La Sagarpa registró “irregularidades” en el manejo de más de 193 millones de pesos del Subprograma de Apoyo a la Cadena Productiva de Productores de Maíz y Frijol 2007, fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación. El proyecto, diseñado para beneficiar a la población más pobre del país, entregó recursos a personas distintas a las que estaba oficialmente dirigido
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), encabezada por Alberto Cárdenas Jiménez, tuvo en su primer año de administración “irregularidades” por casi 200 millones de pesos en los planes emergentes de frijol y maíz, según el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2007.
Contenidos en el Subprograma de Apoyo a la Cadena Productiva de Productores de Maíz y Frijol 2007 (Promaf), dichos planes tuvieron como objetivo oficial incrementar los índices de “bienestar” de las familias vinculadas a la producción en el campo.
No obstante que el Promaf está dirigido a la población más pobre del país, el documento elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indica que 193 millones 918 mil 900 pesos no impactaron en dicha población.
Contrario a su objetivo, hubo incumplimiento de requisitos entre los beneficiarios, apoyos duplicados y en exceso, adquisición de maquinaria no justificada y proyectos no concluidos en los tiempos establecidos, entre otros.
Los montos observados por la ASF que podrían significar un daño al erario corresponden a 104 millones 119 mil 700 pesos del Plan Emergente de Frijol. En tanto, el Plan Emergente de Maíz registra observaciones por 89 millones 799 mil 200 pesos.
Mientras los recursos públicos no son aplicados conforme a las reglas de operación del mismo Promaf, productores de frijol se quejan de que los “apoyos” son asignados hasta el cuarto mes del año, lo que implica un retraso en la ejecución de sus proyectos de producción y comercialización.
Esta situación, dice Ramón Ochoa Ruiz, representante de la Integradora Estatal de Productores de Frijol de Zacatecas, “afecta a miles de agricultores que nos dedicamos a la siembra del segundo grano de importancia en la canasta básica de alimentos de los mexicanos”.
Héctor Padilla, presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, explica que “el Promaf ha fluido con lentitud y ahí es donde la Sagarpa se tiene que aplicar para mejorar los tiempos de entregas. Debe hacer que los recursos tengan impacto en el mejor tiempo posible”.
El diputado priista asegura que el programa “le ha ayudado a muchas organizaciones a mejorar la productividad y competitividad, y así darle valor agregado a los granos. Si hay casos de uso inadecuado de los recursos, se debe al rigor de la fiscalización, misma que debe mantenerse para evitar que se vaya desvirtuando el proyecto ante una falta de supervisión oportuna”.
Recursos en exceso
La ASF analizó la base de datos nacional de los beneficiarios del Promaf 2007, en la que se registraron apoyos por 132 millones 763 mil 900 pesos. De estos recursos, 1 millón 483 mil 200 pesos son apoyos por montos superiores a los establecidos en las Reglas de Operación del Programa del Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de Agronegocios (Fomagro, del que depende el Promaf).
Además, determinó que en 11 proyectos se otorgaron apoyos por 13 millones 52 mil 900 pesos, pero no se recabó la información correspondiente al número de hectáreas de los productores ni las firmas o huellas de cada uno de los que participarían en los proyectos; requisitos “indispensables” para obtener los recursos.
El máximo órgano de fiscalización del país, a cargo de Arturo González de Aragón, indica que 1 millón 816 mil 400 pesos no fueron entregados a los productores beneficiados en Durango. Ante esta situación, la Secretaría de Agricultura está obligada a devolver los recursos a la Tesorería de la Federación (Tesofe) por el mismo monto.
La observación provocó que los auditores de la ASF solicitaran a la Sagarpa los saldos de las cuentas de las distintas gerencias estatales del Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco) –vehículo financiero a través del cual se dotan de recursos a los productores, constituido en la Financiera Rural–, al 31 de julio de 2008.
Del informe se desprende que existían 64 millones 407 mil 200 pesos –63 millones 741 mil 800 pesos de aportaciones al capital y 665 mil 400 pesos de intereses generados–, “de los cuales no se evidenció su aplicación al subprograma o bien su reintegro a la Tesofe”.
Proyectos irregulares
En la evaluación financiera se registran “irregularidades” por otros 10 millones 299 mil 800 pesos. Las organizaciones de Durango involucradas son: Productores de Frijol de los Llanos, con 4 millones 997 mil pesos; la Organización de la Defensa Campesina Plan de Ayala, a la que se le dotaron recursos por 4 millones 465 mil 200 pesos, y la Unión de Sociedades de Producción Rural Progreso, Justicia y Democracia, con otros 837 mil 600 pesos.
Los casi 5 millones de pesos entregados a los Productores de Frijol de los Llanos fueron atribuidos al proyecto Industrialización del Frijol Pinto Saltillo. El 15 de noviembre de 2007 se suscribió el Convenio de Concertación entre el Firco y la organización, en el que se señaló que todos los compromisos pactados tendrían vigencia hasta el 27 de diciembre de ese mismo año. De lo contrario, la organización estaba obligada a reintegrar a la Tesofe los recursos no ejercidos al término del tiempo programado.
No obstante, el 20 de diciembre de 2007, la organización solicitó una prórroga para su ejecución a través de su representante legal. El argumento de la organización fue: “Obedece a situaciones extraordinarias que ha sorteado la organización producto del suministro del equipo por parte de los proveedores en la implementación del proyecto, las cuales ustedes no están ajenas a la misma, por lo que fácilmente comprenderán la situación por la que atravesamos”.
La ampliación fue otorgada hasta el 31 de octubre de 2008.
La ASF visitó las instalaciones de la organización siete meses más tarde, el 23 de julio de 2008, y “se constató que el proyecto no había sido ejecutado”. El encargado justificó que a esa fecha se tenía un avance del 80 por ciento en las “cotizaciones” de toda la maquinaria, por lo que se estaba a la espera del otro 20 por ciento para llevar a cabo el pedido y compra de la misma.
“Razón por la cual es indiscutible que lo señalado en el multicitado escrito no podía estar ocurriendo, pues si en la visita no se contaba con la totalidad de las cotizaciones, mucho menos se podía contar con un compromiso de suministro de los equipos por parte de los proveedores”, dice el máximo órgano de fiscalización.
Al respecto, la Gerencia Estatal del Firco en Durango proporcionó a la ASF el oficio 680.600.10.00/0330/08, mediante el cual reitera la solicitud a la presidenta del Consejo de Administración de Productores de Frijol de los Llanos para que realice el reintegro de los recursos más los intereses generados, entregados en apoyo a su proyecto.
Cosechadora de medio uso
Los más de 800 mil pesos entregados a la Unión de Sociedades de Producción Rural Progreso, Justicia y Democracia justificaban la adquisición de una cosechadora y la instalación de una “beneficiadora de frijol”.
Para la compra de la máquina se asignaron 837 mil 600 pesos, equivalentes al 50 por ciento de su costo total. De ello, la ASF constató que el bien no beneficia a la población contemplada en el proyecto, es decir a los productores del municipio de Guadalupe Victoria, pues se encuentra en un lugar distinto y lejano al que se había especificado en el proyecto.
Además de que la maquinaria adquirida es de segunda mano, aun cuando las Reglas de Operación del Fomagro indican que los apoyos directos están destinados para cubrir inversiones de infraestructura y equipamiento nuevo. La organización tampoco pudo comprobar la propiedad del bien y no se había comprobado ningún pago por la venta del equipo. Los mismos productores, integrados en el padrón de la organización dijeron desconocer el proyecto y aseguraron no haber recibido ningún beneficio.
La Organización de la Defensa Campesina Plan de Ayala tampoco comprobó el uso de los recursos por 4 millones 465 mil 200 pesos, asignado al proyecto Incremento en la Productividad del Cultivo del Frijol con Semilla Mejorada Bajo Condiciones de Temporal.
La ASF solicitó los estados de cuenta de cada uno de los beneficiarios para constatar la entrega de los apoyos, sin que fueran proporcionados. La organización tampoco entregó a los productores los certificados de participación, por lo que también está obligada a reintegrar los millonarios recursos a la Tesofe.
Anomalías en Zacatecas
En Zacatecas, las organizaciones Centro de Agronegocios Villa de Llerena y Finca el Progreso –mismas que obtuvieron 1 millón 651 mil 600 pesos y 3 millones 486 mil 800 pesos, respectivamente– también incurrieron en supuestas irregularidades al duplicar nombres de beneficiarios, documenta la ASF.
El órgano de fiscalización detectó a 72 productores que aparecen duplicados en ambas organizaciones. Además, no se acreditó la dispersión de los apoyos para garantías líquidas y 443 agricultores aparecen en el acta protocolizada de la organización Finca el Progreso, como productores de cebada, “no obstante que el apoyo era para productores que hubiesen sembrado frijol en el ciclo homólogo anterior”.
En una investigación de campo, la ASF entrevistó a 27 de los productores incluidos en las listas de ambas organizaciones.
“Se observó que en su mayoría desconocían su participación en el programa”.
Fundación Produce afecta al patrimonio
El documento de la auditoría también presume un daño patrimonial por 1 millón 150 mil pesos, derivado de la contratación de la empresa Servicios y Asesoría de Calidad y/o Joel Sánchez Pacheco. Este último, indica, participó en el proyecto Conversión del Cultivo de Frijol a Forrajes 2007, en Durango, San Luis Potosí y Zacatecas.
La fiscalización de los recursos a la Sagarpa arrojó que la Fundación Produce Zacatecas documentó la contratación del asesor externo, con las facturas 1551, 1553 y 1561, expedidas por Sánchez Pacheco.
Sin embargo, la Sagarpa no acreditó que el prestador de servicios perteneciera a algún organismo o institución nacional o internacional. Tampoco se realizó procedimiento de contratación conforme a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y no cuenta con los requisitos mínimos de elegibilidad de los evaluadores externos.
La misma Fundación Produce Zacatecas aceptó ante el órgano de fiscalización que “el procedimiento de contratación se llevó en forma directa, sin contar con otras cotizaciones, sin suscribir contrato y sin acreditar los requisitos mínimos de elegibilidad de los evaluadores externos, por lo que se considera que no se garantizaron las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad de los servicios contratados”.
Fundación Produce Zacatecas también utilizó recursos públicos para gastos de administración por 1 millón de pesos, utilizados en el pago de telefonía celular, energía eléctrica, telefonía local, mantenimiento de vehículos, arrendamiento y nóminas del personal que ahí labora. Las erogaciones tampoco fueron comprobadas.
Otros 2 millones 205 mil 100 pesos fueron asignados a operaciones de las delegaciones de la Sagarpa en Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. De éstos, la fundación documentó 2 millones 212 mil 700 millones de pesos. No obstante, la ASF considera que los 793 mil 400 pesos empleados en combustibles y 443 mil 200 pesos destinados a papelería son “excesivos”.
Asimismo, “se identificaron diversos gastos de mantenimiento correctivo a vehículos, de los cuales no se proporcionó evidencia de que se hayan utilizado en las actividades del programa; así como la compra de bienes electrónicos: una pantalla de plasma, un DVD y un estéreo, entre otros, que no tienen relación alguna con los fines para los cuales se destinaron los recursos”.
Plan Emergente de Maíz, daño por 89 MDP
El proyecto de la Sagarpa dirigido a la producción y comercialización del grano más importante de la canasta de alimentos de los mexicanos también tuvo observaciones por 89 millones 799 mil 200 pesos.
El dictamen de la auditoría fiscal indica que 69 millones 639 mil 500 pesos fueron otorgados en montos mayores a los autorizados en las Reglas de Operación del Fomagro; 6 millones 935 mil 200 pesos asignados a 451 productores que aparecen repetidos en la base de datos de los beneficiarios y 4 millones 857 mil 800 pesos con documentación comprobatoria no aprobada.
Otros 2 millones de pesos fueron destinados para la construcción de un silo, que a la fecha de la inspección física no había sido concluido; 1 millón 281 mil más no fueron comprobados; 1 millón 477 mil 200 pesos se destinaron a cubrir parte del Impuesto al Valor Agregado; 1 millón 992 mil 400 pesos fueron amparados con documentación comprobatoria diferente de la presentada por la organización en la fecha de la inspección física.
Además 1 millón 71 mil 500 pesos fueron otorgados sin cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Fomagro; 240 mil 500 pesos fueron asignados a organizaciones que ya habían sido apoyadas en el programa de coberturas de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria y 304 mil 100 corresponden a rendimientos financieros de los que no presentaron evidencia de su aplicación.
Leticia Correa, representante de FIAN México (FoodFirst Information and Action Network, organización internacional de derechos humanos que promueve y defiende el derecho a la alimentación) asegura que “para que un campesino meta un proyecto en la Sagarpa tiene que estar afiliado a una organización, y esto no siempre es posible”.
Además, indica la integrante de la campaña “Sin maíz no hay país”, las políticas dirigidas al campo mexicano han dejado de lado a la población más vulnerable. “No todos los campesinos tienen acceso a estos programas, porque ni siquiera cuentan con la información para acceder a ellos; viven en los lugares más apartados del país”.
Las observaciones
Según la ASF, en Michoacán hubo 51 beneficiarios del Promaf, a quienes se les otorgaron recursos por 6 millones 935 mil 200 de pesos. Los mismos aparecen repetidos en las listas de beneficiarios presentadas por las diversas organizaciones, aunque el informe no especifica los nombres de los beneficiarios.
Luego, al verificar la existencia de la maquinaria e infraestructura adquirida, el órgano de fiscalización realizó una visita de inspección a la organización Productores Agropecuarios Valle Nuevo.
La agrupación campesina estaba encargada de desarrollar un proyecto que contemplaba la construcción de un silo, al que se le asignaron 2 millones de pesos. Al 1 de agosto de 2008 los auditores de la ASF señalaron que éste no había sido concluido y sólo se constató la cimentación donde sería colocado.
De la comprobación de apoyos por garantías líquidas en Michoacán se deriva que el Firco entregó 5 millones 527 mil 300 pesos a 10 organizaciones campesinas. No obstante, el informe de la ASF documenta que la asignación de estos recursos contravinieron las reglas de operación por las que se rige el Promaf, toda vez que se debieron entregar 2 millones 782 mil 600 pesos, es decir que se asignaron 2 millones 744 mil 700 pesos más de lo debido.
La Gerencia Estatal del Firco en Michoacán también informó que 36 organizaciones no habían comprobado la aplicación de 1 millón 152 mil 200 pesos, “así como la evidencia documental de las acciones llevadas a cabo para la recuperación e integración, a la Tesofe, de los mismos”.
En Hidalgo, a la organización Unión de Maiceros Mixquiahualenses, (hoy Agricultores el Elefante) se le asignaron 1 millón 992 mil 400 pesos para la adquisición de un remolque y una sembradora marca John Deere, mismos que a la fecha de inspección no fueron localizados por los funcionarios de la Auditoría Superior. El presidente de la organización indicó que “el primero se encontraba en reparación con la distribuidora con la que se adquirió y la segunda estaba rentada”.
Víctor Suárez Carrera, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), critica la operación del Promaf, pues dice que éste no es ningún plan emergente: “No hay intención de reconocer la emergencia que se tiene en aumentar la producción de estos granos. Tampoco hay un incremento a su financiamiento ni de asistencia técnica ni tecnológica”.
El dirigente de la ANEC concluye: “La federación bajó el presupuesto a este programa a 800 millones de pesos, de los 2 mil 500 asignados el año pasado. Con ello, vemos que la producción del maíz y frijol no importan para el gobierno.
Es la indolencia de la política agroalimentaria en la que supuestamente todo está bien, según los discursos oficiales. Lo que vemos nosotros es que la situación de campo mexicano es catastrófica”.
