Flor Goche/Isabel Argüello

 

Durante el rectorado de María Esther Orozco Orozco, cinco trabajadores administrativos y tres profesores han sido rescindidos de su relación laboral con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Otras tres personas enfrentan procesos por los que podrían perder su trabajo.

 

La Contraloría General, la Oficina del Abogado General, la Coordinación Académica y la Coordinación de Servicios Administrativos son las áreas universitarias encargadas de los casos. Seis de éstos han llegado incluso a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una instancia externa.

 

Asimismo, de marzo pasado a la fecha, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha dado seguimiento a las quejas de alrededor de 30 estudiantes, académicos y administrativos de esta casa de estudios. En total son 10 expedientes abiertos: cuatro en contra de la rectora y de personas cercanas a ella; cuatro contra docentes, y dos contra personal administrativo. Los casos ya han ameritado seis medidas precautorias, explica Luis Jiménez Bueno, tercer visitador de la Comisión.

 

El funcionario explica que en la mayoría de los casos, los peticionarios relacionan a la rectora con las personas de las cuales se quejan. También confirma que, respecto de otras instituciones educativas, no hay un “antecedente de esta magnitud, en cuanto a la cantidad de quejas, de personas que se dicen agraviadas y, sobre todo, en este inter de tiempo”.

 

Jiménez Bueno y Jesús Adrián Piña Alcántara, director de Área de la Tercera Visitaduría, dicen que los tres grandes rubros que han orientado estas quejas son acoso laboral, violación de los derechos a la honra y la dignidad y agravio a la integridad personal (agresión física).

 

Los conflictos universitarios han llegado hasta la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El 28 de julio pasado, los estudiantes Julio Canek Gonce, Norma Velázquez Hernández y Fernando Reyes González, quienes habrían sido lesionados por personal afín a la Rectoría, presentaron una denuncia, por la que se integró la averiguación previa FHC/CVH-8/T2/2542/1. Antes, el 22 de abril, Javier Gutiérrez Marmolejo, profesor de la Academia de Promoción de la Salud, lo hizo “contra quien/quienes resulten responsables por actos discriminatorios y amenazas contra mi persona y contra otras/os integrantes de la comunidad universitaria de la UACM”.

 

Para Abraham Guzmán de Blas, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con la llegada de Orozco Orozco inició “una andanada en contra de los trabajadores”. Considera que “hay una política de acoso muy fuerte: levantamiento de actas administrativas sin fundamento, amenazas veladas de despido y una intromisión directa en asuntos que competen únicamente al Sindicato”.

 

Los vacíos en la normatividad universitaria (la inexistencia de los estatutos del personal académico y administrativo, a pesar de que el Estatuto General Orgánico los contempla) y la extralimitación de funciones de ciertas áreas, derivada de la carencia de otras (en la Contraloría General, a cargo del control, vigilancia y fiscalización, se desahogan también conflictos entre universitarios) favorecen el clima de confrontación y hostilidad.

 

Los trabajadores administrativos despedidos son María Elena Muñoz Castellanos, Juan Carlos Barranco Amador, Eduardo Alva Quintero, Héctor Nezahualcóyotl Luna Ruiz y María Julia Cortés Enríquez. Y los académicos cesados: Irma Rodríguez, Jorge Bourges Rodríguez y Luis Alfonso Briones Pérez.

 

En este periodo se habría atentado también contra la estabilidad laboral de Rosa Isela Susana Martínez Figueroa e Iván Gomezcésar Hernández, así como contra la del profesor José Carlos Luque Brazán, quien actualmente enfrenta un proceso ante la Contraloría General de esta casa de estudios.

 

En el caso de Rosa Isela Martínez, la causal no procedió legalmente. Se le acusaba de “falta de probidad” y de haber cometido graves perjuicios a la institución y a los estudiantes en la emisión de títulos. Finalmente, consiguió reintegrarse a sus labores, pero en el área de Servicio Social.

 

La situación de Iván Gomezcésar, quien en 2001 ingresó a la Universidad como coordinador académico, es irregular desde entonces. A pesar de que obtuvo su plaza definitiva, nunca se le entregó un documento oficial que acreditara su calidad de trabajador de base. Si bien cubre un “interinato” –figura que no está contemplada en el Contrato Colectivo de Trabajo– como profesor en la Academia de Ciencias Sociales, su condición laboral peligra desde abril pasado, cuando la Rectoría desapareció el área en la que este trabajador –registrado como el número 4 de esta universidad– coordinaba: Enlace Comunitario.

 

A decir de los agraviados, al menos, cuatro cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo han sido violadas. La 10 establece que los puestos de confianza deben ser cubiertos por el personal de la UACM, y si se trata de trabajadores de base, éstos podrán regresar a su folio original una vez concluido su encargo; la 15 señala que la Comisión Mixta de Admisión, Evaluación y Escalafón del Personal Administrativo es la encargada de emitir la convocatoria para que los empleados cubran las vacantes disponibles; la 22 determina que después de firmar el contrato individual, el trabajador y el sindicato deben recibir una copia; y la 28 señala que el trabajador de base tiene derecho a una junta aclaratoria en caso de que la Universidad decida suspender o rescindir su relación laboral.

 

En lo que se refiere al Estatuto General Orgánico, se atenta contra el quinto transitorio, que establece que el rector deberá presentar al Consejo Universitario, en un plazo no mayor a seis meses de haber tomado posesión, una propuesta de reorganización administrativa. Luego de 17 meses de rectorado de Esther Orozco, el proyecto no ha sido discutido ni aprobado por el máximo órgano de gobierno de esta institución educativa. No obstante, es citado en la justificación de algunos de los despidos.

 

El no formar parte del grupo de confianza de la rectora y ser crítico a su gestión han motivado esta serie de “despidos políticos” y “represión” contra la comunidad, señalan los afectados. En contraste, José de Jesús Izquierdo Ubaldo, abogado general, y Verónica Cuenca Linares, contralora general, coinciden en que esta problemática no es política: “De ser así, el trabajador tiene acciones [jurídicas] que entablar en contra de las autoridades; y se le restituyen sus derechos”, argumenta Izquierdo.

 

Esther Orozco se niega a hablar del tema. El 21 de septiembre pasado, durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Universitario, delegó la responsabilidad a José Antonio Cid Ibarra, coordinador de Servicios Administrativos, quien “por cuestiones de agenda” no concedió la entrevista a Contralínea. Asimismo, Claudia Magdalena Macedo Ramírez, coordinadora de Comunicación, informa que ningún funcionario de la UACM emitirá una opinión “por ser casos abiertos, según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.

 

Los órganos colegiados se han pronunciado. “Quienes firmamos expresamos nuestra preocupación por el recrudecimiento del clima de acoso, hostigamiento y despidos injustificados contra integrantes de la comunidad universitaria, así como por la violación de sus derechos fundamentales”, se lee en un pronunciamiento de septiembre pasado, firmado por consejeros académicos de los planteles Cuautepec, Del Valle, Centro Histórico y Casa Libertad.

 

Respecto del último despido ?el de Julia Cortés Enríquez? consejeros del plantel San Lorenzo manifiestan, por escrito, que “con independencia del juicio que nos merezca el trato indecoroso otorgado a la licenciada Cortés, la sensación dominante de agravio claramente proviene de que en el lamentable trato que se ha dado a la licenciada ha prevalecido la unilateralidad de la decisión, el desprecio por la pulcritud de los métodos y la desatención al hecho de que en San Lorenzo Tezonco, al igual que en los demás planteles, se encuentran en funcionamiento órganos de gobierno debidamente constituidos”.

 

 

La reorganización administrativa: un proyecto aún sin aprobarse por el Consejo Universitario, tal como lo establece el artículo quinto transitorio del Estatuto General Orgánico de la Universidad, fue la aparente causa de la destitución de María Julia Cortés Enríquez de sus funciones como enlace administrativo del plantel San Lorenzo Tezonco.

 

Bajo este argumento, la tarde del 1 de septiembre pasado, Cid Ibarra solicitó a Cortés Enríquez la entrega-recepción de su cargo. A partir de ese momento, Jesús Rodríguez Godínez ocuparía el puesto de confianza.

 

A pesar de su calidad de trabajadora de base, según consta en el contrato 1350, al día siguiente, el mismo funcionario ofreció a Cortés Enríquez su finiquito. Al respecto, la cláusula 10 del Contrato Colectivo de Trabajo estipula que “en los casos en que un trabajador de base ocupe un puesto de confianza, conservará el de origen, recibiendo un salario complementario, de acuerdo con el tabulador. Al concluir el encargo podrá regresar a su folio, cancelándose el salario complementario”.

 

Más adelante, la misma normatividad establece que “durante el lapso que dure el ejercicio de la función de confianza el trabajador solicitará licencia a su plaza de base”. Amparadas en que la solicitud de licencia se realizó de manera verbal y no escrita, las autoridades universitarias desconocen el contrato individual por tiempo indeterminado de quien de 2004 a 2007 se desempeñara como coordinadora de Procesos Administrativos.

 

Ante los cuestionamientos de la afectada y su negativa de aceptar su liquidación, José Antonio Cid, quien hace un mes ingresó a la UACM entre severas críticas –se le vincula con el Partido Nueva Alianza, pues fue asesor de Gloria Cañizo Cuevas, exdiputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal e integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación–, reconoció que “era una instrucción y que él tenía que acatarla”.

 

­La Asamblea Universitaria –organización estudiantil, académica y administrativa que desde principios de 2011 dice promover la defensa del modelo educativo de la UACM y de su autonomía– denuncia que este despido se debe a que el 28 de julio pasado, durante la ceremonia vespertina de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso de San Lorenzo Tezonco, Cortés Enríquez faltó a la orden que “públicamente y a gritos” le dio la rectora: se negó a averiguar los datos y a levantar actas administrativas a los estudiantes que ese día se manifestaron por la revocación de esta última.

 

Cortés Enríquez precisa que la instrucción de Esther Orozco se cumplió aunque “a la mejor no en la forma y en los términos que a la doctora le hubieran gustado”. Frente a Cid Ibarra, los policías auxiliares que se encargan de la seguridad y vigilancia en la UACM contaron su versión y dieron los nombres de los manifestantes, lo que se asentó en un acta de hechos.

 

Como parte de la “estrategia de seguridad” de la Rectoría, la entonces trabajadora de confianza asistió al plantel Centro Histórico, también en el contexto de las ceremonias de bienvenida a alumnos de nuevo ingreso, en las que supuestamente funcionarios afines a Orozco golpearon a tres estudiantes. “Ahí sí manifesté mi desagrado. Dije a mis compañeros de enlace que esto de hacerle de equipo SWAT [unidades especializadas en intervenciones de gran peligro de diversos cuerpos policiales de Estados Unidos], región Xochimilco, no me venía, no me gustaba”.

 

El 4 de octubre se concretó su despido. A las autoridades universitarias no les importó que el Consejo del Plantel San Lorenzo Tezonco y la Coordinación del mismo decidieran mantenerla a cargo del Enlace Administrativo –ninguno de éstos fue consultado ni notificado de su despido–. Tampoco la solicitud de diálogo de los estudiantes que el 30 de septiembre cerraron “pacíficamente” la oficina de Enlace Administrativo de este campus, para pedir la reinstalación de Cortés Enríquez y otros trabajadores.

 

 

Un continuo golpeteo en la puerta de su hogar interrumpió el bocado de José Carlos Luque Brazán. Era el 6 de septiembre. El reloj marcaba las 16:45 horas. El profesor universitario se sorprendió cuando tres funcionarios de la UACM le entregaron un fajo de hojas tamaño carta: un citatorio, con fecha vencida, para comparecer ante la Contraloría General.

 

A Luque Brazán, quien en agosto de 2007 ingresó a esta Universidad por medio de un concurso público, se le acusa de haber incurrido en responsabilidad administrativa durante su desempeño como                 profesor-investigador adscrito a la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana, pues supuestamente infringió el principio de honradez en el servicio público.

 

Se presume que el 25 de marzo pasado, el maestro en ciencias sociales le dijo “gandalla” a José Alfonso Espinoza Vázquez, también docente; que en marzo de 2010 divulgó en clase un chisme relacionado con una de sus alumnas; y que a mediados de 2009 confrontó al profesor Juan Luis Martínez Ledesma: lo invitó a arreglar “a madrazos” sus diferencias.

 

Luque Brazán, quien en mayo colaboró con la Organización de Estados Americanos en el proyecto Educación de niños, niñas y jóvenes migrantes, niega tales acusaciones. “Los elementos se basan en puros dichos”. Además aclara que, antes de saber del expediente en su contra, desconocía el significado del término “gandalla”, pues éste no se usa en Perú, su país de origen.

 

Considera, más bien, que dicho expediente se deriva de los desencuentros que en su desempeño como académico y consejero universitario ha tenido con personas afines a la rectora, en particular con Elizabeth Romero Campos,      excoordinadora de Certificación y Registro, a quien “derrotó políticamente” en las elecciones de consejeros universitarios del plantel Del Valle, y Juan Luis Martínez Ledesma, exsecretario Técnico del Consejo General Interno de este campus universitario.

 

Asimismo, porque el también candidato a doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México ha fungido como “una de las voces críticas” al interior del Consejo Universitario.

 

“Tenemos la impresión de que es una cuestión política, pero pugnamos porque se resuelva institucionalmente”, dice Luque Brazán, quien el 27 de septiembre compareció, durante casi dos horas y media, ante la Contraloría.

 

Ese mismo día, estudiantes de la licenciatura de ciencias políticas y administración urbana entregaron a esta instancia y a la Rectoría una carta en la que manifiestan su “desacuerdo ante el proceso por el que está pasando el profesor José Carlos Luque Brazán, no sólo porque lo estimamos, también porque están dañando la imagen de un investigador de talla internacional y nos parece injusto que lo estén difamando. Nos consta que es de los pocos maestros que se interesan en nuestra formación como estudiantes y en la construcción de una mejor universidad”.

 

Verónica Cuenca, la contralora general, les respondió: “No se dejen manipular”, comentan, indignados, dos de los jóvenes que firman la carta y quienes son alumnos de Luque Brazán. “A nosotros nos afecta también lo que está pasando. ¡No se vale!”.

 

Hasta el cierre de esta edición, el también refugiado político –reconocido por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados– esperaba el fallo de la Contraloría. De éste, depende incluso su estancia en México.

 

El 23 de septiembre solicitó a la Universidad una carta que lo acreditara como profesor-investigador, documento indispensable para renovar por un año más su visa en el país. Tabata Marianela Rivera Jiménez, subdirectora de Recursos Humanos, le dijo que “están esperando la aprobación de la Contraloría”.

 

Por eso, Luque Brazán interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Dejar el país “implicaría una separación de mi hogar; que deje abandonados a dos niños”. Agrega: “En el fondo, el objetivo es sacarme del Consejo Universitario, del país y de la UACM porque soy contrario a la rectora”.

 

 

 

Un “arreglo fúnebre”, a decir de las autoridades administrativas, es la causa de rescisión de Héctor Nezahualcóyotl Luna Ruiz, quien ingresó a la Universidad en abril de 2005.

 

La falta de sustento jurídico en la junta aclaratoria celebrada el 29 de junio pasado, un derecho establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, de nada le sirvió al entonces asistente académico, quien dejó de laborar para esta casa de estudios el 25 de julio.

 

La resolución, para el abogado general José de Jesús Izquierdo, es falta de probidad por parte del trabajador. “Yo creo que ahí hubo, tal vez, una falta de percepción, de sensibilidad como persona y como trabajador. A mí me contratan para venir a trabajar a la Universidad; no para venir a mandar flores, y luego sin nombre y sin nada”.

 

“Un juicio subjetivo no puede ser un argumento de fuerza”, refuta Abraham Guzmán, del Sindicato de Trabajadores de la UACM. “Lo que nos dijeron los funcionarios de la administración fue que la instrucción por parte de la rectora Orozco es: ‘Se va’.”

 

El ambiente en la Coordinación de Servicios Estudiantiles se había tornado tenso luego de que Luna Ruiz ?quien es maestro en defensa y promoción de los derechos humanos por la UACM? solicitara su cambio de área y su dictaminación para ser profesor-investigador. Fue el 16 de junio cuando decidió mandar un arreglo de rosas blancas a su jefa, Éricka Araiza Flores, con el objetivo de “solventar” las diferencias.

 

Al cuestionarle si tuvo algún problema directo con Esther Orozco, el trabajador responde: “Nunca fui su enemigo político. No firmé la propuesta de destitución ni arengué alguna vez contra ella como rectora o como persona. Vemos con pena que la UACM se está haciendo una arena política”.

 

 

Entre supuestos, al regreso del periodo vacacional de julio pasado, Luis Alfonso Briones Pérez supo de su rescisión laboral. El 3 de agosto, mediante el oficio UACM/CSA/O-06/11, José Antonio Cid le confirma que su “interinato” había concluido tres días antes.

 

La administración justifica su decisión: el “interinato” había sido autorizado por el excoordinador académico Facundo González Bárcenas, mediante el oficio UACM/CSA/O-1513/10.

 

Briones Pérez dejó de ser coordinador de Certificación y Registro el 31 de mayo de 2010. Elizabeth Romero, quien lo sustituyó en el cargo, tiene por lo menos cuatro quejas en su contra ante la Contraloría General, sin embargo, durante el año y tres meses que encabezó el área, nunca fue sancionada.

 

“Al dejar ese puesto de confianza, como trabajador de base que soy desde el 29 de abril de 2005, lo que procedía era regresar a mi plaza”, comenta, desconcertado, el también catedrático.

 

—¿Su despido podría considerarse un asunto político?

 

—No tengo la certeza de lo que está realmente detrás. En el contexto en el que se encuentra la Universidad creo que no hay nada jurídicamente cierto. Mi despido no está fundado ni motivado; es algo injusto. Estoy sufriendo una situación laboral, profesional y económica.

 

Su proceso de dictaminación para ser profesor-investigador de tiempo completo había sido aprobado por el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales y por la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana. César Alejandro Márquez Aguayo y Cuauhtémoc Ochoa Tinoco, coordinador y enlace, respectivamente, dieron su aval.

 

Luis Briones impartió clases durante dos semestres en Cuautepec. “Los propios estudiantes manifestaron mi calidad en el trabajo. Si ellos hubieran dicho que soy un mal profesor, sería el primero en regresarme a una tarea administrativa”.

 

Tabata Rivera, subdirectora de Recursos Humanos, y Minerva Camacho Nuez, actual coordinadora Académica, se deslindaron de la decisión de despido.

 

El 9 de agosto pasado, Briones Pérez envió un escrito a la Rectoría en el que solicita su pronta restitución. El abogado General, quien también recibió copia del documento, dice desconocer la situación actual del caso: “Legalmente no nos han dado ninguna participación en cuanto a que nos digan que fue rescindido o sancionado”.

 

“En ninguno de los dos intervino la rectora [refiriéndose a Nezahualcóyotl Luna y a Luis Briones]: uno fue caso de la oficina general del abogado y la Contraloría, y el otro del Colegio y la Academia” (sic), asevera Orozco Orozco a través de la red social Facebook.

 

 

 

La tarde del 30 de noviembre de 2010, Eduardo Alva Quintero, entonces trabajador de la Contraloría General, recibió una noticia inesperada. A 15 minutos de concluir su jornada laboral, David Flores Aguilar, un abogado de esta área, lo mandó llamar. Sin más preámbulo le dijo: “Éste es el último día que trabajas en la Contraloría. Saca tus cosas personales. Aquí está tu cheque de liquidación”.

 

Indignado y ávido de explicaciones, Alva Quintero pidió hablar con Yadira Rivera Saucillo, entonces encargada del Despacho de la Contraloría General. “Está ocupada y no te puede recibir”, le dijo su secretaria.

 

La respuesta fue la misma cuando minutos más tarde Alva Quintero volvió acompañado de los representantes del Sindicato, al que está afiliado. Con el objetivo de desalojar a los quejosos, se pidió incluso la intervención de los policías auxiliares.

 

Debido a lo irregular de su despido y a la falta de una notificación escrita y sustentada, Alva Quintero se presentó a laborar hasta el 6 de diciembre, cuando finalmente recibió un oficio con fecha del primer día de ese mes, en el que José Francisco Velázquez Casas, entonces coordinador Administrativo, le comunicó el motivo de su recisión laboral: pérdida de confianza, desobediencia reiterada a las órdenes de trabajo y falta de probidad en el desempeño de sus funciones. El funcionario le solicitó también que se “abstenga de ingresar a estas instalaciones [las oficinas de Pestalozzi]”.

 

Alva Quintero ingresó a la UACM en marzo de 2007 como jefe de Desarrollo Organizacional, bajo un contrato por honorarios, del que “por la tardanza en la firma”, no se le proporcionó copia. En 2009 obtuvo su plaza de base, aunque tampoco se le dio un contrato individual. A petición de la Contraloría, entre 2009 y 2010 se desempeñó, en dos ocasiones, como trabajador de confianza, pero con la garantía de que conservaría su folio y puesto de origen.

 

Debido a su calidad de trabajador de base, antes de rescindir a Alva Quintero de su relación laboral, la institución debió haber convocado a una “junta aclaratoria con la participación del Sindicato”, en la que ambas partes exhibieran sus razones y pruebas, “procurando una solución conciliatoria”. No lo hizo.

 

Hasta la fecha, la administración de la Universidad se ha negado a llegar a un acuerdo, pues dicen los quejosos que se trata de “instrucciones de la rectora”. Ahora mismo, que la demanda laboral ha llegado a la Junta Local de Conciliación Arbitraje, lo único que ofrecen las autoridades universitarias es dinero, salarios caídos y prestaciones, más no la reinstalación, explica Alva Quintero.

 

El extrabajador considera que su despido se debe más bien a que sus opiniones y propuestas, al igual que las de muchos otros trabajadores, “incomodan” a la Rectoría y a sus “grupos de apoyo”. El objetivo: “Deshacerse de personas que no son gratas para ellos” y “desplazar a compañeros porque necesitaban plazas para la gente de ellos que estaba llegando”.