Lejos del discurso propagandístico de un gobierno austero, el de Felipe Calderón Hinojosa resultó más burocrático y oneroso que los de sus predecesores. Durante los primeros años de su mandato, los puestos de mando absorbieron casi la mitad del presupuesto destinado a la nómina del gobierno. En seis dependencias –incluida la Presidencia de la República–, las plazas de mando superan en número al personal operativo y gastan más del 90 por ciento del presupuesto destinado a la manutención de toda la plantilla
Nuevos subsecretarios, jefes de unidad, directores generales adjuntos, directores y subdirectores de área, jefes de departamento y personal de enlace –que suman 1 mil 531 plazas– engrosaron la burocracia del Poder Ejecutivo federal en los primeros dos años de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, documenta el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 dado a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Para 2008, los 85 mil 11 servidores públicos en puestos de mando y de enlace de las 18 secretarías de Estado, la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) gastaron 30 mil 894 millones 71 mil pesos del presupuesto anual, equivalente al 45 por ciento de los recursos que se ejercieron en toda la plantilla de empleados del Poder Ejecutivo federal ese año.
En contraste, de 2006 a 2008 se redujeron 5 mil 120 plazas del personal de apoyo en dichas dependencias, cifra 3.3 veces mayor a la de los puestos de mando y de enlace creados en el mismo periodo. La ASF señala que, no obstante la reducción de plazas en los sectores centrales de las 21 dependencias, desde 2006 el gasto ejercido en mantener a los servidores públicos ha crecido 1 mil 354 millones 183 mil pesos (precios de 2008). El incremento en la manutención de la burocracia supera por poco la aportación que el gobierno federal hizo entre 2007 y 2008 para instalar 30 unidades hospitalarias de la Secretaría de Salud.
Tal incremento en el costo de la burocracia “no es congruente” con la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 ni con el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012, ya que ambos proyectos plantean la reducción del gasto operativo y administrativo de las dependencias y entidades federales, concluye la ASF.
Lo mismo señala el decreto de austeridad que Felipe Calderón Hinojosa publicó recién iniciado su mandato. Desde entonces, el presidente ha hablado de promover la austeridad en su gobierno; incluso, el pasado 16 de marzo dio a conocer las medidas de austeridad y racionalidad del gasto que el gobierno desarrollará en lo que resta del sexenio. El proyecto, llamado Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, señala que desde 2006 se ha reducido el presupuesto en servicios personales de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
Pero contrario al señalamiento del gobierno federal, el informe de la ASF revela que, en los primeros dos años del gobierno de Calderón, dicho rubro –que contempla los sueldos de los servidores públicos– creció 4.8 por ciento, alcanzando el monto de 223 mil 283 millones 800 mil pesos para 2008. Esta cifra es 60.2 por ciento mayor a la ejercida en 2000, cuando llegó al poder Vicente Fox Quesada.
Plazas de mando en expansión
De acuerdo con la ASF, de 2006 a 2008 se incorporaron a la nómina del Poder Ejecutivo federal siete nuevos subsecretarios de Estado, quienes, de acuerdo con información del Portal de Obligaciones de Transparencia, reciben en promedio una remuneración total mensual de 145 mil pesos. Dos jefes de unidad, 33 directores generales adjuntos, 219 directores de área y 54 jefes de departamento también se sumaron a la burocracia con sueldos de 16 mil a 139 mil pesos al mes, sin incluir prestaciones y percepciones extraordinarias de las que gozan.
Al personal de enlace se incorporaron 1 mil 216 nuevos empleados con salarios aproximados de 14 mil pesos mensuales, más del doble de lo que perciben como ingresos 2 millones 500 mil familias en el país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El máximo órgano fiscalizador también señala que, en seis dependencias, el número de plazas ocupadas por personal de mando supera en más de la mitad al personal de apoyo. Se trata de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que cuenta con 83.2 por ciento más puestos de mando que operativos; la PGR, que para 4 mil 558 empleados de apoyo requirió 13 mil 873 puestos de mando; la Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene 4.9 veces más personal de mando, mientras que en la CJEF, la proporción es de 4.7 empleados de mando por uno de apoyo; la Secretaría de Gobernación (Segob) tiene 305 empleados operativos menos que de mando, y la Presidencia de la República cuenta con 594 plazas de apoyo y 898 de mando.
Esta desproporción ha ocasionado que los recursos también se distribuyan en forma desigual, de modo que más del 90 por ciento del presupuesto de estas seis dependencias se concentra en los puestos de mando, excepto en el caso de Gobernación, cuya alta burocracia recibe el 83 por ciento de los recursos destinados a servicios personales. Además de estas dependencias, las secretarías de Energía, Relaciones Exteriores, Trabajo y Previsión Social, Economía, Desarrollo Social y Medio Ambiente gastan en sus puestos de mando más de la mitad de sus recursos.
En esa situación también se encontraron dos secretarías que el año pasado fueron sentenciadas a desaparecer como una medida de ahorro en el gobierno: Reforma Agraria y Turismo. En el primer caso, la dependencia a cargo de Abelardo Escobar Prieto concedió 197 millones 36 mil pesos a sus 393 funcionarios de mando, mientras que 110 millones 272 mil pesos tuvieron que distribuirse entre 1 mil 149 empleados.
Turismo, que recientemente recibió a su nueva titular Gloria Guevara Manzo, dio a sus 454 mandos 143 millones 153 mil pesos, mientras que a su plantilla de 1 mil 515 puestos operativos le otorgó 96 millones 203 mil pesos. Si se dividiera este monto entre el número de empleados, a cada uno le corresponderían 63 mil 500 pesos, casi cinco veces menos de lo que reciben los altos burócratas, aunque los triplican en número.
Función Pública, aval del aumento en burocracia
De acuerdo con la ASF, el número de plazas autorizadas en los distintos ramos gubernamentales creció 14 por ciento de 2006 a 2008. Los mayores aumentos los reportan Seguridad Pública, con 101 por ciento, y Reforma Agraria, con casi 82 por ciento. Junto con éstos, los ramos de Gobernación, Defensa Nacional, Comunicaciones y Transportes, Economía, Educación Pública, Marina, Trabajo, Reforma Agraria, Desarrollo Social, Función Pública y la PGR mostraron un crecimiento en la cantidad de puestos de trabajo que podrían tener.
Respecto de las plazas de mando, la SFP avaló que para 2008 fueran 42 mil 13 puestos, 40 por ciento más que en 2006. Ese año, el último de Fox Quesada, Función Pública había autorizado 29 mil 955 plazas para las dependencias del Poder Ejecutivo federal, pero se ocuparon 34 mil 391, de acuerdo con la información que presenta la ASF.
Varias secretarías rebasaron la cantidad que se les había concedido, como Seguridad Pública, que ocupó 4 mil 407 plazas extra. Salud sobrepasó su límite, pues contrató a 485 empleados de más, mientras que la SRE y la Semarnat tuvieron 225 y siete puestos extra, respectivamente. Las secretarías vinculadas al campo también se excedieron: Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ocupó 58 plazas de más, y Reforma Agraria, 56. La propia SFP rebasó su límite: contrató a 16 empleados adicionales a los que tenía asignados. Si bien el cálculo de este exceso de plazas suma 6 mil 631, la ASF refiere un resultado inferior (4 mil 436) debido a que en su cuenta resta el total de puestos que no fueron ocupados, lo que hace que la diferencia sea menor.
Gasto corriente en aumento
En 2008, el gasto corriente de la administración pública federal sumó 1 billón 694 mil 230 millones 800 mil pesos, de los cuales el 42 por ciento (712 mil 135 millones) correspondió al pago de servicios personales. El 92.3 por ciento de dicho monto fue a parar a las arcas de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo, señala la ASF.
Asimismo, refiere que esta cifra es 48.7 por ciento más alta que el gasto corriente ejercido en 2000, y 25.8 puntos mayor al erogado en el primer año de la administración calderonista. No obstante las cifras que da a conocer la ASF, para el secretario de la Comisión de la Función Pública, Marcos Pérez Esquer, se trata de “datos mal analizados”.
El diputado panista explica que el gasto corriente es preponderante porque ahí se clasifica el pago de toda la nómina estatal, “de los maestros y los soldados. Por lo tanto, no debemos irnos con la finta de que todo gasto corriente es negativo”. Pero así como se pagan sueldos de maestros, el gasto corriente costea también la manutención de los servidores públicos de mando en las distintas entidades y dependencias del gobierno, así como de los diputados y senadores.
Cuestionado respecto de la responsabilidad de los legisladores –que son quienes aprueban el presupuesto de egresos– del aumento en el gasto corriente, el diputado perredista Vidal Llerenas Morales, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, justifica que hay muchas cosas dentro del presupuesto que resultan imposibles de ver, ya que hace falta un mejor análisis de las cuentas públicas para fiscalizar asuntos “muy específicos”, como el del gasto estatal en los servidores públicos.
Las prestaciones de la burocracia
Entre las prestaciones que enumera la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que reciben los funcionarios de mando de la administración pública federal, destacan las que reciben los órganos autónomos como el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Banco de México, pues el erario les paga becas escolares, dote matrimonial equivalente a un mes de sueldo, vales por 250 pesos en las celebraciones del Día del Niño, Día de Reyes y Día de las Madres, bonos de productividad, mercancías acordes con las fiestas decembrinas; incluso les reembolsa los gastos de instalación en caso de que sean cambiados de plaza. El erario también les costea ayuda para renta y alimentación, gastos de representación y pago por riesgo de trabajo; y para incentivar su trabajo, también contemplan un estímulo por desempeño, otro beneficio llamado “incentivo del segundo semestre” e incluso figura un Premio Nacional de Antigüedad. (MS)
Prestaciones fuera de la ley
Tanto la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria como el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 establecen que los beneficios y prestaciones del personal de base en las dependencias y entidades gubernamentales no se harán extensivos a los servidores públicos de mandos medios y superiores. A pesar de estas disposiciones, la ASF detectó dos casos dentro de la administración pública federal en que los empleados de mando gozan de beneficios que no les corresponden.
Las instituciones de banca de desarrollo Nacional Financiera (Nafin) y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) incorporaron a ocho y cuatro empleados, respectivamente, en puestos de mando en 2008, sin haber realizado gestión alguna para excluirlos de los beneficios del personal de base.
Entre las prestaciones que los empleados de mando recibían, enlistadas por la ASF, se encuentran un subsidio deportivo de 6 mil 400 pesos en Nafin y compensación por horario discontinuo, así como participación en las utilidades dentro de Bancomext.
Ambas entidades respondieron al señalamiento de la Auditoría; apelaron al artículo 123 constitucional, cuya ley reglamentaria establece que instituciones de su tipo tienen la obligación de “otorgar y mantener con sus trabajadores los derechos y prestaciones sin distingo alguno”. De este modo, y en apego a un “mandato de orden superior”, dichas instituciones defendieron que una docena de servidores públicos recibiera del erario beneficios por 2 millones 232 mil pesos. (MS)
