En tribunales del Distrito Federal y varias entidades del país, en juzgados de Nueva York y Texas, al igual que en cortes parisinas, Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus organismos subsidiarios enfrentan numerosos juicios civiles, administrativos, laborales, penales, comerciales, fiscales y de carácter arbitral.

Para afrontar estas contingencias de carácter legal, Pemex cuenta con un amplio grupo de litigantes en su Oficina del Abogado General (OAG) especializados en todos los rubros, y con despachos privados para asesoría, estrategia jurídica y defensa, sin embargo, su nivel de efectividad es muy bajo.

En el caso de los juicios laborales por ejemplo, desde el inicio del gobierno de Vicente Fox, cuando la OAG estaba a cargo de José César Nava, exsecretario particular del presidente Felipe Calderón, los juicios laborales eran 20 mil. Hoy, muy pocos se han desahogado.

 

Pero hay otro tipo de litigios que en cortes nacionales e internacionales le representarán a Pemex una multimillonaria erogación por el pago de las sentencias sumada a los gastos en pago de honorarios, contratación de despachos externos, viáticos, gastos de representación y peritaje.

 

La administración de Felipe Calderón, con Juan José Suárez Coppel al frente de Pemex, arrastra litigios tan complicados que, incluso para hacer frente a esos pasivos contingentes, la paraestatal transfirió en diciembre de 2011 una reserva de 8 mil 430 millones 795 mil pesos y 8 millones 412 mil 697 dólares, de acuerdo con el informe de abril de 2012 que Pemex envió a la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.

 

De muchos de los litigios más conflictivos el presidente Felipe Calderón tuvo conocimiento de primera mano durante su paso como secretario de Energía, a la sazón presidente del Consejo de Administración de Pemex, pero poco se hizo por resolverlos, y sus abogados menos por defender el patrimonio de la petrolera.

 

Los litigios más conflictivos y costosos que hoy enfrenta Pemex –según plantea en su informe ante la SEC– son:

 

El Conproca versus Pemex: el consorcio Conproca, SA de CV (Consorcio Proyecto Cadereyta), que exprofeso integraron la compañía coreana SK Engineering, la alemana Siemens y la mexicana Tribasa, fue contratada en 1998 por Pemex Refinación para la reconfiguración y modernización de la Refinería Héctor Lara Sosa, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León. Tres años después demanda a México en cortes internacionales para exigir una millonaria indemnización.

 

En agosto de 2001, la Procuraduría General de la República abrió una indagatoria que involucraba a  funcionarios de la paraestatal, incluido el titular de la subsidiaria que contrató a Conproca, Jaime Mario Willards Andrade, acusados de hacer pagos injustificados al consorcio.

 

En septiembre Conproca acudió a la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en París, y entabló un juicio en contra de Pemex y de Pemex Refinación, acusándolas de negarse a pagar los montos adicionales que se generaron durante la ejecución de su contrato. La demanda quedó integrada en el expediente 11760/KGA.

 

Desde su origen el litigio se tornó polémico porque durante la administración de Ernesto Zedillo, la adjudicación del proyecto –uno de los más caros de su tiempo: 1 mil 800 millones de dólares– se dio en condiciones turbias, y a lo largo de la ejecución del contrato, el monto original se fue incrementando mediante estrategias de “vicios ocultos”.

 

El contrato lo asignó el entonces titular de Refinación, Jaime Mario Willards Andrade (amigo personal de Zedillo) con Rogelio Montemayor Seguy como su jefe directo. Ambos saldrían de Pemex en medio de graves acusaciones de corrupción, Montemayor por el Pemexgate, y Willars involucrado en irregularidades en la asignación de un contrato de 1 mil 390 millones para la construcción de una planta de éter metil terbutilo, respecto del cual, en diciembre de 2007, la Secretaría de la Función Pública (SFP) le dictó una inhabilitación.

 

En el caso de la obra contratada a Conproca, aunque estaba inconclusa, los funcionarios la recibieron como terminada y pagaron el finiquito, pero después la compañía buscó cobrar montos adicionales, y luego pretendió una “indemnización” de 630 millones de dólares que  llegó a demandarle a Pemex ante la corte parisina.

 

Ante el tribunal internacional, el consorcio argumentó que los funcionarios de Pemex le firmaron documentos en los que aceptaban la existencia de un posible adeudo por “ajuste” de eventos críticos. Pemex argumentó que la obra apenas llegó al 60 por ciento y le reclamó a Conproca 900 millones de dólares por daños a las instalaciones de Cadereyta por el uso en la obra de reconfiguración de materiales de deficiente calidad.

 

Cabe aclarar que para esos momentos los funcionarios de Pemex ya no eran los amigos del presidente Ernesto Zedillo sino directivos designados por la recién llegada administración de Vicente Fox, cuando aún estaba viva la promesa de “atrapar a los peces gordos de la corrupción”, y cuando la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo abrió investigaciones de los casos más graves de corrupción, cuya sanción prácticamente quedó empantanada.

 

Tal como argumentó Pemex ante la corte de París, la famosa reconfiguración en Cadereyta nunca se materializó por completo. La refinería nunca produjo al ciento por ciento ni mucho menos con mayor eficiencia. Ante el arbitraje internacional, Pemex argumentó que la obra hecha por Conproca trabajaba apenas a una sexta parte de su capacidad.

 

No obstante, al cabo de los años los abogados de Pemex poco hicieron y nada lograron por preservar el patrimonio de la paraestatal. El 17 de diciembre de 2008 recibieron el fallo a favor de Conproca, sin que se especificara el monto que Pemex debía pagarle. Conproca reclamó 424 millones 890 mil dólares, y Pemex 116 millones 25 mil dólares.

 

El pasado 11 de enero, la corte parisina le ordenó a Pemex pagarle a Conproca 311 millones 178 mil dólares, y a Conproca pagar 29 millones 56 mil dólares. Luego se acordó que Conproca pagaría 282 millones 121 mil dólares más los gastos financieros e impuestos. El 10 de febrero Conproca presentó una solicitud para aclarar el laudo definitivo, la resolución aún está pendiente.

 

Así, la obra contratada a Conproca le ha costado a Pemex no sólo las pérdidas por la reconfiguración fallida, sino los millones que ha invertido en un litigio internacional en el cual debió presentar pruebas y costosos peritajes, y próximamente, el monto que le dicte el juzgado arbitral.

 

 

 

En diciembre de 2004, la Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral, S de RL de CV (Commisa), recurrió también a la corte parisina para demandar a Pemex Exploración y Producción (PEP) por supuesto incumplimiento de contrato. PEP la contrató para construir dos plataformas para Cantarell, identificado como Proyecto N.CIP-01.

 

Tras cinco años de litigio, en el caso número 13613/CCO/JRF, el 1 de diciembre de 2009 el tribunal falló en contra de Pemex,  y condenó a pagar a Commisa 293 millones 645 mil dólares más 34 millones 459 mil dólares de intereses; pero el consorcio consideró que era insuficiente y demandó otros 5 millones 919 mil dólares. El 13 de enero de 2010, la corte le notificó a PEP del fallo en su contra.

 

Dos días antes, la compañía había acudido ante un tribunal de Distrito en Nueva York, para solicitarle la ejecución de la sentencia del tribunal internacional que le fue favorable. En éste, el 2 de noviembre de 2010, se dictó sentencia en contra de PEP, ordenándole a pagar 355 millones 864 mil dólares. La paraestatal apeló el fallo y pidió que la ejecución del juicio se aplazara hasta que se resolviera su inconformidad. La petición le fue concedida con la condición de que depositara el dinero en una cuenta de la Corte, lo que Pemex hizo el 30 de diciembre de 2010.

 

En México, en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal la subsidiaria solicitó y logró que se anulara la sanción en su contra el 24 de octubre de 2011. Con base en esa resolución, PEP promovió una moción ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para que, con base en lo que dictó la autoridad mexicana se le devolviera el depósito de garantía. Por su parte, el 16 de febrero de 2012 Commisa le solicitó al tribunal arbitral confirmar el laudo a su favor. La audiencia tuvo lugar el pasado 10 de mayo, y la resolución final aún está pendiente.

 

Otro caso conflictivo que heredará este gobierno es el de la compañía Unión de Sistemas Industriales, SA de CV. En diciembre de 2003, Usisa demandó a Pemex Refinación ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil, en el Distrito Federal (integrado en el expediente 202/2003) para anular un contrato de trabajo a precio fijo cuyo objetivo era la modernización del sistema de protección catódica en algunos oleoductos. Demandó a Pemex también 393 millones 94 mil pesos por supuestos daños, perjuicios y gastos.

 

El 13 de julio de 2010, el Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa en el Distrito Federal dictó sentencia y le ordenó a Pemex pagar 89 millones, más gastos financieros. La paraestatal pagó, pero luego Usisa demandó otros 67 millones 281 mil pesos por “gastos financieros”. Se abrió una nueva etapa probatoria respecto a ese requerimiento, y Pemex designó a sus peritos cuyo análisis está en curso.

 

 

 

 

Los daños ambientales son uno de los lastres más costosos para Pemex a pesar de que cada año millones de dólares supuestamente se invierten en equipo, sistemas y programas predictivos, preventivos y correctivos.

El litigio más complicado es un juicio de carácter civil que en agosto de 2007 promovió Leoba Rueda Nava en el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, por daños al ambiente y responsabilidad civil de la contaminación en tierra provocada por residuos de aceite, hidrocarburos y sustancias tóxicas.

 

Integrado en el expediente 12/2007, el 19 de mayo de 2010 se dictó sentencia a favor del demandante. Pemex y su subsidiaria Refinación fueron condenadas a pagar daños y perjuicios por 995 millones 877 mil pesos más intereses, así como gastos relacionados con la reclamación. Sin embargo, el demandante se inconformó contra la sentencia porque su pretensión económica es de 2 mil 800 millones de pesos.

 

El 14 de junio de 2011, el Primer Tribunal Unitario del Décimo Circuito anuló la sentencia dictada por el Juzgado Decimocuarto argumentando que la demanda no debería haber sido sometida a un tribunal civil, y ordenó al demandante a pagar los gastos relacionados con esta afirmación. El demandante presentó un recurso de amparo que en enero pasado le fue negado. El asunto aún es incierto.

Otro caso similar es el que promovió Irma Ayala Tijerina de Barroso el 14 de abril de 2010 junto con otros ciudadanos en contra de Pemex y Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) por daños y perjuicios por la supuesta contaminación de la zona aledaña a las instalaciones del complejo procesador de gas de Reynosa.

 

Ante el Juzgado Séptimo de Distrito se demandó a la petrolera 1 mil 490 millones 873 mil pesos. Ese 7 de mayo, la paraestatal respondió que el tribunal carecía de jurisdicción sobre la materia y territorial, pero su apelación fue denegada, recurrieron entonces ante el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito que también rechazo el caso el 6 de mayo de 2011.

Pero el 26 de mayo, los demandados presentaron un recurso de amparo y una suspensión provisional que fue concedida. Actualmente la etapa de evaluación de pruebas continua y la resolución definitiva del caso está pendiente.

 

 

 

 

 

El 20 de septiembre de 2010, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le notificó a PEP que en materia hacendaria sus cuentas no eran del todo nítidas. En impuestos tenía un gigantesco adeudo de 4 mil 575 millones 208 mil pesos, derivado de impuestos federales más el valor añadido de impuestos y el derecho ordinario sobre hidrocarburos.

 

Formalmente, la Secretaría de Hacienda le notificó el 22 de septiembre y para el 30 de noviembre PEP presentó un reclamo administrativo (número 28733/10-17-03-7) ante la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

 

El caso se dio como aceptado el 14 de febrero de 2011. El 24 de agosto el SAT respondió y presentó documentos para desvirtuar las pruebas periciales ofrecidas por PEP. El 30 de agosto la subsidiaria apeló. Desde el 6 de septiembre de 2011, cuando Pemex presentó a su perito designado, el juicio se encuentra en etapa probatoria.

 

Según el SAT, el resto de las subsidiarias estaban en la misma situación. En febrero de 2010, le notificó a Pemex Refinación que adeudaba más de 1 mil 500 millones de pesos en impuestos. El monto del adeudo hasta abril de este año, suma 1 mil 553 millones 371 mil pesos más intereses y sanciones, de acuerdo con una cuantificación hecha por los directivos de Pemex en sus reportes financieros ante la Comisión de Valores de Estados Unidos.

 

Pemex Refinación interpuso el 30 de noviembre de 2010 un reclamo administrativo –número 28733/10-17-03-7– radicado por el Tercer Tribunal Regional Metropolitano del Tribunal Federal Fiscal y Administrativo. El 24 de agosto de 2011 los abogados del SAT presentaron su respuesta e impugnaron la prueba pericial ofrecida por la paraestatal; seis días después la paraestatal apeló y en septiembre ofreció al experto que deberá abonar las pruebas contra las autoridades hacendarias. Actualmente el juicio se encuentra en etapa probatoria.

 

 

 

Desde el proceso de licitación, se documentó ampliamente las irregularidades que se vislumbraban en la contratación que PEP hizo con la compañía EMS Energy Services (Energy Maintenance Services) para que se encargara del mantenimiento y operación de 1 mil 700 kilómetros de ductos de Campeche, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, de 2008 a 2018. Pronto el contrato número 420407836, el más costoso en el rubro de servicios en la historia de Pemex (4 mil 312 millones 553 mil pesos), se convirtió en un dolor de cabeza para la paraestatal.

 

Para conocer paso a paso las presuntas irregularidades en las que incurrieron los funcionarios de la paraestatal y las deficiencias de la compañía, basta consultar los artículos publicados (Contralínea 210 , Contralínea 224  y Contralínea 258 ), que documentan cada incumplimiento y los trabajos ficticios que en colusión les pagaron funcionarios de Pemex, tal y como comprobaron también la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública en sus respectivas auditorías.

 

La referencia de este caso surge porque en su informe ante la SEC,  los directivos de Pemex lo consideran hoy como uno de los problemas litigiosos de mayor relevancia para la petrolera mexicana. El asunto tomó otro revés para Pemex a partir de que EMS decidió llevar a tribunales a la paraestatal.

En febrero de 2011, ante el Juzgado Tercero de Distrito en Villahermosa, Tabasco, EMS Energy Services de México y Mantenimiento de la Energía Servicios presentaron la demanda en su contra, integrada en el expediente número 227/2010.

 

Los demandantes buscan que Pemex les pague 193 millones 713 mil dólares por “daños” derivados de la rescisión del contrato. El juicio se encuentra en etapa probatoria. Pero además, el 2 de diciembre de 2011, el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Circuito les concedió un recurso de apelación interpuesto por los demandantes (número 31/2011-VII). El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrió también un expediente del caso, que actualmente está en etapa de integración.

 

EMS ha recurrido a tribunales locales y federales, en un juicio que se advierte cada vez más conflictivo y que se bosqueja para dirimirse en cortes internacionales. La discusión actual está centrada en la supuesta inconstitucionalidad de la Ley de Obras Públicas. El proceso está en etapa probatoria.

 

 

Otro caso considerado como de alta conflictividad es el juicio que en 2010 promovió la compañía Saboratto, SA de CV, en contra de PEP. En la demanda civil 469/2010, en el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, se le demandan 1 mil 451 millones 472 mil pesos por “daños”. El juicio está en la etapa de la definición de un amparo que promovió la paraestatal.

 

Está también la demanda que presentó la compañía La Norma, SA, en contra del director general de Pemex y el director de PEP, ante la Segunda Sala Regional Hidalgo-México, y el Tribunal Federal Administrativo en Tlalnepantla, expediente número 4334/11-11-02-6. La empresa reclama 1 mil 552 millones 730 mil pesos más el pago de daños y perjuicios por la falta de reconocimiento de sus supuestos derechos derivados de concesiones declaradas nulas y sin valor. Los abogados de la paraestatal se inconformaron argumentando que el tribunal carecía de jurisdicción. En marzo pasado la Corte dictaminó que no resolverá hasta que el SAT presente un informe sobre la residencia fiscal del demandante.

 

Para la elaboración de este trabajo se solicitaron entrevistas con los directivos de Pemex, en particular con la Oficina del Abogado Genreal. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

 

 

Contralínea 291