La construcción del Acueducto Independencia –impulsada por el gobierno sonorense y la Conagua, y que implica más de 3 mil 900 millones de pesos– no ha garantizado las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad, revela la Auditoría Superior de la Federación. Además, la asignación de los contratos se hizo sin la participación de testigos sociales que avalaran la transparencia de las licitaciones. Ante el desacato en el que ha incurrido el gobierno de Padrés Elías de varias órdenes judiciales, que exigían detener los trabajos, el caso será juzgado por la Suprema Corte


Suprema Corte atrae el caso

El amparo y la SCJN
CNDH exhorta a Padrés a suspender la obra

Yaquis en conflicto histórico: INAHEn la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este organismo reproduce el informe del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) donde se explican los “conflictos” históricos por los que ha atravesado la tribu yaqui.Mediante el oficio 034551, del 28 de mayo pasado, el INAH informó al organismo que dicha tribu ha vivido a lo largo de su historia en los márgenes del Río Yaqui. La misma que se divide en los pueblos: Cócorit, Bácum, Tórim, Vícam, Pótam, Ráhum, Huírivis y Belem, situados en los municipios de Cajeme, Bácum y Guaymas.El INAH detalló que “uno de los problemas que han enfrentado los integrantes de la tribu yaqui es el acceso al agua; el cual en las últimas décadas se ha incrementado, debido a que el caudal de agua del río del mismo nombre es bajo, y la mayoría de sus escurrimientos son utilizados para surtir de agua a otras ciudades, así como en la agroindustria y en lo que se conoce como el Valle del Yaqui…”.El Instituto destacó que el Río Yaqui es fundamental en la “ritualidad y cosmovisión” de la tribu, pues “es el principal elemento productivo del grupo. Es parte de los mitos de creación y símbolo en el llamado huya ania (el mundo del monte), lugar mítico en el que deambulan seres benignos y malignos que le dan sentido a la normatividad de ese grupo étnico”.
Semarnat vulnera derechos indígenas: CNDH
El 19 de abril de 2011, autoridades tradicionales del pueblo de Vícam solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, el cual fue resuelto por el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Sinaloa.El 4 de mayo de 2012, el juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar otorgó el amparo y protección a los integrantes de la tribu yaqui, para que el director general de Impacto y Riesgo Ambiental adscrito a la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dejara insubsistente la resolución en materia de impacto ambiental (emitida el 23 de febrero de 2011), que autoriza la construcción del proyecto Acueducto Independencia, a fin de que se otorgue a la comunidad indígena la garantía de audiencia previa.Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el hecho de que la Semarnat haya omitido salvaguardar el derecho de audiencia y consulta del pueblo yaqui, además de vulnerar un aspecto de elemental sentido procesal y de importancia constitucional, constituyó una trasgresión al derecho al debido proceso.Remite a la sentencia del caso Pueblo Saramaka vs Surinam, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que “en los casos de planes de desarrollo de gran escala que pudieran tener mayor impacto en los territorios indígenas, el Estado tiene no sólo el deber de consultar con la comunidad, sino también debe obtener el consentimiento previo, libre e informado de conformidad con sus costumbres y tradiciones”.Eduardo Flores, integrante del movimiento ciudadano por el agua que agrupa 22 mil usuarios de la sociedad del distrito de riego del Valle del Yaqui, dice que es increíble que se siga construyendo una obra sin estudio de impacto ambiental. Con seis juicios de amparo y un desacato por parte del gobierno estatal, y que el gobierno federal avale una ilegalidad, es un mensaje social muy peligroso. “Confiamos en que la Corte atraiga los demás casos que impugnamos y que sean favorables a la población”.