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La obra titulada El libro rojo da cuenta de la historia criminal en México, misma que se está editando en cinco tomos. Erika P Bucio relata en una nota los dos primeros que se publicaron (Reforma, 9 de diciembre de 2011) y que inician “con el fusilamiento del socialista Julio López, ordenado por Benito Juárez, para poner fin a su revolución agraria en Chalco y termina con el asesinato de Álvaro Obregón […] La nueva entrega inicia con el fusilamiento de José de León Toral, el asesino de Obregón, y termina con el caso del médico asesino Antonio Piña Reyes, quien se hacía pasar por una cirujana”. No sólo son los delincuentes el tema, sino también “el asesinato como método de eliminación de opositores políticos […] La masacre de los partidarios del candidato presidencial Miguel Henríquez Guzmán […] La misteriosa muerte de Maximino Ávila Camacho”. Son libros que van de 1856 a 1928, el segundo de 1928 a 1959. Y se publicará otro de 1960 a 1979.
 
Se necesitan más tomos de 1980 a 2012, en los que deben de aparecer la criminalidad del lópezportillismo al calderonismo. Con una amplísima investigación de los más de 50 mil homicidios de la “guerra” de Felipe Calderón Hinojosa con ¡casi 2 mil niños asesinados vilmente por sus militares que disparan a discreción; y durante los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), 79 periodistas muertos, 12 desaparecidos y cientos  de amenazados al grado de que se han tenido que exiliar, retirar del oficio y no pocos obligados a no informar sobre los combates entre soldados, delincuentes, marinos, narcotraficantes y policías.
 
Debido a la criminalidad de Calderón y su partido, el presidente ha sido objeto de una demanda ante la Corte Penal Internacional, en La Haya, Holanda, con pruebas suficientes para que sea juzgado junto con su grupo de (in)seguridad (el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sobre todo) y sentenciado por crímenes de lesa humanidad. Y es que, con su facultad de jefe nato de las Fuerzas Armadas es corresponsable con los sicarios de la delincuencia y, en particular del narcotráfico, del terror a muerte al que ha sometido a la nación, sin resultados de siquiera disminuir la sangrienta barbarie que lleva más de un lustro.
 
Entre esos miles de homicidios están los periodistas a los que Calderón, al igual que los narcos, piden no publicar la información ni comentar los hechos de su “guerra”. Criminales y calderonistas se han unido al exigir el silencio y la censura en los medios de comunicación (la mayoría ni caso les hicieron) como si de esta manera los homicidios no se supieran. Y una vez más: no se trata sólo de protección a los periodistas y a sus instalaciones, sino de la seguridad de todos los mexicanos sin excepción.
 
Trabajadores, estudiantes, familias y niños que transitan por las calles son asesinados, y Calderón, con sus generales, almirantes y encargados de velar por la seguridad, intensifica su fallida estrategia en la que han muerto de forma simultánea soldados y marinos en el cumplimiento de las órdenes castrenses de un falso “general de cinco estrellas” que es Calderón (quien es cada vez más otro Victoriano Huerta) con amenazas encubiertas al acusar a los partidos (no al PAN) de estar “infiltrados” por el narcotráfico, con lo que busca cancelar las elecciones presidenciales que lo echarán del poder, poniéndolo a disposición de los tribunales nacionales e internacionales. Y demandarlo ante la Corte Penal Internacional es el primer paso para exigirle responsabilidades penales y civiles.
 
Su mal gobierno antirrepublicano y antidemocrático y de sus amigos en los cargos del gobierno del Poder Ejecutivo federal es el origen de sus gravísimos fracasos en política económica y social, la corrupción incontenible y el saqueo descarado del dinero del pueblo, su desvío y su equivocada inversión. El homicidio de 79 periodistas fundamenta el Informe sobre la libertad de expresión en México, elaborado y presentado por las relatorías de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, respecto a que nuestro país “es el más riesgoso para ejercer el periodismo en América Latina y el quinto a escala mundial”, como indicó Patricia Muñoz Ríos (La Jornada, 25 de octubre de 2011).
 
Y que los autores intelectuales y materiales de esos crímenes y del resto de los 50 mil asesinatos no han sido ni buscados y menos juzgados, porque la Procuraduría General de la República no lleva un registro de éstos, ya que Calderón los amontona en el anonimato al considerarlos “daños colaterales” y una consecuencia de su “guerra”. De manera pública, hace como si ordenara “respeto” a los derechos humanos de la población y en la realidad sus tropas matan, violan sexualmente a las mujeres, se meten a bayoneta calada a los domicilios, roban (igual o peor que la delincuencia común), en cuya pinza están atrapados los mexicanos.
 
*Periodista