Deuda de Nuevo León, tercer lugar nacional

Facebook

Twitter

El gobierno de Nuevo León adeuda más de 36 mil millones de pesos a instituciones financieras, monto que lo ubica como el tercer lugar a nivel nacional, por arriba incluso de Coahuila. También forma parte de las 21 entidades que han ocultado su endeudamiento por más de 48 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revelan datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. La deuda total de los estados supera los 360 mil millones de pesos y pone en riesgo las finanzas públicas, alerta la Auditoría Superior de la Federación

El Distrito Federal, gobernado por Marcelo Ebrard, y el Estado de México, administrado hasta el 15 de septiembre de 2011 por el precandidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, son las dos entidades federativas más endeudadas del país, revela el Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. Sus pasivos con la banca privada, la de desarrollo y el mercado financiero superan los 95 mil millones de pesos.

En tercer lugar se ubica Nuevo León, dirigido por Rodrigo Medina de la Cruz. Y es hasta el cuarto peldaño donde se ubica Coahuila, cuya deuda por más de 30 mil millones de pesos fue adquirida en las administraciones de Humberto Moreira Valdés y de Jorge Torres López. Los tres, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Estas cuatro entidades forman parte, a su vez, de la lista de las 21 que habrían ocultado un porcentaje de sus adeudos a las autoridades federales, revelan datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. De acuerdo con esa instancia gubernamental, al primer trimestre de 2011 la deuda de los estados y el Distrito Federal ascendió, en total, a 363 mil 422 millones de pesos. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo recibió reportes por 315 mil 18 millones 300 mil.

“De acuerdo con el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, al primer trimestre de 2011 la deuda de las entidades federativas y municipios ascendió a 363 mil 422 millones, lo que equivale a una diferencia de 48 mil 994 millones 100 mil pesos, un 15.6 por ciento adicional respecto del monto establecido en el registro de obligaciones financieras administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debido a que las entidades federativas reportan a esta dependencia principalmente la deuda garantizada con las participaciones en ingresos federales”, detalla el Análisis.

En su reporte, entregado a la Cámara de Diputados en junio pasado, la Auditoría Superior observa que “el riesgo ni siquiera se puede determinar de manera confiable y objetiva, porque no se conocen los montos totales de la deuda, de otros pasivos financieros de corto plazo y de contingencias presupuestarias relevantes como las pensiones”.

El diputado perredista Vidal Llerenas Morales –integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública– señala que “la deuda de los estados está muy mal regulada, salvo la del Distrito Federal que tiene una regulación de carácter federal. En los estados hay poco control sobre la deuda. El caso de [Humberto] Moreira es el que más clarifica este fenómeno: los estados tienen reglas muy laxas y recurren al endeudamiento a corto plazo con bancos, que es muy caro, luego lo consolidan a largo plazo; no usan la deuda para infraestructura y pagan tasas muy altas”.

Pero los adeudos que dejó el líder nacional del PRI en Coahuila no son los más altos. La deuda real del Distrito Federal suma 55 mil 200 millones de pesos, aunque a la Secretaría de Hacienda únicamente se le reportaron 52 mil 258 millones 700 mil pesos. En el caso del Estado de México, el monto real es de 40 mil 738 millones 300 mil, pero el enterado a Hacienda fue de sólo 37 mil 731 millones 200 mil pesos.

Nuevo León que adeuda 36 mil 903 millones 500 mil pesos, sólo dio a conocer pasivos por 34 mil 634 millones 400 mil. Y la deuda real de Coahuila –cuya situación financiera ha sido utilizada con fines políticos por el exsecretario de Hacienda y actual precandidato presidencial del Partido Acción Nacional, Ernesto Cordero– es de 31 mil 973 millones 100 mil pesos, pero sólo reportó 8 mil 329 millones 300 mil. Con ello, se coloca como el estado que ocultó el mayor monto a las autoridades federales, 23 mil 643 millones 800 mil pesos.

Más deuda

Los pasivos por contratación de empréstitos de esas administraciones gubernamentales representan el 45.3 por ciento de los más de 363 mil millones que deben en total las entidades federativas, de acuerdo con los datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero.

Pero eso no es todo: al endeudamiento real hay que agregar las líneas de crédito recién solicitadas. Tan sólo, el pasado 17 de noviembre, Standard & Poor’s dio a conocer que le asignó calificación de largo plazo en escala nacional de mxAAA a los certificados bursátiles fiduciarios del gobierno capitalino. Ello posibilitará que, en breve, la administración de Ebrard contrate un crédito de hasta 2 mil millones de pesos.

De acuerdo con la calificadora, los certificados estarán respaldados por los derechos de crédito y los derechos como beneficiario derivados de las disposiciones que realice el Gobierno del Distrito Federal conforme a un contrato de apertura de crédito simple, derivación de fondos y constitución de garantía suscrito entre el gobierno federal, como acreditado, y Deutsche Bank México, como acreditante. Dichos derechos serán cedidos por Deutsche Bank al Fideicomiso F/00831, constituido en The Bank of New York Mellon, para constituir el patrimonio en beneficio de los tenedores de los certificados bursátiles.

En el caso de Coahuila, a inicios de noviembre pasado se contrataron créditos por, al menos, otros 2 mil millones de pesos. El objetivo fue para refinanciar la deuda global, ante las presiones políticas que recibió el gobierno interino tras darse a conocer la deuda por más de 30 mil millones de pesos, de los cuales al menos 3 mil millones fueron contratados con documentación falsa.

Para el diputado priísta Jesús Alberto Cano Vélez, el problema del ocultamiento de la deuda “está en ambos frentes: por una parte, cualquier falsificación de documentos o faltas a la normatividad estatal o federal constituye un delito, por lo que quienes sean responsables tendrán que enfrentar las consecuencias. Por otra, la lección que nos queda es que la Secretaría de Hacienda tiene que mejorar sus mecanismos de control y regular con mayor claridad la información que se debe de reportar, ya que hay instrumentos que no se toman en cuenta que sí deberían hacerlo”.

Los más endeudados

La Auditoría Superior señala que “el proceso de mayor endeudamiento se enmarca en un escenario en el que predominan la fragilidad de las finanzas públicas, un débil crecimiento y el impacto de la crisis económica”.

Agrega que “el elevado endeudamiento representa un riesgo para la sostenibilidad de los financiamientos contratados en el mediano y largo plazos, debido a que los recursos federales constituyen la mayor fuente de ingresos de las finanzas públicas locales (estimados en más del 90 por ciento del total), además de su débil capacidad recaudatoria actual”.

De las tres principales fuerzas políticas del país, ninguna queda a salvo del endeudamiento desmedido. Entre los estados con más compromisos crediticios están Veracruz, que encabeza el priísta Javier Duarte de Ochoa, con adeudos por 22 mil 566 millones 800 mil pesos; Jalisco, gobernado por el panista Emilio González Márquez, con pasivos por 21 mil 122 millones 900 mil pesos; Chihuahua, del priísta César Duarte Jáquez, con pasivos por 18 mil 273 millones 800 mil.

En el octavo peldaño se encuentra Sonora, administrado por el panista Guillermo Padrés Elías, cuyo endeudamiento asciende a 17 mil 287 millones 400 mil pesos. Y le sigue Michoacán, del perredista Leonel Godoy Rangel, con una deuda de 15 mil 37 millones 400 mil pesos.

El diputado panista Alfredo Rodríguez, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, refiere que “hay estados que tienen la situación tan complicada, tan delicada financieramente, que tendrán que tomar la decisión de no optar por acceder a nuevos recursos [vía créditos] porque su capacidad de deuda está al límite. Tienen comprometido prácticamente el ciento por ciento de su presupuesto con el gasto corriente y con las deudas que actualmente tienen”.

Crisis previsible

En su Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011, la Auditoría Superior destaca “el riesgo moral” de los estados. Ello implica que “las finanzas públicas locales no se conduzcan con prudencia debido a que tienen la expectativa de que el gobierno federal –Legislativo y Ejecutivo– tendría que apoyar a los gobiernos locales con recursos en caso de que la falta de liquidez e insolvencia se materializara y se requiriera anular las graves consecuencias que se generarían a la economía del país”.

Por ello, urge fortalecer los mecanismos institucionales para regular el endeudamiento local y racionalizar el destino de los recursos obtenidos mediante los diferentes mecanismos de financiamiento.

El máximo órgano de fiscalización de México señala que “si no se toman las decisiones apropiadas respecto del endeudamiento acelerado de las entidades federativas y se fortalecen sus finanzas públicas, se puede configurar un escenario que ponga en riesgo la estabilidad económica y el desarrollo social del país.

Para la elaboración de este trabajo, se solicitó entrevista con los responsables de las finanzas públicas de las 32 entidades del país. Hasta el cierre de edición, sólo se obtuvo respuesta del gobierno de Baja California Sur.

Al respecto, el maestro Miguel Ángel Hernández Vicent, director de Vinculación con Entidades Públicas y Privadas de la Secretaría de Finanzas explica que en Baja California Sur “se ha tratado de mantener un nivel de endeudamiento acorde al monto total de recursos que maneja el estado. Consideramos que la deuda es útil y sirve siempre que venga a incrementar el potencial de crecimiento del estado y que el perfil de la deuda corresponda con el perfil de las cosas que se van a hacer. Contratamos deuda a largo plazo porque se invierte en cosas que van a tener una vida útil, por lo menos equivalente al tiempo que vamos a pagar la deuda”.

La entidad es una de las que menos deuda han contratado; también una de las que sí han reportado su adeudo total a las autoridades federales. Aunque el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero reporta que el adeudo del estado asciende a 2 mil 30 millones 800 mil pesos, Hernández Vicent asegura que el saldo es de 1 mil 272 millones al 13 de septiembre pasado.

Respecto del destino de ese dinero, afirma que ha sido la inversión pública productiva. “Se invirtieron en el hospital Salvatierra, las contrapartes, en obras de pavimentación. Hay créditos que vienen de hace muchos años y cuyos saldos negociamos en su tiempo, pero la totalidad se llevó a inversión pública”.

Bono cero, nueva vía de endeudamiento

La Auditoría Superior de la Federación señala que si los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios no incrementan sus ingresos y racionalizan el gasto –reduciendo los egresos aplicados en programas que no agregan valor público ni tienen impacto económico y social, así como las erogaciones en actividades operativas, de administración, comunicación social y servicios personales, principalmente–, el déficit público persistirá y las necesidades de financiamiento aumentarán con el tiempo.

Y aunque el órgano fiscalizador señaló al Congreso de la Unión que la solución del problema del endeudamiento acelerado de los gobiernos locales requiere de una reforma integral y de fondo de las finanzas públicas y del federalismo hacendario, la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación un “bono cero” –deuda– por 50 mil millones de pesos para las 32 entidades federativas.

Al respecto, el diputado priísta Jesús Alberto Cano Vélez explica que la deuda de los estados y municipios como porcentaje del producto interno bruto sigue siendo baja (de 2.3 por ciento). “Es cierto que algunas entidades tuvieron incrementos muy acelerados, pero no estamos ante un problema estructural. El bono o cupón cero que adquirirá el gobierno federal para respaldar la emisión de las entidades tiene la enorme ventaja de que tiene garantizado el pago del principal con los recursos que nosotros ya etiquetamos para tal fin en el Presupuesto. Es decir, las entidades sólo deberán preocuparse por los intereses, los cuales serán muy bajos, ya que se fondearán a una tasa similar a la del gobierno federal. Algo que muy pocos estados podrían hacer por sí mismos”.

El diputado del Partido Acción Nacional, Alfredo Rodríguez Dávila, coincide. “Es una deuda bastante noble, porque los estados pagarán los intereses y la federación pagará al término de los 20 años el capital. Entonces, es como si te ofrecen a ti comprar una casa y solamente vas a pagar los intereses y al término de los 20 años no tendrás que pagar el capital”.

El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados admite que no existen reglas de operación definidas al ciento por ciento respecto de este nuevo endeudamiento, porque esas dependen de la Secretaría de Hacienda y se darán a conocer en enero de 2012.

Rodríguez Dávila indica que las entidades que contraten estas deudas deberán registrarlas en sus congresos locales, como lo marca la mayoría de las legislaciones estatales. “Lo que se quiere es que no suceda lo que ya pasó en otros estados, como Coahuila, que nadie sabe. Ahora lo tienes que denunciar”.

Para el diputado perredista Vidal Llerenas Morales, el bono cero es una buena manera de aprovechar las finanzas públicas. Detalla que esta deuda “es muy manejable, es barata para los estados, y te va a permitir financiar infraestructura en un momento en el que tienes que financiar esta infraestructura, que es el año que entra, para reactivar la economía”. (Mariela Paredes)