En la última década 26 entidades -principalmente bajo administraciones panistas y priístas- han reformado sus leyes para permitir el desarrollo de proyectos de prestación de servicios públicos por parte del capital privado. Con la aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, concluye el impetuoso esfuerzo de la administración calderonista para otorgar un marco jurídico a la iniciativa privada y que ésta se convierta en un proveedor de obra y servicios públicos permanente


Presión del BID

Evaluación del BID

