El Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales exige al gobierno de Ollanta Humala una amnistía general para todos los participantes en el conflicto armado que comenzó en 1980; ésta incluiría no sólo a miembros de Sendero Luminoso, sino a guerrilleros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, paramilitares, militares y policías. No obstante, el gobierno se niega a aceptarla y, en cambio, promueve leyes que, de ser aprobadas, mandarían a la cárcel entre 4 y 6 años a aquel que no se refiera al conflicto como “terrorismo”. “El gobierno antidemocrático no aceptará la amnistía porque no quiere mostrar debilidad”, considera especialista en el tema
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