.
“Esa guerra tuvo causas sociales y políticas. Antes de 1980 mantuvo a poblaciones en el abandono, sin derechos y sometida a una feroz opresión tanto en el campo como en la ciudad, abandono en salud y educación. El Estado utilizó una política genocida: desapariciones, fosas comunes, detenciones, torturas, desplazamientos forzados. La otra parte [el PCP] debe de hacer una autocritica –como señala Abimael– por los excesos, errores y limitaciones que ha tenido su organización. Ambas partes deben asumir su responsabilidad”, considera Alfredo Crespo.
—¿Las condiciones que motivaron la guerra siguen hasta ahora?
—Claro. El Estado aún no garantiza la vigencia y el ejercicio de los derechos fundamentales del pueblo; sin embargo, no hay condiciones para una nueva revolución armada en Perú. De tal manera corresponde resolver los problemas de la guerra que ya terminó. El camino es la democratización de la sociedad peruana. Ésta inicia desde octubre de 1993, cuando Abimael Guzmán señaló: “La guerra debe terminar”.
Ley antiterrorista
El 28 de agosto de 2012 el gobierno de Ollanta Humala entregó al Congreso de la República del Perú un proyecto de ley para incluirla en el artículo 316-A del Código Penal.
En éste se asienta que “será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 años ni mayor de 8 años el que públicamente apruebe, justifique, niegue, o minimice los delitos cometidos por integrantes de organizaciones terroristas…”.
El proyecto señala en la introducción: “un Estado democrático guiado por el respeto irrestricto de la dignidad de la persona […] no puede permitir que, con base en una concepción laxa y por ende errada de la ‘libertad de expresión’, se construya un sistema vejatorio que lo que en buena cuenta busca es menospreciar y lesionar la dignidad de un grupo social nada desdeñable en nuestro país que se ha visto directa o indirectamente afectado por los actos terroristas…” (sic).
El documento, además, asienta que “la criminalización del negacionismo [sic] de los actos terroristas suficientemente comprobados e incontrovertibles se justifica sobradamente cuando, deformando el curso real e histórico de los hechos, se cubre con un velo de libertad de opinión ideológica o política, motivaciones antidemocráticas que lo único que pretenden es propiciar un clima de banalización, aceptación u olvido de crímenes atroces…”.
Alfredo Crespo, quien estuvo 12 años preso por defender legalmente a Abimael Guzmán, y cuya detención fue calificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como actos de persecución de abogados en el Perú, señala que de ser aprobada la ley negacionista sería encarcelado cualquier periodista, profesor o investigador que no describa al conflicto como terrorismo.
“Todo aquel que se refiera a lo vivido de 1980 a 1992 como una guerra interna, popular, conflicto armado, revolución, levantamiento, irá a la cárcel, forzosamente tiene que decir que fue terrorismo. Esto atenta no sólo contra la libertad de expresión e información, sino también contra la libertad de pensamiento.
“Hace 20 años terminó la guerra pero las leyes antiterroristas siguen vigentes: la ley de custodia impide que salgan de la cárcel aquellos que ya cumplieron su condena; a quien consideran peligroso le dejan supuestamente en libertad, pero bajo custodia penitenciaria, es decir, sigue preso. La ley de seguimiento va contra aquellos que han quedado en libertad, pero por su supuesta peligrosidad tienen que ser vigilados y controlados. Todo esto va contra la seguridad jurídica del país. Movadef quiere derogar estas leyes que sólo sirvieron jurídicamente para la guerra antisubversiva.”
Presos políticos
En Perú, según estimaciones del Movadef, aún hay alrededor de 300 presos políticos; hace 12 años sumaban poco menos de 5 mil. Sus familiares han realizado acciones de inconstitucionalidad, impugnaciones legales y huelgas de hambre. Muchos que habían sido condenados a cadena perpetua están ahora libres.
A pesar de que muchos han mejorado sus condiciones carcelarias, otros siguen atravesado situaciones de aislamiento, incomunicación y políticas de aniquilamiento sistemático y sofisticado, acusa el secretario del Movimiento.
“Es un régimen carcelario muy duro, permanecen 23 horas encerrados en las celdas. No hay atención médica y la alimentación es miserable. Son negados sus beneficios penitenciarios, ya no pueden salir antes de que se cumpla su condena. Hay persecución contra la libertad de pensamiento, de expresión, de creación artística. Les clausuran sus exposiciones culturales a muchas compañeras, al alegar terrorismo.
“A Abimael Guzmán se le impide la comunicación con familiares, amigos y periodistas. Está completamente aislado, sus abogados son perseguidos, a nosotros se nos acusa de ser sus mensajeros. Elena Yparraguirre [compañera sentimental de Abimael] recientemente fue aislada en castigo por conceder una entrevista –mediante un cuestionario escrito– a The Economist.”
En ese sentido, menciona Alfredo Crespo, ahora se promueve una ley para los que estuvieron presos por cargos de terrorismo no puedan participar en la vida política del país; incluso, a los maestros se les impediría ejercer su profesión.
Reconciliación nacional
El Movadef ha logrado insertarse activamente en la vida política peruana; sus simpatizantes han realizado acciones de solidaridad en Argentina, Chile y México. En estos 3 años se han pronunciado por una nueva constitución, por la defensa de la soberanía nacional, en contra de las reformas laborales y prácticas monopólicas, y por la resolución de los problemas en salud, educación y vivienda; también por el retorno de los peruanos expatriados y por la cancelación de órdenes de captura giradas por el gobierno.
El investigador Jacobo Alavez considera que para que exista una reconciliación nacional en Perú, debe de reconstruirse el Estado y se tiene que erradicar la corrupción. “Sin embargo, es claro que esto no va a pasar con Ollanta Humala como presidente; por ello, la sociedad civil debe tener formas de expresarse y luchar por la reconciliación como un objetivo del pueblo peruano en su conjunto”.
Contralínea solicitó entrevista con la Embajada de Perú en México a través de David Hurtado, del área de prensa. Sin embargo, el funcionario argumentó que la Embajada no puede dar entrevistas sobre esos temas, a menos que tengan una autorización de la cancillería peruana. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
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Fuente: Contralínea 316 / enero de 2013
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