Las familias triquis desplazadas de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, cumplen 2 meses durmiendo a la intemperie, fuera de sus hogares y en el asfalto. El 20 de enero fueron expulsadas por un grupo armado que tomó su comunidad.
Hoy, ya sin los ímpetus de quienes les apoyaron en un principio, siguen a la espera de que sean recibidas por el presidente de la República. Por los “equilibrios” que Andrés Manuel López Obrador guarda en la región, se ve imposible. Lo peor es que esta desprotección significa para estas familias que deben perder todo su patrimonio o regresar a su comunidad a someterse a sus victimarios y solicitar les perdonen la vida (sin que tengan certeza de que lo conseguirán).
El conflicto triqui es uno de los más tristes e indignantes que pueblan el territorio mexicano. No sólo por la violencia que implica ni porque se trata de un conflicto en toda regla: político, social, económico y armado, sino también porque las personas desplazadas, muertas, torturadas, baleadas, encarceladas… son todas del mismo pueblo, el triqui, sin que quienes alimentan el conflicto desde fuera sean mínimamente importunados. Cabe señalar que si no se tratara de indígenas, esta guerra merecería la atención prioritaria de gobiernos y medios de comunicación. Es momento de que se le trate seriamente.
Claro, no estamos ante un conflicto armado tal y como está definido por la Organización de las Naciones Unidas, con entes beligerantes gubernamentales en permanente conflagración. Pero hay, al menos, tres partes en el conflicto interno triqui que mantienen una guerra, con frágiles treguas temporales que cada que se rompen dejan una estela de cientos de desplazados, decenas de casas quemadas y docenas de muertos y mujeres violadas. Y se suman a esta guerra, con frecuentes incursiones para apoyar a algunas de las partes, las corporaciones policiacas estatales y federales e, incluso, las Fuerzas Armadas.
El conflicto que vive la nación triqui fue importado desde la época de la Colonia y a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI se recrudeció. Libros no han alcanzado a retratar toda la problemática, menos aún pretendería hacerlo este espacio. Pero sí se puede dejar constancia de un par de rasgos que alimentan la violencia que hoy ocurre. Que el conflicto fuera provocado desde hace tiempo no exime de responsabilidades a los recientes gobiernos ni a las autoridades actuales. Fue alimentado durante décadas bajo la consigna de que si los indios pelean entre ellos, son presa fácil para ser despojados, explotados y utilizados como clientela política.
Debe empezarse por explicar que el conflicto triqui sólo implica a una de las dos regiones en que se divide esa sierra de más de 500 kilómetros cuadrados. Se trata de la región baja, cuyo centro ceremonial y político, o Chuman’a, es San Juan Copala. La alta, cuyo centro es San Andrés Chicahuaxtla, ha alcanzado una paz estable, aunque con algunos hechos de violencia cada tanto.
Las partes enfrentadas en la triqui baja se aglutinan entorno al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) y la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort). Hoy también está involucrada la Confederación Nacional Campesina (CNC). Las dos primeras se vinculan ideológicamente con la izquierda y los movimientos de resistencia indígena y popular. Las dos últimas, con el priísmo en la región.
Sin embargo, la complejidad del conflicto triqui ha hecho pasar a segundo término las posiciones ideológicas formales que presumen sus respectivos liderazgos y, en los hechos, el MULT se hermanó con la Ubisort desde 2010 para enfrentar al MULTI, que recientemente dio cobijo a la minoritaria CNC. Es decir, los grandes antagonistas hoy son los dos movimientos que reivindican un discurso de izquierda.
Y aún el propio discurso de izquierda en ambas organizaciones pareciera inconsistente, con fluctuaciones que van del zapatismo y el Congreso Nacional Indígena a otras subordinadas al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el obradorismo. Sobre todo el MULT, que abrazó La Otra Campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), luego formó un partido político y hoy es parte del sistema electoral estatal con cuadros incrustados en Morena. El MULTI, por su parte, impulsó la autonomía indígena e, incluso, casi logra la instauración de un municipio autónomo triqui, inspirado en los zapatistas; y ahora también ha tratado entablar diálogo con el morenismo para buscar protección ante la desventaja que padece en su conflicto con el MULT.
Lo cierto es que la nación triqui no cabe en los rígidos moldes ideológicos que se les imponen desde fuera. Menos aún en el mundillo electoral del sistema político mexicano. Tampoco juzgaremos en esta ocasión a las organizaciones en disputa. Sólo es necesario decir que en las bases de las cuatro persiste la identidad triqui, más allá de los membretes a los que pertenezcan, una identidad rebelde, de defensa de su cultura y su territorio y que en las bases de las cuatro organizaciones hay hombres y mujeres de admirable integridad.
Y sí, hay un componente económico en la disputa de las organizaciones. Quienes más comunidades se arroguen representar, reciben más dinero provenientes de los Ramos 28 y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación. Algunas organizaciones ya no “representan” a las comunidades, sino que las ocupan por medio de la violencia y por ellas reciben recursos para supuestos proyectos que no siempre se llevan a cabo. Pero finalmente, esto sólo es una expresión de un conflicto más profundo: el sometimiento político.
La discordia en la región triqui fue cuidadosamente implantada, como en la mayoría de los pueblos indígenas de México, de manera consciente por los señores del dinero y sus gobiernos. Los dos Chuman’a triquis, Chicahuaxtla y Copala, funcionaron como municipios libres en la estructura del sistema político de Oaxaca y del país. Cada uno con su identidad, variante lingüística y autoridades tradicionales. Es decir, su integración en la vida política nacional se articulaba más armónicamente (a pesar de las inevitables tensiones) porque su gobierno contaba con el respeto de las autoridades mestizas y tenía margen de operación.
Las ambiciones sobre el territorio triqui cancelaron esta estructura y, a finales de la década de 1940, les fueron retirados los respectivos reconocimientos de municipios libres y los obligaron a sujetarse a municipios dominados por mestizos. En el caso de Copala, sus comunidades fueron repartidas entre Putla de Guerrero, Constancia del Rosario y Santiago Juxtlahuaca. Hoy subsisten, en conflicto, estas dos estructuras de gobierno: la indígena, con cabecera cultural, religiosa y política en San Juan Copala y la impuesta por la fuerza, con las comunidades teniendo que someterse a autoridades mestizas externas. A ese génesis de la violencia se le agrega una venta indiscriminada de armas en la región que sólo puede entenderse con la complicidad de las autoridades: abundan en todos los frentes en disputa, los fusiles de asalto AK47 y R15. Incluso, quienes integramos el equipo de Contralínea, encabezado por Miguel Badillo, que realizó un reportaje en la zona en 2010 pudimos atestiguar el empleo de fusiles Barret, calibre 50, por parte de la Ubisort.
En una de sus conferencias matutinas, el presidente López Obrador dijo que su gobierno busca alcanzar la paz en la región y que si hay acuerdo, él mismo irá a ser testigo en la firma de la paz. Por su parte, el encargado gubernamental para acercar a las partes y propiciar el diálogo, el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, aseguró que, a diferencia de los gobiernos anteriores, ahora no se simula buscar la paz y que se trabaja para hacerla realidad. Dijo que ya no se da cobijo a los grupos que desde fuera alentaban la guerra triqui.
Es importante reducir al mínimo el trasiego de armas y detener a quienes lucran con las comunidades triquis, como auspiciar el diálogo entre las organizaciones. Pero eso no es el fondo. El fondo es algo que el gobierno federal no tiene en su radar: dejar que los pueblos indígenas se gobiernen a sí mismos. La solución pasa por reconocer sus formas y estructuras de gobierno y regresar al Chuman’a de San Juan Copala el reconocimiento de municipio.
