Reprobados tres de cuatro órganos reguladores en México, según el estudio Fortaleza institucional de los reguladores sociales en México, elaborado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Intereses públicos en materia de salud, seguridad y alimentación podrían verse comprometidos. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca califican en promedio con 0.42 en una escala de cero a uno





Funciones de las instituciones reprobadasComisión Federal para la Protección contra Riesgos SanitariosRegula y fomenta el control sanitario a través de la vigilancia de los establecimientos, productos y servicios de salud; previene y controla los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre; controla las condiciones sanitarias del equipo médico, prótesis y materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos; y controla las condiciones sanitarias de los trasplantes y el manejo de órganos, tejidos y células de seres humanos.Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad AgroalimentariaRegula, administra y fomenta las actividades de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria a través de la reducción de riesgos propios del sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero en beneficio de productores, consumidores y de toda la industria en general. Algunas de sus funciones son liberar el territorio nacional de insectos nocivos y plagas, elevar la oferta y calidad de los alimentos, y ampliar los mercados para este tipo de productos.Comisión Nacional de Acuacultura y PescaFomenta y desarrolla mecanismos en coordinación con diferentes instancias para implantar políticas que favorezcan el desarrollo competitivo y sustentable del sector pesquero y acuícola del país. Entre sus actividades está la regulación y establecimiento de las temporadas de veda.

Ifai, el único órgano aprobadoEl Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos garantiza el derecho de acceso a la información gubernamental siempre y cuando ésta sea pública; protege los datos personales que están en manos del gobierno federal, y resuelve sobre las negativas de acceso a información de las dependencias o entidades del gobierno federal ante las solicitudes de información.

