Ayer, la Secretaría de la Función Pública notificó de la sanción a Carlos Alberto Pedrero Rodríguez, exdelegado Estatal de Chiapas de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), correspondiente a una multa resarcitoria por más de 57 millones de pesos y una inhabilitación de 10 años para ejercer en el servicio público.
Aunque el exfuncionario pretendió iniciar un proceso legal para librarse de la sentencia, la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó el fallo impuesto por la dependencia encabezada por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
Este exservidor público chiapaneco fue investigado por “irregularidades detectadas en la operación del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) en el año 2016”, según informó la propia SFP. No obstante, ya había sido exhibido por la Auditoría Superior de la Federación, a través del Diario Oficial de la Federación, donde expuso otras irregularidades cometidas por el encargado de operar PIMAF en 2015, así como con el Componente Procafé e Impulso Productivo al Café, de ese mismo año.
A través del Diario Oficial de la Federación, el 21 de mayo de 2020, el máximo órgano de fiscalización del país indicó que Pedrero Rodríguez “omitió vigilar y supervisar” el desarrollo del PIMAF 2015, como Instancia ejecutora de dicho componente.
El documento oficial expone que solicitó a la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la Sagarpa la entrega de recursos públicos federales, a través del oficio número 127.00.01.099/15, fechado el 11 de junio de 2015, a la proveedora Martha Elena Alvarado Aguilar, por concepto de 1 mil 462 paquetes tecnológicos, “sin que las actas de entrega recepción de los paquetes tecnológicos se encontrarán validadas por los representantes del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER)…”.
Por esta situación, no se acreditó “cabalmente” la entrega de los referidos paquetes tecnológicos por 6 millones 600 mil pesos, “a los beneficiarios en cuanto a calidad y cantidad, por tanto, la erogación de los recursos públicos federales carece de comprobación”. El caso se llevó a cabo bajo el procedimiento DGR/B/05/2020/R/15/080.
Un mes más tarde, la ASF encabezada por David Rogelio Colmenares Páramo, documentó que el mismo exfuncionario “omitió vigilar y supervisar”, la operación del programa Fomento a la Agricultura, Componente Procafé e Impulso Productivo al Café, pues a través del oficio 127.00.01.549/2015, del 28 de diciembre de 2015, solicitó a la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la Subsecretaría de Agricultura de la Sagarpa, la liberación del pago por 1 millón 434 mil 400 a favor de la proveedora Agro Ingeniería Agrícola, S.A. de C.V. “sin contar con la documentación que acreditara la entrega de los paquetes tecnológicos a 300 beneficiarios de dicho programa, así como de un paquete tecnológico que no fue entregado al beneficiario por un monto de 2 mil 200 pesos”. Lo anterior, indica el DOF, “ocasionó un daño a la Hacienda Pública Federal” por 1 millón 436 mil 600 pesos.
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