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Creadores coahuilenses demandan ser tomados en cuenta en la construcción de políticas y planes de desarrollo cultural. “Debe crearse un consejo de artistas que sea proactivo, no nada más consultivo”, indica el investigador Víctor Mendoza
 
Lucía Sánchez
 
 
 
El desarrollo cultural se apoya en la multiplicidad de los agentes sociales.
Los principios de un buen gobierno incluyen la transparencia informativa y la participación ciudadana en la concepción de las políticas culturales, en los procesos de toma de decisiones y en la evaluación de programas y proyectos.
Agenda 21 de la Cultura, Barcelona, España
 
 
El tema de la legislación en materia de cultura se ha encontrado presente en la mesa de debates a nivel nacional. La procuración de servicio médico, prestaciones económicas e incluso remuneración digna por el trabajo está siendo analizado en diversos Congresos Estatales debido a las peticiones y exigencias de creadores e investigadores. También se demanda su participación en la elaboración de planes y políticas de desarrollo cultural que contribuyan al bien común.
En el año 2004 se aprobó la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Coahuila de Zaragoza. De acuerdo con artistas locales, esta ley no los incluye en la elaboración de las políticas culturales, programas, planes y distribución de presupuestos. Por ello, un grupo de artistas han enviado al Congreso del Estado una iniciativa para modificar dicha ley.
“Lo positivo es que existe una ley que desde lo legal establece el derecho ciudadano a la cultura y el arte, y la obligación de procurarlos. Lo débil es que no se contempla el voto de los artistas y promotores en el diseño y aprobación de los planes y programas”, externa Gustavo García, director de teatro.
El teatrista indica que es necesario modificar dicha ley para hacer realidad el principio demócrata de mayor participación ciudadana. “Hay que limitar y acotar las decisiones discrecionales, caprichosas y voluntaristas de funcionarios y directivos en turno”, agrega.
La Iniciativa para modificar la Ley de Cultura de Coahuila fue presentada desde hace más de ocho meses por 334 personas, en la que el planteamiento fundamental es integrar a la Instancia Cultural del Gobierno del Estado un Consejo conformado por artistas, promotores y ciudadanos, que tengan voz y voto en el diseño y la aprobación de la política pública en esta materia. A la fecha, esto  no ha procedido en el Congreso.
“Nosotros tenemos más de ocho meses acudiendo a la vía legal que corresponde y ejerciendo un derecho ciudadano que tenemos, pero no se le ha querido dar celeridad. Teníamos una promesa del diputado Francisco Tobías de que haría su mayor esfuerzo para someterla a pleno, pero aún nada” explica el teatrista. Los creadores han mostrado su inconformidad a la falta de interés por parte de los legisladores con manifestaciones pacíficas fuera del Congreso y durante las sesiones.
“Creo que estamos ejerciendo un derecho y que si el Congreso estableció ese derecho de iniciativa popular para que los ciudadanos presentemos iniciativas que contribuyan al bien social, en este caso al desarrollo del arte y la cultura, pues es una incongruencia que la detengan, que incluso la obstruyan”, externa, “nosotros vamos a seguir insistiendo con el apoyo de la opinión pública y de los  medios”.
 

Cero transparencia

Lo que los artistas exigen es una mayor participación en la determinación del destino del presupuesto para el desarrollo de la cultura, esto para evitar la discrecionalidad y la imparcialidad en la distribución de los recursos. Raymundo Mendoza, licenciado en música con especialidad en guitarra, expresa que esto es necesario porque los funcionarios del entonces Instituto Coahuilense de Cultura no se caracterizaron por la transparencia de sus decisiones.
“Hicieron lo que les dio la gana”, indica, “se navegó mucho con la bandera de la infraestructura descuidándose mucho la cuestión social que es lo que nos urge, el desarrollo de los individuos. Fue una pésima administración pero lo interesante fue que eso motivó a que surgieran grupos independientes y encontramos caminos para no depender del estado. Si el estado no funciona los artistas podemos seguir adelante como grupos independientes”, expresa el guitarrista.
Afirma que la ley de cultura debe procurar el reparto de recursos estatales y federales de manera óptima. “Otro de los puntos  negros es que muchos de los recursos se estuvieron ‘jineteando’, a pesar de que llegaban del gobierno federal y eso una ley lo debe proteger”, afirma.
Además, agrega, la ley debe forzar a los artistas a trabajar de manera formal, en donde además de beneficios, se tendría obligaciones como responsabilidades fiscales.
 Sobre el plan de desarrollo cultural de la administración de Humberto Moreira, señala que se invirtió en proyectos que no eran necesarios. “Hubo muchos eventos que pueden ser catalogados de ‘comerciales’  como conciertos de Los Tigres del Norte e Intocable. No es que no sea cultura, pero no era lo prioritario. Lo urgente es fomentar consumidores de arte, antes de crear muchos museos”, dice.
El que la ley de cultura incluya la opinión de artistas e investigadores contribuiría al fortalecimiento de la democracia. “En el pasado, a la gente que no estamos de acuerdo con lo que hace el gobierno en materia de cultura se nos vio como grupos de choque, como enemigos. Deben de entender que no son cuestiones personales ni egos lo que está en juego. En lugar de apostar a sumar, la administración de Armando Guerra le apostó a restar”, afirma.
La situación presupuestal del estado de Coahuila se torna complicada debido a la deuda que se hereda de la administración del gobernador Humberto Moreira, que en la recta final asumió Jorge Torres, la cual asciende a casi 40 mil millones de pesos. El descontento de los artistas no se hizo esperar, pues el rubro del arte y la cultura es uno de los más afectados.
El Congreso del Estado ha aprobado nuevos impuestos y acciones encaminadas a obtener recursos financieros. Un ejemplo es el cobro por el empleo de teatros y espacios públicos, que va desde dos mil 500 pesos por fin de semana en el auditorio de la Casa de la Cultura hasta cuarenta mil pesos por un día en el Teatro de la Ciudad. Esto también ha generado un movimiento por parte de los creadores, quienes ven con estas medidas el tiro de gracia al fomento de los procesos creativos.
“Yo no estoy en contra de que se cobre en museos y parques, lo que es un peligro es que primero digan que todo es gratis y de repente les pongan costo. Esto  nos habla que todo se hizo con metas electoreras por parte del PRI” asegura, “las cosas se hicieron sin ver si la población se vería beneficiada de esos elefantes blancos” expresa Raymundo Mendoza.
 

Reformas a la ley, como principio la democracia

Para iniciar, indica el promotor cultural Víctor Hugo Mendoza, la Ley de Desarrollo Cultura para el Estado de Coahuila de Zaragoza debe reformarse de fondo ya que habla de un Instituto Coahuilense de Cultura que ya no existe. A partir de la administración del gobernador Rubén Moreira se ha creado la Secretaría de Cultura, lo cual demanda modificaciones y nuevos rumbos en esta materia.
Víctor Mendoza señala que de acuerdo a investigaciones en comunidades indígenas mexicanas, el término de la palabra cultura es vida, por lo cual una ley de cultura debe propender al desarrollo social, comunitario y humano.
“Una ley de desarrollo cultural puede inspirar políticas culturales y viceversa” afirma, “debe estar en constante perfeccionamiento como todo instrumento legal y enriquecimiento social, ya que el término de cultura es tan extenso como la vida misma”.
El promotor indica que tanto la legislación como las políticas de cultura deben de tener un enfoque humanista y humanístico. “En el sentido del hombre y sus múltiples inteligencias, y en el otro al ámbito espiritual. Son situaciones muy subjetivas pero hay que jugar con ello, objetivarlo, lo cual tienen que resolver tanto juristas como promotores. Pero todo este trabajo debe estar sentado sobre la base de la democracia”, afirma.
La actual ley habla del compromiso de ofrecer la garantía del acceso y fomento al arte, tanto del público como de los artistas. Se señala la importancia de promover la capacitación de los ejecutantes y la atención de grupos vulnerables, entre otros puntos. Pero en realidad, señala Víctor Mendoza, sólo se habla de los qués y  no de los cómos, lo que se debe resolver.
“Toda ley política cultural, y por ende todos los planes estatales de cultura van de la mano de los artistas y promotores. Desde mi punto de vista, en su construcción debe haber una transversalidad de esferas como los procesos sociales, políticos  e históricos del contexto local hasta mundial. No es algo vertical u horizontal, es toda una red”, señala.
Es importante conocer a la comunidad a la que se dirigen los programas. “No es llevarles cine cuando lo que quieren es recuperar su pastorela, por ejemplo”.
Una ley debe atender campos relativos a cultura infantil y juvenil, cultura popular e indígena, y cultura binacional en estados fronterizos como es el caso de Coahuila. No debe olvidar la promoción de las denominadas bellas artes y las manifestaciones interdisciplinarias. Fomentar las iniciativas de empresas de corte artístico así como proyectos de coinversión.
“Y por supuesto, poner énfasis en el patrimonio intangible. El noreste de México es rico en patrimonio inmaterial, nuestras pastorelas, la canción cardenche, los alabados, las canciones para hacer tortillas. Además de las costumbres que han venido de otros lados y se han arraigado aquí, como los gambusinos y los mascogos”.
Pero no se puede comprender una ley de desarrollo cultural sin tomar en cuenta la democracia y los derechos humanos. “En todo trabajo holístico deben estar estos principios”, afirma el promotor cultural.
Víctor Mendoza recomienda estar atentos a los procesos educativos, a la ciencia y a la tecnología. Todo esto debe propiciar al fomento a la lectura.
“Trabajamos con valores humanos y éticos y quienes construyen las leyes deben regirse bajo esto principios. En la ley debe estar presente el esquema de la transparencia, del acceso a la información. Evitar los oscurantismos y apelar al diálogo y la empatía”.
Afirma que si esta administración sexenal entrante quiere empezar con el pie derecho, debe convocar a los creadores en la construcción del plan de desarrollo cultural. “Se debe tener consejeros culturales, consejos consultivos. Hay instrumentos como consensos, tomar en cuenta a la comunidad creativa y que las decisiones no las tome sólo un grupo selecto, porque entonces nos alejamos de la democracia”.
 

Reconocimiento social

Tarea pendiente es el desarrollo y reconocimiento social de los detentadores de la cultura. “Ya no podemos conformarnos con el aplauso”, expone Víctor Mendoza.
“Se requiere reconocimiento tanto de la sociedad como de las instancias gubernamentales. Considerar la creación de un Sistema Estatal de Creadores, seguir con la profesionalización, la capacitación y los intercambios académicos”.
Es menester la creación de un sistema de seguridad social a nivel estatal, que implique servicios médicos, fondos de retiro y otras prestaciones.
En la pasada administración del entonces Icocult, se pasaron por alto varios artículos  contenidos en la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Zaragoza. Entre ellos el artículo 11 de los Derechos Culturales, que dicta: descubrir, rescatar, restaurar, preservar, proteger, defender, difundir promover y transmitir los valores integrantes de su identidad comunitaria. En lugar de cumplir con esto, el entonces Instituto decidió cerrar la coordinación de cultura popular en el estado.
Para evitar este tipo de situaciones y garantizar que se aplique la ley, Víctor Mendoza recomienda un consejo ciudadano. "La ley contempla una junta directiva pero es de nivel ejecutivo, no es una junta plural ni democrática. Debe tener representantes de los detentadores de la cultura. Pero ante todo, el consejo debe ser proactivo, participar en la construcción de las políticas, los planes y lineamientos, no solamente consultivo”, conmina.