La institución de asistencia privada Sin Fronteras urgió al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados (Comar) a que acepten la recomendación 83/2020 que emitió recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Las dependencias gubernamentales deberán modificar sus políticas para proporcionar seguridad jurídica a todas las víctimas de trata de personas, independientemente de su nacionalidad.
Sin Fronteras reconoció el trabajo del organismo que preside Rosario Piedra Ibarra y que que derivó en la recomendación 83/2020 a favor de una persona migrante víctima de trata de personas.
La organización –cuya labor se enfoca en la población migrante y con necesidades de protección internacional en México– reconoció en específico al personal de la Quinta Visitaduría de CNDH por la investigación y el seguimiento al caso iniciado en 2018 de una mujer extranjera en tránsito por México.
“Saludamos los esfuerzos de esta Comisión para centrar la atención no sólo en la obligación de toda autoridad en México para identificar, auxiliar y proporcionar la información y cuidados adecuados a quienes han sido víctimas de este delito [trata de personas], sino también en la necesidad de asegurar que institucionalmente las autoridades de Migración y Asilo en México cuenten con la información, capacitación y andamiaje institucional necesarios para atender adecuadamente a las víctimas.”
La organización celebró “la perspectiva con que se abordaron las múltiples condiciones de vulnerabilidad que este caso revelaba, haciendo patentes los distintos niveles de violencia que tuvo que enfrentar nuestra usuaria en distintos momentos de su proceso migratorio y como solicitante de asilo en México, por el hecho de simplemente no tratarse de una nacional mexicana”.
Mediante un boletín de prensa, Sin Fronteras destacó que las omisiones y responsabilidades señaladas por la CNDH obligan al INM y a la Comisión Comar a “replantear su aproximación a víctimas de este terrible delito” y a “fortalecer sus capacidades institucionales para identificar adecuadamente a posibles víctimas, evitar revictimizarlas y canalizarlas a las instituciones que el Estado mexicano dispone, de forma que efectivamente se protejan también los derechos de acceso a la justicia y adecuada defensa de las personas, independientemente de su situación migratoria en el país”.
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