En lo que va de la pandemia de Covid-19, el 25.81 por ciento de las comunidades indígenas en México tomaron medidas de aislamiento para las personas que regresaron a sus lugares de origen, mientras que el 54.84 por ciento informó no tomar medidas al respecto, revela el Segundo informe: situación de las comunidades indígenas y equiparables ante la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2. El reporte descubre que los pueblos originarios han vivido la epidemia entre la desinformación, la inseguridad y la falta de sanidad.

El informe parte del esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil –entre ellos Serapaz– por documentar las condiciones de vida y retos que enfrentan las comunidades indígenas ante la pandemia. Para ello realizaron un tercer monitoreo de 56 comunidades, con la finalidad de instrumentar relaciones de apoyo y solidaridad en ellas a partir de la identificación de sus contextos, afectaciones y necesidades.

Así, el segundo informe descubre un descenso en la aplicación de medidas preventivas, pues en el informe anterior –durante las primeras semanas de la emergencia sanitaria– se documentó que el 43.48 por ciento de las comunidades monitoreadas reportó si haber tomado medidas de aislamiento para quienes retornaron, y el 39.13 por ciento mencionó no estar realizando ninguna medida de aislamiento.

Ello se explica porque en comunidades de Chiapas y Oaxaca, por ejemplo, mantener los espacios de asilamiento ha sido imposible por el desgaste económico que presentan.

En la Montaña de Guerrero, la falta de insumos médicos ha provocado que las medidas de aislamiento, así como las preventivas y de mitigación no se puedan seguir realizando. En comunidades de Michoacán y Oaxaca la implementación de medidas de aislamiento ha detonado en conflicto entre pobladores.

Desde el primer monitoreo, las organizaciones participantes detectaron que las comunidades carecían de fuentes de información preventivas o de atención a la Covid-19, o bien, de otros padecimientos relacionados con la pandemia, como ansiedad o depresión.

De acuerdo con los nuevos resultados, las campañas que ha llevado a cabo el gobierno “han sido insuficientes para dotar a la población indígena de información que genere tranquilidad y certidumbre”.

Por ello, se destaca que el papel de organizaciones ha sido fundamental para la generación y transmisión de información relacionada con la contingencia sanitaria. El 59.68 por ciento de las comunidades informó que han sido ellas sus fuentes de información primarias. El 41.94 por ciento nombró a la radio y televisión como medios de información, el 33.87 por ciento reportó que ha sido la radio comunitaria, el 30.65 por ciento identificó a la iglesia como fuente de información, el 29.03 por ciento redes sociales, el 22.58 el gobierno, 14.52 por ciento nombró a los promotores de la salud, 12.90 por ciento profesores de la escuela, 8.06 por ciento informó que han sido los médicos y centros de salud de la comunidad sus medios informativos y el 1.61 por ciento indicó que no ha recibido información de nadie.

Durante el tercer monitoreo, las comunidades manifestaron no tener información clara sobre los contagios de Covid-19, pues las autoridades municipales o estatales no les proporcionaron información al respecto, y algunos pobladores mostraron desconocimiento respecto a la existencia de clínicas para la atención de la misma enfermedad.

Asimismo, reconocieron temor por manifestar sintomatología, “pues temen al estigma que puede representar en sus comunidades”. De acuerdo con los testimonios, hay personas que prefieren no admitir que tienen los síntomas y otras más temen acudir a los centros de atención Covid.

“Encontramos un fuerte arraigo en la desconfianza de las personas indígenas con las instituciones de salud, la atención que ahí se provee y la importancia que le dan a las vidas indígenas.

Por otra parte, se constató la necesidad de contar con transporte adecuado para el traslado de pacientes con Covid-19, ya que, según los datos obtenidos, el uso de ambulancia se ve disminuido en comparación con el monitoreo anterior (lo cual podría ser por la disponibilidad que había anteriormente de este transporte). Por lo cual, muchas personas no piensan en la ambulancia como una primera opción y optan por vehículo particular o transporte público.

Indicaron las organizaciones que es necesario implementar una estrategia que reduzca el uso de este último medio de transporte, ya que el traslado de pacientes Covid-19 en transporte público podría provocar que este se convierta en un foco de infección que propague los contagios entre las comunidades.

Uno de los temas más preocupantes que se señala en el informe, es la falta de médicos en las comunidades indígenas, lo cual, “nos habla, por un lado, de los límites del Estado y por otro, de la falta de programas de atención frente a la pandemia”.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la infraestructura en salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) “es prácticamente inexistente, quedando a manos del Seguro Popular. El único hospital general de segundo nivel con el que cuenta la región, situado en Tlapa de Comonfort, Guerrero, cuenta con tan sólo 30 camas, y la infraestructura está en pésimas condiciones por la falta de mantenimiento”.

En cuanto al acceso a las pruebas de diagnóstico de Covid-19, lo únicos dos laboratorios habilitados para su procesamiento se encuentran en Acapulco, a cinco horas de Tlapa de Comonfort y en Chilpancingo, a cuatro horas de la misma ciudad.

Por otro lado, en el informe se cuestionó la atención mediática que se enfoca de manera primordial a la crisis sanitaria dejando en un segundo plano el repunte de la violencia que viven los diversos contextos en el país. Durante los meses de pandemia, numerosas acciones violentas por parte del crimen organizado y de las fuerzas federales indican que: “ha habido un gran avance del control de los cárteles, aprovechando entre otras cosas, la falta de posibilidad de los gobiernos o la incapacidad del ejecutivo federal, para ejercer la totalidad de sus funciones para atender la emergencia sanitaria”.

De acuerdo con los datos recabados, el 58.06 por ciento de las comunidades monitoreadas informaron que los niveles de violencia en sus regiones se mantienen, mientras que el 9.68 por ciento denunció un incremento de la misma, el 25.81 por ciento de la comunidades reportaron estar en una situación de crisis.

Las organizaciones reiteraron su preocupación por la falta de medidas oportunas por parte del Estado mexicano para la contención de la crisis sanitaria, y manifestaron que sin voluntad para detener y atender la pandemia “estamos ante las puertas de la catástrofe en algunas comunidades indígenas”.

“Se trata de no ahondar los problemas estructurales y de no permitir que la pandemia sea un vector que profundice las desigualdades en los pueblos indígenas y equiparables” concluyeron.

Entre las organizaciones participantes se encuentran:

Red Solidaria de Derechos Humanos, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Servicios para una educación alternativa EDUCA, Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, OXFAM México, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Centro de Derechos Indígenas (CEDIAC), Aura Investigación Estratégica, Comunicación y Capacitación Enlace, Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Fundar Centro de Análisis e Investigación, Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC).

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