Ordeña de gas condensado en la Cuenca de Burgos

El robo de gas condensado en la Cuenca de Burgos comenzó en los sexenios panistas. Desde inicios de su gobierno, la Presidencia fue informada del modus operandi, también la Secretaría de la Función Pública, que declaró “incompetencia para investigar”. La omisión habría alentado los hurtos: a medida que avanzó el sexenio, el yacimiento se consolidó como una veta de negocios para la mafia con una industria paralela a Pemex que abastece a petroleras trasnacionales

Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó en abril una tercera demanda en contra de compañías de origen estadunidense y europeo acusadas de comprar gas condensado robado por los cárteles de la droga en la Cuenca de Burgos, el yacimiento de gas que se ubica a lo largo de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila: uno de los más prolíficos del mundo.

En esta nueva acusación judicial ante las cortes de Texas, la paraestatal demanda a las empresas Conoco Phillips, Sunoco Marketing Partners LP, FR Midstream Transport, Marathon Petroleum, y dos filiales de la Royal Dutch Shell el resarcimiento económico por las supuestas compras ilegales de los hidrocarburos de su propiedad.

Para los cárteles de la droga los hidrocarburos son ahora tan lucrativos como la cocaína. Del oro negro comercializan desde petróleo crudo (que extraen de los oleoductos), gasolina y diésel (a través de tomas clandestinas instaladas en la red nacional de ductos), hasta todo tipo de lubricantes y refinados de pipas y camiones cisterna. Pero en especial el que les deja muy altos márgenes de ganancias por su alta demanda en el mercado es el gas condensado, subproducto que se obtiene en el proceso de extracción del gas natural.

La venta que hace Pemex de gas condensado no es a particulares, sino exclusivamente entre las subsidiarias que lo utilizan como materia prima en diversos procesos de producción. No obstante, desde 2006, cantidades industriales de condensado mexicano han inundado territorio estadunidense, donde se cotiza muy bien, particularmente para la elaboración de gasolinas de alta calidad. Ni una sola gota de ese condensado es legal, es decir, absolutamente todo es robado.

Entre 2010 y 2012, una veintena de compañías pequeñas, medianas e inclusive trasnacionales del sector energético han estado implicadas en transacciones mafiosas, según acciones judiciales en su contra que hablan de compras que habrían hecho a los traficantes vinculados o asociados con los cárteles de la droga mexicanos.

Las acusaciones promovidas por los abogados de Pemex –todas en cortes de Texas– incluyen a importadoras, transportistas, operadoras de ductos, de refinerías, comercializadoras de hidrocarburos y consorcios de la industria química principalmente.

Entre las compañías que judicialmente han sido implicadas destacan el caso de Murphy Energy, corporativo que produce aceites y gasolina que comercializa en sus propias gasolineras en todo Estados Unidos, instaladas junto a los Walmart y Sam’s, con el nombre de Murphy USA; también la Basf, el gigante mundial de la industria química; y ahora las subsidiarias de Shell, consorcio propiedad de la corona holandesa.

Abogados de algunas de las compañías demandadas por Pemex explicaron que “desde dentro de Pemex se les indicó comprarle el hidrocarburo a quien se lo compraron” y ese es, precisamente, el argumento de su defensa.

En marzo los abogados, quienes pidieron guardar su identidad dados los procesos jurídicos en curso, aseguraron que las adquisiciones que hicieron del gas condensado fueron inducidas desde el interior de Pemex. De lograr probar su dicho, el caso pondría en evidencia el nivel de infiltración que el crimen organizado tiene en la paraestatal.

Por lo pronto, en torno a este caso, hay muchos elementos que evidencian cómo la omisión oficial de parte del gobierno de Felipe Calderón contribuyó a que en su sexenio el yacimiento gasero se convirtiera en una veta de negocios del crimen organizado.

Incompetencia oficial

Ésta es la historia del impacto que tuvo la omisión de una denuncia que desde Pemex se envió a la casa presidencial y que por disposición de los más altos funcionarios fue sepultada:

Los robos de condensado en la Cuenca de Burgos inauguraron el último año de gobierno de Vicente Fox Quesada. En el tradicional año de Hidalgo, empleados de Pemex, de sus contratistas, empresas privadas y agentes aduanales asociados con cárteles de la droga hallaron en los hidrocarburos una atractiva veta de negocios.

El condensado era trasegado de cualquier punto del extenso yacimiento de 70 mil kilómetros cuadrados hasta la franja fronteriza de Tamaulipas y de allí, los embarques cruzados por las aduanas formales mediante documentos aduanales apócrifos en los que los cargamentos se registraban como si fuese nafta. Luego los embarques se llevaban hasta terminales y bodegas de las zonas portuarias de Texas para su almacenamiento temporal y posterior distribución a los compradores.

Entre 2008 y 2009 el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la DEA (Drug Enforcement Administration), el FBI (Federal Bureau of Investigation) y el ICE (Immigration and Customs Enforcement) efectuaron una investigación que exhibió la implicación de importantes consorcios en la compra de condensado robado en Burgos con el auspicio de los cárteles de la droga y comercializado en ese país. Se identificó entonces a La Compañía –la dupla que formaban el cártel del Golfo y Los Zetas– como la organización detrás de ese negocio.

No fue sino mucho después de que las enjuició el gobierno de Estados Unidos que, en 2010, los abogados de Pemex presentaron la primera demanda en contra de algunas empresas. No obstante que desde 2007 el gobierno de Calderón fue informado de las ordeñas en cantidades industriales y su destino, tal y como lo revelan documentos recibidos por la Presidencia de la República.

El 10 de agosto de 2007 la Presidencia de la República recibió una denuncia que detallaba que en Burgos diariamente 200 pipas eran llenadas con condensado y contrabandeadas hacia Estados Unidos. Desde la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Ejecutivo declaró “incompetencia para investigar”.

Cita el documento: “En las aduanas de Reynosa y las que se encuentran cerca de ésta se está realizando el paso de productos pertenecientes a Petróleos Mexicanos, sin que estas aduanas soliciten a los exportadores ningún documento que acredite la propiedad de dichos productos. Realizando así el robo en contubernio con las autoridades de aduanas.

“La aduana de la ciudad de Reynosa y los puentes fronterizos que se encuentran cerca permiten el paso de carrostanque a Estados Unidos sin que se les pida ningún permiso ni procedencia del producto, realizándose un robo escandaloso ya que por ese lugar pasan al vecino país más de 200 carrostanque por día.

“Como usted sabrá es una mafia entre Petroquímica Gas autoridades civiles y militares, así como agentes aduanales y lo más delicado, la Secretaría de Hacienda, ya que ésta jamás pide a quién se le compró el producto que se exporta a Estados Unidos; la única manera de evitar ese robo es que la aduana pida las facturas correspondientes de a quién le compran y los pagos que se hacen de este producto para enviarlo fuera del país [sic].”

Sin embargo, más peculiar fue la respuesta que el gobierno dio al denunciante a través de la Secretaría de la Función Pública: “Incompetencia para investigar”.

En la región gasera, a medida que crecía el robo, también aumentaba la participación de empleados de Pemex, así lo documentan los expedientes integrados por las contralorías internas de la paraestatal. El robo creció exponencialmente en respuesta a la demanda de condensado mexicano que se hacía desde territorio estadunidense. Para finales de 2007, el 40 por ciento de todo el gas condensado que se producía en la Cuenca de Burgos era robado y contrabandeado hacia el vecino país del Norte.

Ante las contralorías internas de Pemex Exploración y Producción (PEP) y Pemex Refinación, trabajadores de Pemex denunciaron supuestas amenazas y golpes si se negaban a colaborar en la sustracción ilícita. La mayoría de esos expedientes fueron simplemente archivados por las autoridades. Muchas de esas indagatorias fueron promovidas ante la contraloría interna de Pemex Refinación, pero como la Cuenca de Burgos es una zona que administrativamente está a cargo de la subsidiaria PEP, los contralores simplemente aludieron a la incompetencia del Órgano Interno de Control a su cargo.

La referencia que de aquellos años tiene uno de los contralores de Pemex Refinación, es ilustrativa de cómo la burocracia administrativa acrecentó el ilícito:

“En una ocasión los especiales detuvieron docenas de pipas, estaban todas cargadas con condensado robado. Nos llevaron a nosotros, de la contraloría de Refinación, para levantar las actas. Tenían las unidades detenidas en Reynosa, cuando llegamos nos dimos cuenta que era un asunto que le competía a la contraloría de Exploración y Producción. Nos regresamos y ya no supimos si se investigó el asunto.”

El “asunto” no se investigó. No obra constancia de ellos en las indagatorias de la contraloría de PEP. Ante la omisión de las autoridades mexicanas se convirtió en un boyante negocio, descubierto de manera casi accidental, en un operativo binacional contra la delincuencia organizada entre Estados Unidos e Italia.

Operación cálculo

En 2008 la División de Operaciones Especiales del Departamento de Justicia, la DEA, el FBI y el ICE iniciaron el llamado Project Reckoning (Operación Cálculo) para la detención de miembros del crimen organizado. En septiembre detuvieron a 12 residentes de El Valle del Río Grande, acusados de narcotráfico y lavado de dinero.

Entre los detenidos estaba Luis Ariel Rivera Rodríguez, un mexicano nacionalizado estadunidense, quien tenía consigo más de un millón 100 mil dólares en efectivo. Rivera declaró que una parte de ese dinero era el pago del gas condensado comercializado en Estados Unidos. Reveló que en México eran el cártel del Golfo y Los Zetas quienes daban la autorización para su sustracción y comercialización.

A partir de esa declaración y de indagatorias propias, las autoridades estadunidenses establecieron el modus operandi: compañías contratistas transportaban el condensado extraído de los campos petroleros de Burgos. Posteriormente, el gas se transfería a otras pipas y las de los contratistas se rellenaban con agua, misma que los empleados de Pemex recibían como si fuese el hidrocarburo a cambio de sobornos. Luego el condensado se trasegaba por las aduanas fronterizas de Tamaulipas hacia Estados Unidos, donde los agentes y funcionarios aduanales autorizaban su paso con pedimentos falsos que identificaban el hidrocarburo como nafta, a cambio de sobornos.

Las indagatorias condujeron a los agentes estadunidenses hasta Brownsville, donde descubrieron algunas de las bodegas donde se almacenaban los embarques que después se distribuían a los compradores finales. La “colaboración” de uno de los coordinadores principales de la estructura, llevó al enjuiciamiento de altos ejecutivos y representantes de varias empresas que reconocieron las compras. Joshua Crescenzi, personaje clave en esa red de operadores y compradores era nada más y nada menos que un exejecutivo de la Casa Blanca quien laboró en el staff presidencial en el gobierno de George Bush, y junto a éste al exvicepresidente Dick Cheney, ambos accionistas de la petrolera Halliburton.

El gobierno estadunidense negoció con Crescenzi un ventajoso acuerdo en el que el ejecutivo libraría la prisión a cambio de que le diera información y que grabara a sus socios, los compradores e intermediarios para obtener la evidencia con la que los enjuiciarían posteriormente.

Para 2009 ya tenía a altos ejecutivos declarándose culpables de esas compras. Las declaraciones expusieron detalles de uno de los casos más escandalosos en el sector energético: empresas con grandes y suntuosas instalaciones y oficinas en Houston, Pasadena, Clear Lake, Freeport, Beaumont, Tulsa, Oklahoma, San Antonio, Brownsville, entre muchas otras ciudades negociaban con la mafia al tiempo que cotizaban sus acciones en Wall Street. Pero del lado mexicano la inacción continuaba.

Hasta julio de 2010 abogados de un despacho privado de Dallas contratado por Pemex, presentaron la primera demanda contra las “potenciales compradoras”: Basf Corporation; Murphy Energy Corporation; Trammo Petroleum, Inc.; BioUn Suroeste, Inc.; Combustibles del Valle; Petróleo Depot, Inc.; y contra los ejecutivos Donald P Schroeder, Arnoldo Maldonado, Jonathan Dappen, Stephen Pechenik, Timothy Brink y Joshua Crescenzi.

Se acusó a todos de “asistir directamente” y “alentar” el robo y la violencia “participando activamente en el contrabando de condensado robado y/o la compra para su uso en Texas”.

En mayo de 2011 se presentó la segunda demanda en contra de las compañías Big Star Gathering LLP, Ltd; F & M Transportation, Inc.; Joplin Energy, Llc; F/K/A Hayes Hutchison Energy, Llc; Plains All-American Pipeline, LP; Semcrude, LP; Saint James Oil, Inc.; Superior Crude Gathering, Inc; Transmontaigne Socios, LP; Western Refining Company, LP; y las personas físicas James Jensen y Jeff Kirby.

Todos identificadas como “potenciales involucradas” en el mercado negro de condensado, hidrocarburo que, cita la demanda, “algunas de esas compañías habrían adquirido con conocimiento de su origen ilícito”.

Para esos momentos, los embarques de gas condensado robado se trasegaban no sólo en pipas y camiones cisterna a lo largo y ancho de la frontera, sino que ya se habían instalado ductos ilegales conectados a través de túneles para agilizar el flujo del condensado. En su demanda Pemex refiere la instalación de “sus propias tuberías para facilitar los robos”.

Varias de las compañías incluidas en la segunda demanda están dedicadas a la distribución de hidrocarburos mediante ductos como la Plains All American Pipeline, LP; SemCrude, filial de SemGroup’s y Western Refining.

Al igual que en el primer bloque de las demandadas, la segunda acusación implica a compañías importantes del sector energético: Big Star Gathering, Ltd, LLP, que tiene su principal área de operación en George West, Texas, y es una filial de Saint James Oil, Inc, corporación de Nevada, con sede en Utah; el demandado James Jensen es su representante en Utah. Para efectos de su supuesta implicación en el mercado ilícito de condensado, según Pemex, Jensen “actuó en el ejercicio de sus funciones como presidente de los acusados Big Star y St James”.

Joplin Energy, LLC, es una división de la Hutchison Hayes Energy, LLC, ambas con sede en Baytown, Texas.

También de origen texano pero con sede en Edinburg, la F&M Transportation, Inc.

Superior Crude Gathering, Inc, tiene su sede en Corpus Christi y es acusada junto con su presidente Jeff Kirby, también ciudadano de origen texano.

Plains All-American Pipeline, LP, es una empresa constituida en Delaware, con su principal centro de operación en Houston y Austin. SemCrude, LP, es también una empresa de Delaware, con su centro operativo en Oklahoma City. Western Refining Company, LP, también constituida en Delaware, y con su principal centro de operación en El Paso.

La acusación distingue que al parecer algunas de esas empresas adquirieron el gas condensado cuando ya otras habían “lavado” su origen, es decir, que serían ajenas a la sustracción o la comercialización con conocimiento de que era robado y trasladado a territorio estadunidense por las organizaciones criminales, ya que lo adquirieron por medio de terceros; pero que tampoco se aseguraron de que el hidrocarburo tuviera los derechos o título de propiedad “y por lo tanto era ilegal bajo las leyes de México y Estados Unidos”.

La nueva acusación habla también de documentos de exportación apócrifos y sobornos a funcionarios aduanales. Según indagatorias del ICE, este grupo de empresas se relacionan con el primer grupo de acusadas que coordinaba Arnaldo Maldonado, dueño de la compañía Y Griega. Se destaca también la supuesta participación de Jensen como la persona que en ocasiones “viajaba a México a organizar las compras del condensado que los cárteles habían robado”.

En su demanda Pemex exige 300 millones de dólares como resarcimiento económico.

La venta de gas condensado robado “requiere una conspiración en Estados Unidos para pasar el gas por la frontera, lavar su fuente y fraudulentamente distribuir y vender el producto al beneficiario final”, refiere Pemex en su acusación. En efecto, las empresas que compran el condensado robado alientan la sustracción y los delitos adicionales para lograr su cometido, tales como la desaparición de trabajadores petroleros.

Aún cuando en México los funcionarios de Pemex no han hecho un posicionamiento público sobre los alcances del crimen organizado en la paraestatal, en el expediente del caso 4:10-cv-01997, correspondiente a esta demanda plantearon:

“En los últimos años, el crimen organizado en México se ha centrado en el petróleo y el gas de PEP, en especial de gas condensado natural. El condensado es un gran valor, a base de petróleo líquido producido en relación con el gas natural en el gran campo de PEP de Burgos, en el Norte de México. Las empresas criminales, bajo amenaza de violencia a los empleados de PEP y el público, roban el condensado de las instalaciones de almacenamiento y secuestran camiones que transportan los condensados a refinerías de Pemex. La cantidad robada se ha acercado a 40 por ciento de toda la producción de condensado de Burgos”.

La tercera demanda derivó de que en abril, los abogados que representan a Pemex pretendieron incluir a seis compañías más en la acusación promovida en 2011, pero el juez del caso, Sim Lake, no se los permitió argumentando que “la adición de nuevos acusados sumaría nuevos y complejos asuntos a una acción que ya es larga y complicada”.

Por ello presentaron la nueva demanda en contra de Conoco Phillips, Marathon Petroleum, Sunoco Marketing Partners LP, FR Midstream Transport y las filiales de Shell acusadas de conspiración para recibir y vender condensado robado.

Por la proyección mundial de la empresa, destaca el caso de Shell, una de las gigantes del sector. También la Marathon Petroleum, un corporativo que opera refinerías, ductos y tiene un considerable lugar en el mercado de los petroquímicos. Sobre ambos consorcios, las acusaciones de Pemex refieren que “probablemente” desconocían que el hidrocarburo que compraron había sido robado por los cárteles de la droga y revendido en Estados Unidos a través de diferentes empresas.

El próximo 9 de julio en una Corte Federal del distrito Sureste de Texas se efectuará la audiencia inicial del caso cuyo curso legal implicará varios años de litigio. El que se sancione a estas empresas no garantiza que se inhibirá el ilícito, pues a pesar de que a las enjuiciadas en 2010 se les impusieron penas económicas y a los ejecutivos arrestos domiciliarios temporales, el robo de gas condensado sigue.

Oficialmente la Presidencia de la República y los directivos de Petróleos Mexicanos se han negado a reconocer el nivel de indefensión en el cual se encuentran las regiones petroleras ante la extensa mano del crimen organizado. En las diversas comparecencias en las que se le ha inquirido al respecto, el director de Pemex, Juan José Suárez Coppel ha hecho mutis sobre el tema como si el problema no existiera, mientras que en las demandas promovidas en Estados Unidos sí se mencionan conceptos como crimen organizado y se habla del fuerte impacto en los yacimientos como Burgos.

“Pemex ha hecho grandes esfuerzos para combatir redes criminales que están robando el suministro de condensado, sin embargo, estas empresas ilegales siguen siendo viables porque los usuarios finales y distribuidores como BASF y Murphy compran el producto robado”, señala James Teater, uno de los abogados que representan a Pemex. “La única manera de detener el robo es cerrar el mercado. Eso no sucederá, siempre y cuando los usuarios finales están comprando propiedad robada”.

Burgos, yacimiento ordeñado por la mafia

El yacimiento Cuenca de Burgos se ubica al Noreste de México en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Abarca una superficie de más de 70 mil kilómetros cuadrados, aproximadamente del tamaño de Irlanda.

Allí Pemex, a través de su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP) opera 2 mil 827 pozos de gas. El condensado que de éstos se produce se transporta a 150 estaciones de recolección, luego se lleva a 52 tanques de transferencia y a los sistemas de entrega. Desde éstos el condensado se transporta mediante ductos o camiones cisterna hasta los centros de proceso de PEP, otra parte a la Refinería de Cadereyta en Nuevo León, y otra parte a Estados Unidos, a Deer Park, transferencia que se hace a través de PMI.

Todas esas son transferencias interorganismos, es decir, las ventas formales a particulares no existen, o dicho de otra manera, todas las compras que particulares hacen de ese producto son parte del circuito del mercado negro.