Si algún crédito le quedaba a los escombros del sistema político mexicano –cuando las elites, para asegurar la continuidad del régimen sin cambios cualitativos, obligaron a los priistas a entregarles la administración a sus hermanos siameses–, la derecha confesional se ha encargado de convertirlo en polvo.

Con Vicente Fox y Felipe Calderón, la pérdida de credibilidad y legitimidad del sistema, sus instituciones y sus responsables alcanza tal magnitud que hasta la propia oligarquía, que en mala hora decidió encumbrarlos, trata a los panistas con desconfianza y desprecio, debido a su incapacidad para enfrentar la crisis política y económica que unos y otros han provocado y profundizado con sus desmesuras. Además, su percepción del grado de descomposición del régimen, el riesgo que esa situación pueda estimular el desborde social, sus desacuerdos ante las medidas que deben adoptarse para tratar de sacar al país del abismo en que se hunde irremisiblemente ante el autismo calderonista, y sus esfuerzos por tratar de obtener mayores beneficios a costa de ellos mismos y de las mayorías, ha fracturado la precaria unidad de las elites y llevado a un enfrentamiento intestino.

Recién dijo piadoso Lorenzo Servitje: “Si el pobre señor presidente” no recibe el apoyo necesario, el país difícilmente podrá salir adelante. Consciente o inconscientemente, el empresario derechista redujo la estatura ejecutiva de Calderón a un lastimoso “pobre” hombrecillo digno de conmiseración. Es que el malestar empresarial es inocultable. En un foro de católicos, el dueño del oligopolio Bimbo tuvo que reconocer que en el Partido Acción Nacional (PAN) “se han colado vividores” que no se preocupan del “bien común” ni de la mística que inspiró sus orígenes, aun cuando seguirá votando por ese partido, pues, agregó, “no me queda de otra”, sin aclarar sus razones. Quizá porque, más allá de compartir su decimonónica e intolerante ideología, le es funcional a sus intereses. En sus negocios, Servitje se olvida de sus “místicos orígenes”, del “bien común”, ya que, recientemente, su oligopolio fue multado con 100 mil dólares en Perú y obligado a retirar algunos productos del mercado por engañar a los consumidores, católica práctica también denunciada en México, sin que los panistas se molesten en investigar. También porque el PAN sintetiza su visceral odio clasista, simbolizado por Andrés Manuel López Obrador.

Pero, ¿quién puede sentir compasión y cerrar filas alrededor de ese “pobre” hombre, si él mismo, con su despotismo, su negligencia fundamentalista, su manejo arbitrario de las leyes, se ha encargado de dividir al país, al mantener un proyecto de nación socialmente excluyente, al defenestrar a aquellos que no aceptan sumisamente su forma de gobernar?

En su manera despótica de ejercer el poder radica la desgracia de Calderón: su miseria como Ejecutivo.

Las elites lo pusieron como su gerente en un proceso electoral sucio. Si, para ellos, Calderón ya perdió su sex appeal, es su asunto. Porque para las mayorías siempre ha sido un déspota usurpador de gobierno que los afrenta, obstaculiza sus anhelos de bienestar y de democracia participativa.

¿Cómo apoyar a un gobierno que ha profundizado el descrédito en el sistema y el régimen? México es una nación con leyes, con injusticia, de manejo doloso. Por ejemplo, hay dos clases de zetas. Unos son “malos”, otros son “buenos”. Frente a ellos, la justicia tiene dos medidas. A aquellos todo el peso de la ley. A esa delincuencia, en parte organizada fuera del sistema, se la fabrica como el enemigo número uno de la sociedad, por sus costos para la “seguridad”, mientras que a los primeros problemas, la impunidad oficial, la pobreza y la crisis económica, se les reduce deliberadamente de jerarquía.

Esto para justificar otra ilegalidad: sacar al Ejército a las calles, pese a que el artículo 21 constitucional dice: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y las policías (…) El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público (…) Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil”. A partir de ese momento, se tienen que cubrir otras transgresiones recientemente denunciadas por Human Rights Watch: “Los soldados mexicanos continúan cometiendo abusos atroces durante su participación en actividades de seguridad pública (…) La responsabilidad de investigar y juzgar los abusos cometidos por el Ejército se asigna habitualmente a las autoridades militares, lo cual redunda en impunidad. El sistema de justicia militar carece de la independencia necesaria para llevar a cabo investigaciones confiables y su funcionamiento se caracteriza por una falta de transparencia generalizada. La capacidad de los agentes del Ministerio Público Militar de investigar los abusos cometidos por el Ejército se ve aún más debilitada por el temor generalizado hacia esta institución que existe en las comunidades rurales, el cual impide que las víctimas y los testigos civiles brinden información a las autoridades militares”.

Pero los militares también son usados para otros fines. José Luis Soberanes acaba de manifestar que “hay indicios suficientes para determinar la responsabilidad del Estado”, “incluido el Ejército Mexicano”, en la desaparición de los activistas Edmundo Reyes o Andrés Reyes y Alberto Cruz o Raymundo Rivera.

La guerra sucia. El “terrorismo de Estado”

A los zetas “buenos” se les trata con deferencia.

Aunque medren oscuramente de Pemex, allanen oficinas, amenacen de muerte, pisoteen impunemente la legalidad, sin que nadie los moleste. En este caso, la seguridad del país, de los ciudadanos, nada importa. Al contrario, se fomentan institucionalmente los atropellos. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en 2007, Amnistía Internacional (AI) señaló: “Los periodistas suelen ser ‘blancos fáciles’. La prensa libre es esencial para la libertad de expresión y clave para la protección de los derechos humanos. A menudo se considera irritantes a los periodistas: publican noticias que ponen en evidencia a los gobiernos, dan voz a la oposición y a los activistas, denuncian violaciones de derechos humanos y otros abusos de poder. Ello los convierte en blanco de los gobiernos que quieren reprimir esa disidencia. Toda la sociedad paga un precio cuando se mata a periodistas y cuando la censura y el miedo ahogan la expresión. Éstas son las condiciones que permiten que crezcan el abuso de poder y la injusticia. Los periodistas que informan de la corrupción y las actividades de las redes del crimen organizado corren especial riesgo. Las autoridades no están haciendo que los responsables rindan cuentas de sus actos. Estos crímenes se cometen con total impunidad”. En su informe sobre México, AI afirmó: “El gobierno mexicano ignora la persistencia de la impunidad, las graves violaciones de los derechos humanos que se perpetran en el país”.

Human Rights Watch acaba de denunciar que “el sistema de justicia penal de México continúa teniendo problemas graves en materia de derechos humanos. Las personas que se encuentran detenidas o en prisión son sometidas a torturas y tratos degradantes. Los funcionarios encargados de la aplicación de la ley a menudo no investigan ni juzgan a los responsables de violaciones de derechos humanos, como los abusos que se cometen actualmente durante operativos para promover seguridad pública. Esta falla responde a diversas causas, como corrupción, capacitación y recursos insuficientes y prácticas abusivas por parte de la policía sin mecanismos de rendición de cuentas adecuados (…) Las leyes penales sobre difamación continúan siendo excesivamente restrictivas y suelen socavar la libertad de expresión”.

Meticuloso en delimitar caprichosamente la “libertad de expresión”, al Poder Judicial se le ha olvidado incorporar el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que reza: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión y a investigar y recibir informaciones y opiniones, y a difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Cuando de defender intereses se trata, nada importa que México sea considerado como uno de los 77 países donde se restringe la libertad de expresión y de prensa, según AI.

Por los favores recibidos, ¿esos zetas, de camisas pardas, sí son “buenos”? ¿La “justicia” por consigna, al mejor postor?

¿Qué puede esperarse de los empleados menores en un país donde reina la impunidad y el terror de Estado, si en el actual ambiente enrarecido los principales responsables de velar por las leyes son los primeros en violentarla?

En un Estado laico, Calderón trata de imponer uno confesional. Sobre la libertad de expresión o elección partidaria, supuestamente garantizada por nuestra supuesta “democracia”, trata de imponer su crispado autoritarismo, su pensamiento único. A Carlos Slim, que en defensa de sus intereses, le advierte de los riesgos de llevar hasta sus últimas consecuencias su fundamentalismo neoliberal le suelta la jauría. Los torquemada Javier Lozano, Alberto Cárdenas, Juan Molinar –que regentea la peor entidad pública– y demás lo crucifican públicamente. Lo amenazan con destruirle su oligopolio telefónico, mientras que a los otros, también de las telecomunicaciones, los servicios bancarios y extrabancarios, las comercializadoras de gas, gasolinas, tiendas de autoservicio, se les deja actuar con la mayor voracidad en contra de los consumidores. Para ellos, los colmillos se vuelven de azúcar. ¿Por qué sus matones no dicen nada en contra de Ricardo González Sada, de la Confederación Patronal de la República Mexicana; Armando Paredes, del Consejo Coordinador Empresarial; o Antonio Mahbub, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, que han hablado en la misma tesitura de Slim, que le reclaman porque no fluyen los recursos del “plan anticrisis”, que ante “la magnitud de la crisis y de la franca recesión de la economía, la burocracia es el arte de hacer lo imposible en lo posible (González)”? ¿Son del bando “bueno”? ¿Acaso le cobra facturas a Slim por la cercanía que llegó a tener con López Obrador? ¿Porque Slim se irritó por el trato diferenciado de sus peones como el patético Luis Téllez? ¿Porque al avizorar la inminencia de su desastre y, en aras de salvar sus negocios, defeccionó y se acercó al Partido Revolucionario Institucional? ¿Es el pago por su “deslealtad”? ¿A los calderonistas no les dice nada que quienes lo pusieron de administrador ahora echen pestes de ellos?

Ante los especuladores financieros, los golpeadores de barrio se ponen de rodillas. Agustín Carstens y Guillermo Ortiz despotrican en contra de ellos. Condescendiente, empero, Carstens califica la orgía en contra del peso de esos buenos muchachos como simple “toma de utilidades”. Desde la Comisión de Cambios, los dos les arrojan dólares como si fueran jugosos huesos para calmar su apetito y tranquilizarles los nervios. Pero son voraces. Según analistas, no les han sido suficientes los 50 mil millones que han sacado del país en los últimos meses. Quieren más. Y Carstens y Ortiz, para evitar el molesto escrutinio público, optan por dárselos directa, pero discretamente. Generosos, derrochan las reservas internacionales como si fueran de ellos y no de la nación, al amparo de la oscura “autonomía” del banco central y la ausencia de mecanismos que les obliguen a rendir cuentas. Dicen que para cuidar la “estabilidad” del peso. ¿Esto cuando se ha devaluado cerca de 40 por ciento y es vapuleado casi todos los días? ¿Cuando la vorágine especulativa, en el ejercicio del “libre mercado”, ha contribuido a desquiciar los mercados financieros y las actividades productivas?

Curiosa “defensa” de la moneda por sus simpáticos “guardianes”. Los “tomadores de utilidades” deben de estar contritos.

Generosos con unos cuantos “anónimos” especuladores, mezquinos contra los consumidores de diésel, obreros y damnificados por la crisis y las políticas neoliberales calderonistas.

¿Qué otra cosa puede esperar el ciudadano común si los ministros de la Suprema Corte –salvo Juan N. Silva, José de Jesús Gudiño y, especialmente, Genaro Góngora–, en un acto de exhibicionismo público, decidieron dejar patente que, en sus juegos palaciegos, prefieren seguir siendo un poder emasculado, postrado ante las elites, que no están a la altura de los cambios que requiere la nación, según su fallo en el caso de Atenco?

¿Enrique Peña, Eduardo Medina y compañía son zetas “buenos”?

El Legislativo se entretiene mientras Calderón toca la lira y prende fuego a la pradera seca. Hace siete meses que la economía empezó a derrumbarse y cuatro que la recesión sentó sus reales. Y Manlio Fabio y demás “representantes del pueblo”, hacen como que tratan de entender “qué hacer para crecer”, como si no fuera clara la situación. Ridícula máscara para tratar de ocultar su único interés: sus ambiciones imperiales. El país que se funda. Paralelamente, los partidos del sistema se depredan entre ellos mismos, al más puro estilo del “despotismo democrático”.

Por si no fuera suficiente el espectáculo de la deshonra de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Instituto Federal Electoral (IFE), encabezado por Leonardo Valdés, hizo exactamente lo que se esperaba de ellos: que reculara vergonzosamente ante los zetas “buenos” del duopolio televisivo, con la complacencia de Fernando Gómez Mont. ¿Esos duopolios no merecen el mismo trato de Slim? Si se es justo con el IFE, no puede decirse que se denigró, porque nunca ha tenido dignidad que perder. Ni antes ni con José Woldenberg ni después. La elección de Valdés y pandilla acabó con la farsa. Si Luis Carlos Ugalde fue un mediocre en el asalto al poder calderonista, se espera que los Valdés sean más eficientes. En caso de fracasar, su triste destino será el mismo que el de Ugalde.