En los últimos tres años, de 2010 a 2012, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)  realizó 18 contratos con proveedores privados extranjeros por varios miles de millones de pesos para la adquisición de equipos y servicios para las áreas de inteligencia de esas fuerzas armadas. El propósito de estas compras es que el Ejército cuente con el equipo tecnológico necesario para investigar a grupos armados (guerrilla) y a la delincuencia organizada (narcotráfico), ante lo cual dichas adquisiciones se clasifican dentro del marco legal de seguridad nacional y por ello, explica la misma Sedena, estos contratos se realizaron mediante asignación directa, sin licitación de por medio y bajo autorización de un comité de compras del Ejército, en donde participa el propio secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván.

 

Sin embargo, mediante una denuncia que salió de la misma Secretaría de la Defensa y fue presentada por militares de alto rango desde marzo pasado ante la Presidencia de la República, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se inició la revisión de ocho contratos, por un monto total de 5 mil 628 millones de pesos, para la compra de equipo de intervenciones telefónicas y espionaje para el área de inteligencia de la Sección Segunda del Ejército.

 

Esta delicada investigación, misma que dimos a conocer en esta columna hace varias semanas y que de acuerdo con la SFP no se encontraron irregularidades, ha desatado una serie de especulaciones en ese cuerpo castrense, y encontrado réplica en la prensa, que llevan como consigna denigrar al Ejército y debilitarlo en momentos en que el crimen organizado cobra mayor fuerza. También ha sido utilizado por algunos grupos al interior del Ejército para pretender posicionarse como candidatos para suceder al general Galván.

 

Ante ello, el propio secretario de la Defensa ordenó al titular de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, general Marco Antonio González Barrera, realizar también una investigación a fondo para determinar quiénes son los responsables de dichas filtraciones y denuncias que afectan y atentan contra la seguridad nacional del país, pues se han revelado las capacidades tecnológicas de las Fuerzas Armadas.

 

En las primeras investigaciones del Ejército se revisa si la información salió de la Oficialía Mayor, cuyo titular es el general Salvador Cienfuegos Zepeda, pues el que resulte responsable puede ser acusado de varios delitos como el de revelar informes relacionados con la seguridad nacional, traición a la patria, daño patrimonial a las instituciones y poner en riesgo la vida de los integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército y Fuerza Área.

 

También se revisan las denuncias y quejas presentadas por la Subsecretaría de la Defensa Nacional, cuyo titular es el general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, área que entregó los ocho contratos y seis convenios modificatorios ante la Presidencia de la República y la Secretaría de la Función Pública para que se investiguen a fondo, y de proceder por algún hecho de corrupción –como el desvío de recursos públicos– se presente denuncia penal ante la Procuraduría General de la República.

 

De acuerdo con el reporte de investigación en poder de la SFP, fue “en marzo de 2012 cuando se presentaron diversas quejas por el otorgamiento de contratos a las empresas AV y D Solutions, SA de CV, y Security Tracking Devices, SA de CV, en donde involucra a altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional adscritos a la Dirección General de Administración, que estaban coludidos para hacer negocios en las adquisiciones y contratos con la Secretaría de la Defensa”.

 

El pasado 1 de julio publicamos en este espacio que ha sido tan intensa la auditoría a los ocho contratos otorgados por la Sedena, que el mismo secretario Rafael Morgan Ríos ordenó la intervención de los subsecretarios de Control y Auditoría de la Gestión Pública, María Guadalupe Yan Rubio, y de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Max Kaiser Aranda.

 

Según esa dependencia, después de varias semanas de revisar los expedientes, los auditores no encontraron irregularidades en la asignación de los contratos ni tampoco malos manejos o desvío de recursos públicos, por lo que se recomendó al Órgano Interno de Control de la Sedena enviar al archivo los  expedientes.

 

En donde andan muy nerviosos es en la Auditoría Superior de la Federación, pues a pesar de que llevan varios meses revisando dichas compras del quipo, para lo cual el mismo titular de la Auditoría, Juan Manuel Portal Martínez, se trasladó a la Sedena para inspeccionar en el Centro de Inteligencia los aparatos adquiridos, aún no concluyen su reporte, el cual es el único que faltaría para determinar si las compras se realizaron apegadas a la normatividad vigente.

 

Sin embargo, fuentes de la ASF reconocieron que después de varios días no han encontrado nada significativo que dé marcha atrás o ponga en duda el manejo de recursos en la Secretaría de la Defensa Nacional. Por ejemplo, uno de los contratos correspondió a la adquisición de equipo muy sofisticado para la intercepción de comunicaciones telefónicas, a razón de 2 mil dólares por cada equipo (28 mil pesos por cada aparato), para la lucha en contra de grupos armados y bandas criminales relacionadas con el tráfico de drogas.

 

Pocas son las ocasiones que se conoce este tipo de auditorías al principal órgano responsable de salvaguardar la seguridad del Estado mexicano. Por eso es importante transparentar los resultados de esta exhaustiva revisión que se hizo a los contratos que llevan a cabo las Fuerzas Armadas y que en gobiernos anteriores se mantenían en una total secrecía e impunidad, lo que permitía el desvío de recursos públicos, el soborno y el cobro de comisiones.

 

*Periodista

 

 

 

Fuente: Contralínea 294