México es el país más peligroso de América para ejercer el periodismo, coinciden la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El diagnóstico de ambos órganos, tras su visita al país, descubre un sistema jurídico débil, falta de voluntad política e inoperancia de los mecanismos de defensa para la libertad de expresión. El resultado: autocensura y, al menos, 104 periodistas asesinados y desaparecidos desde que el PAN llegó a la Presidencia de la República. Luego de más de un año del recrudecimiento de las agresiones contra el gremio, el 27 de octubre pasado se aprobó en la Cámara de Diputados la federalización de delitos contra los informadores, la iniciativa de reforma se encuentra ahora en el Senado


Federalizar los delitos


Incipientes avances

Las recomendacionesAlgunas recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:Fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República y a las procuradurías localesCapacitar en materia de libertad de expresión a la fuerza públicaEstablecer un mecanismo nacional de protección a periodistas. El mecanismo de protección debería ser implementado a través de un comité interinstitucional de alto nivel; ser liderado por una autoridad federal; contar con capacidad de coordinación entre las diversas autoridades y órdenes de gobierno; y gozar de recursos propios y suficientesReconocer la importancia de la labor periodística y condenar enérgicamente las agresiones cometidas en contra de la prensaAdoptar las medidas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresiónRecopilar estadísticas criminalísticas detalladas y desagregadas sobre la violencia contra periodistas y la persecución penal de estos crímenesCrear un órgano público independiente del gobierno federal que regule la radio y la televisiónDerogar los tipos penales que criminalizan la expresión, entre éstos los contenidos en la Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917 y en los códigos penales estatales, así como abstenerse de recurrir a otras figuras penales para reprimir el ejercicio legítimo de la libertad de expresiónEstablecer criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobiernoFuente: La libertad de expresión en México.Informes de misión de las relatorías de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.