En el caso de la compra y venta de condensado de gas robado por el crimen organizado en la Cuenca de Burgos, al Norte de México, y contrabandeado a Estados Unidos para su comercialización, aún hay una gran maraña en la que no se tiene total claridad del alcance de las implicaciones y responsabilidades de todos los involucrados, pero los datos que van surgiendo confirman que este asunto es el mayor escándalo de corrupción en la industria petrolera mundial: compañías trasnacionales de renombre comprándole a los cárteles de la droga hidrocarburos robados a Petróleos Mexicanos (Pemex).

 

Por lo menos desde 2006, el crimen organizado en México se dedica a la sustracción ilícita y comercialización de todo tipo de hidrocarburos, con tal alcance, que para algunos cárteles representa una de sus principales vías de ingreso. El condensado de gas natural es uno de los más cotizados. Con la complicidad de funcionarios y empleados de Pemex, los roban directamente de los pozos del yacimiento que se ubican en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, de las instalaciones de almacenamiento o directamente se los entregan en los propios camiones que transportan el gas a las refinerías de Pemex. La cantidad robada en el norteño yacimiento se ha acercado al 40 por ciento de la producción total.

 

En tribunales de Texas, desde 2010 han sido enjuiciadas numerosas empresas por su participación en el ilícito negocio. El próximo 9 de julio en una corte del Distrito Sureste tendrá lugar la audiencia inicial del juicio, que en abril promovió Pemex en contra de Shell Chemical Co y su filial STUSCO, Conoco Phillips, Sunoco Marketing Partners LP, FR Midstream Transport y Marathon Petroleum.

 

Los señalamientos son muy similares a los que Pemex presentó en las dos anteriores demandas promovidas en contra de otras importantes compañías (Contralínea 283 ). Se habla de conspiración para robar o alentar el robo de hidrocarburos y con ello las ganancias de los cárteles de la droga mexicanos y al crimen organizado.

 

Sin embargo, la particularidad de esta tercera demanda es el alcance que tiene el que Shell y su filial estén como supuestas implicadas dada la importancia de esa compañía en el negocio energético y su relación con Pemex: se trata de la petrolera más grande del mundo, que además se promueve como de amplia reputación de acuerdo con el ranking en el que en 1996, Fortune identificó como las compañías con la mejor reputación en el sector petrolero; pero además, a diferencia del resto de las acusadas, Shell es socia de Pemex.

 

 

Royal Dutch Shell es una petrolera anglo-holandesa cuyo mercado abarca la exploración, producción, transporte, refinación, distribución y comercialización de petróleo crudo, gas y sus derivados. Asimismo, participa en el mercado de la energía eólica, eléctrica, biocombustibles y petroquímicos. Entre sus productos se incluyen gas natural, gas licuado, gasolina, parafina, diésel, aditivos, lubricantes, turbosina, asfalto y etanol, entre otros. Fundada en 1907, tiene su sede en La Haya, Holanda.

 

Shell es propietaria de 25 refinerías y tiene activos de exploración y producción en 37 países. Una de esas refinerías es Shell Deer Park, fundada en 1929 en la ciudad de Deer Park, en el Sureste de Texas, a unos 20 kilómetros de Houston (llamada también la capital petrolera estadunidense). Según su propia información corporativa, justo antes de la Gran Depresión, Shell fue la primera industria en asentarse en Deer Park.

 

Hoy esa refinería es una de las más productivas, de hecho, la sexta más importante en todo Estados Unidos. Y éste es un dato que a cualquier mexicano debiera importarle porque es su socio capitalista: el 50 por ciento del capital accionario es de Pemex.

 

En el esquema de privatización de paraestatales, en febrero 1993 bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Pemex a través de su división internacional, PMI Norteamérica, SA de CV, se asoció con Shell Oil Company para inyectarle capital a esa refinería, transferido mediante la creación de la empresa Deer Park Refining Limited Partnership (DPRLP) en la que cada una tiene el 50 por ciento de las acciones.

 

Los activos de la refinería son administrados y operados por Shell Oil Company a través de Deer Park Refining. La sociedad se maneja en un completo esquema de empresa privada en la que no se rinde cuentas de los movimientos financieros aun cuando la mitad de su capital es dinero público mexicano. De allí que en distintas ocasiones la Auditoría Superior de la Federación haya observado la discrecionalidad con la que se administran las “empresas privadas” de Pemex (Contralínea 251 ).

 

El gobierno de Salinas justificó la inversión en una refinería privada y no en las propias (las seis que se hallan en México) argumentando que si se invertía en Deer Park, se “aportaría valor a la producción del crudo Maya de Pemex, en lugar de enfrentar el costo de la modernización de las refinerías locales”. Se dijo que de esa manera Pemex minimizaría costos de la refinación de crudo. Al cabo de los años quedó demostrado que ese proyecto privado –como ocurrió con la sociedad en Mexlub– no le representó a la paraestatal ni la reducción de costos ni alguna ventaja económica como empresa pública, pues en México el precio de los refinados se encuentra hoy entre los más caros del mundo.

 

Como parte de esas negociaciones de asociación se firmó un contrato maquila, para que Deer Park procesara grandes volúmenes del crudo pesado Maya. El contrato estuvo vigente hasta marzo de 2007, pero el refinado se regresaba a México, vía PMI, a precios del mercado internacional. Es decir, como si se enviará a cualquier refinería privada y no a su refinería.

 

El analista en materia energética, Juan Ramón Jiménez, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México y con estudios también de economía en las universidades de Chicago, San Antonio y Nueva York, define a Shell como una socia silenciosa de Pemex, en una sociedad que no rinde cuentas a nadie:

 

 “Esa asociación no rinde cuentas a nadie, excepto a las reinas de Inglaterra y de Holanda, las grandes beneficiarias desde la nacionalización de nuestro petróleo en 1938, donde el gobierno de México se vio en la necesidad de negociar ventas de crudo a los nazis a cambio de tecnología. Desde entonces Shell se convirtió en el socio silencioso de Pemex”, explica Jiménez.

 

Ese “socio silencioso” es hoy otro eslabón en el entramado de la penetración del crimen organizado en Pemex. Oficialmente Deer Park es destino de una porción del condensado de gas que se extrae de la Cuenca de Burgos. Hoy Pemex acusa a Shell, la operadora de esa refinería, de su supuesta implicación en el negocio ilícito.

 

De manera que, al parecer, el condensado robado por los cárteles de la droga en México y contrabandeado a Estados Unidos pudo también maquilarse en la refinería de la que Pemex es socia, y luego regresarse a México ya como gasolina, o transferirse ya refinada a los propios clientes de Pemex.

 

El propio galimatías da una idea de los enrevesados negocios que envuelven hoy a la paraestatal mexicana.

 

 

 

El yacimiento de gas Cuenca de Burgos se ubica al Noreste de México bajo una superficie de más de 70 mil kilómetros cuadrados que abarca los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Allí Pemex, a través de su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP) opera 2 mil 827 pozos de gas, cuyo condensado se transporta a 150 estaciones de recolección, luego se lleva a 52 tanques de transferencia y a los sistemas de entrega.

 

Una parte de la producción se lleva a los centros de proceso de Pemex, otra parte a la Refinería Héctor Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León; y otra se envía, precisamente a la refinería de Deer Park, a través de PMI.

 

Todas las entregas de condensado son en calidad de transferencia interorganismos porque Pemex no hace ventas a particulares. De manera que todas las adquisiciones que empresas estadunidenses y europeas han hecho de condesado “mexicano” son ilegales.

 

Desde 2006 se ha documentado que cantidades industriales de condensado mexicano han inundado territorio estadunidense, donde se cotiza muy bien, particularmente para la elaboración de gasolinas de alta calidad. Sólo que ni una sola gota de ese condensado es legal, es decir, todo absolutamente es robado.

 

La demanda que Pemex presentó en abril en la Corte Federal del Distrito Sureste de Texas, cuya audiencia inicial es el próximo 9 de julio, identifica a STUSCO, filial de Shell, como uno de los principales vendedores de ese condensado robado: “Algunos de los acusados ??sabían o al menos debería haber sabido, que negociaban con condensado robado”, refiere la acusación.

 

En 1998 Shell creó STUSCO para comprar y vender petróleo crudo, productos terminados y materias primas; también para operar su participación en el mercado de futuros del petróleo. Como parte de la red de Shell Global Trading, STUSCO compra y vende más de 5 millones de barriles de hidrocarburos por día en los mercados físicos, por lo que es una de las empresas con mayor mercado en la comercialización de petróleo en todo el mundo.

 

A su vez, STUSCO también se encarga de adquirir el petróleo crudo para otras dos divisiones de Shell: Shell Oil Products Estados Unidos y Motiva Enterprises LLC, y luego vende los refinados que éstas producen. Tiene su sede en Houston, y operaciones en Denver, Midland, Dallas, San Antonio, Washington y Nueva Orleans en Estados Unidos, y en Calgary, Canadá.

 

Cabe señalar que la demanda plantea que “probablemente” las acusadas desconocían que el hidrocarburo que compraron había sido robado por los cárteles de la droga y revendido en Estados Unidos a través de diferentes empresas.

 

La acusación distingue que al parecer algunas de esas empresas adquirieron el condensado cuando ya otras habían lavado su origen, es decir, que serían ajenas a la sustracción o la comercialización con conocimiento de que era robado y trasladado a territorio estadunidense por las organizaciones criminales, ya que lo adquirieron por medio de terceros; pero que tampoco se aseguraron de que el hidrocarburo tuviera los derechos o título de propiedad “y por lo tanto era ilegal bajo las leyes de México y de Estados Unidos”.

 

Se solicitó a la representación de Shell en México su postura respecto a las acusaciones de Pemex bosquejadas en la demanda en su contra que se ventila en cortes de Texas. La respuesta del área de comunicación, a cargo de Rafael Andapia, fue que “Shell no hace comentarios sobre litigios pendientes”. Por parte de Pemex, hasta el cierre de esta edición no había respuesta.

 

Aún cuando los diferendos judiciales apenas comienzan, la sola acusación podría poner en jaque a las petroleras acusadas, pues la mayoría cotiza en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, y como tal, deben cumplir con estrictos códigos de conducta corporativa, evitar las malas prácticas y por supuesto no verse envueltas en situaciones de corrupción. Y en su reporte anual ante la SEC (Securities and Exchange Commission), que le envió en abril, Pemex ya informó de las compañías recientemente demandadas.

 

 

Pemex acusa que la venta de condensado robado “requiere una conspiración en Estados Unidos para pasar el gas por la frontera, lavar su fuente y fraudulentamente distribuir y vender el producto al beneficiario final”.

 

Pero además, las compañías están obligadas a cumplir prácticas anticorrupción en cualquier país del mundo en el que operen. Casi todas, supuestamente las cumplen, posición que podría echarse por tierra de comprobarse su culpabilidad.

 

Royal Dutch Shell, por ejemplo, es una de las empresas enlistadas en el informe Políticas y medidas anticorrupción de las empresas Fortune Global 500, elaborado por la Oficina regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito como una de las compañías que cuenta con un plan para abatir la corrupción. Aunque en esa misma lista se incluye también a Walmart, corporativo que, según reveló el diario estadunidense The New York Times, habría pagado consecutivos sobornos en México para expandir su mercado.

 

Y no se trata sólo de códigos de conducta. Durante años, Pemex ha contribuido a que Shell se erija como la petrolera más poderosa y lucrativa a nivel mundial. Subsidiarias como PEP le han transferido actividades que eran función propia de la paraestatal, obviamente, a cambio de cuantiosos pagos.

 

Shell opera sus negocios con el gobierno mexicano a través de las firmas Shell Global Solutions International, Shell Construcciones, SA de CV, Shell Aviation Limited, Shell México, SA de CV, Shell Mexico Gas Natural, S de RL de CV.

 

En sus demandas, Pemex plantea que su intensión de llevar a instancias judiciales a empresas y ejecutivos vinculados a la compra y comercialización de hidrocarburos robados es en un afán de abatir los robos, pero eso no ha ocurrido, los robos no han mitigado. De hecho los abogados de Pemex refieren que, aunque supuestamente en la zona se “ha reforzado la seguridad para evitar el robo de combustible”, sus esfuerzos han sido en vano “debido a la corrupción generalizada”.

 

Y es que ahora los embarques de condensado robado no sólo se trasiegan en pipas y camiones cisterna, sino que las organizaciones criminales ya operan sus propios ductos conectados a través de túneles para agilizar el flujo del condensado. En su demanda Pemex refiere la instalación de “sus propias tuberías para facilitar los robos”.

 

 

Los primeros robos de condensado de gas se registraron en 2006. Con la colaboración de empleados de Pemex, de sus contratistas, empresas privadas y agentes aduanales asociados con cárteles de la droga vieron en los hidrocarburos una atractiva veta de negocios. El condensado era trasegado de cualquier punto de la Cuenca hasta la franja fronteriza de Tamaulipas y de ahí los embarques eran cruzados por las aduanas formales mediante documentos aduanales apócrifos en los que los cargamentos se registraban como si fuera nafta.

 

Luego los embarques se llevaban hasta terminales y bodegas de las zonas portuarias de Texas para su almacenamiento temporal y posterior distribución a los compradores.

 

Entre 2008 y 2009, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Drug Enforcement Administration, el Federal Bureau of Investigation y el Immigration and Customs Enforcement, indagaron el origen y destino de los numerosos embarques de gas que diariamente eran introducidos de contrabando por las aduanas de Tamaulipas –en promedio 200 pipas diarias– desembarcadas posteriormente en la región portuaria del Sur de Texas.

 

La amplia investigación descubrió que el gas provenía de Burgos en el lado mexicano, y que la organización criminal detrás del negocio era La Compañía (formada por la dupla del cártel del Golfo y Los Zetas). Tras la escisión, cada uno continuó por su parte con el negocio.

 

Se descubrió como destinatarias de esos embarques tanto a pequeñas compañías, como a importantes empresas con amplia infraestructura y lujosos corporativos en Houston, Pasadena, Clear Lake, Freeport, Beaumont, Tulsa, Oklahoma, Brownsville, San Antonio, y muchas otras ciudades. Empresas cotizando en Wall Street y negociando con la mafia.

 

Hasta después de que el gobierno de Estados Unidos enjuició a las primeras compañías, Pemex, a través de despachos contratados en ese país presentó la primer demanda. Aunque, como se ha documentado, desde 2007 el gobierno de Felipe Calderón fue informado de todo el modus operandi.

 

Aunque los cárteles se apoderaban de algunas pipas de manera forzada en asaltos armados, la mayoría eran depositadas en sus manos por los propios conductores, transportistas contratados para transportar el condensado a los centros de transferencia. En el camino vaciaban el condensado en otras pipas, y las otras las rellenaban con agua, y era esa agua la que los empleados de Pemex les recepcionaban, como si fuera el hidrocarburo.

 

En julio de 2010, abogados de un despacho privado de Dallas contratado por Pemex, presentaron la primera demanda contra las “potenciales compradoras”: Basf Corporation, Murphy Energy Corporation, Trammo Petroleum, Inc; Bio-Un Suroeste, Inc; Combustibles del Valle; Petróleo Depot, Inc; y contra los ejecutivos Donald P Schroeder, Arnoldo Maldonado, Jonathan Dappen, Stephen Pechenik, Timothy Brink y Josua Crescenzi.

 

Se acusó a todos de “asistir directamente” y “alentar” el robo y la violencia “participando activamente en el contrabando de condensado robado y/o la compra para su uso en Texas”, algunas de ellas con conocimiento de su origen ilícito.

 

En mayo de 2011 se presentó la segunda demanda. Ésta, en contra de las compañías Big Star Gathering LLP, Ltd; F & M Transportation, Inc; Joplin Energy, Llc; F/K/A Hayes Hutchison Energy, Llc; Plains All-American Pipeline, LP; Semcrude, LP; Saint James Oil, Inc; Superior Crude Gathering, Inc; Transmontaigne Socios, LP; Western Refining Company, LP; y las personas físicas James Jensen y Jeff Kirby.

 

 

 Fuente: Contralínea 289