Académicos, expertos y militares propugnan por una nueva Ley de Seguridad Nacional. Además, indican la necesidad de contar con un gabinete de inteligencia y un centro de inteligencia militar-civil para atender riesgos y amenazas al Estado mexicano

La agenda de vulnerabilidades del Estado –pobreza, desigualdad, violencia, crimen organizado, migración, colapso de instituciones e incluso la pandemia de Covid-19– demanda una nueva Ley de Seguridad Nacional, advierten analistas, expertos y académicos de las Fuerzas Armadas.

México necesita una Ley de Seguridad Nacional independiente, que no sea un apéndice del Centro Nacional de Inteligencia (CNI); una Ley del Sistema de Inteligencia del Estado que reglamente la participación del CNI, de la Sección Segunda del Ejército, de la Unidad de Inteligencia Naval y del área de inteligencia de la Guardia Nacional, planteó Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara.

“México requiere de un consejero de seguridad nacional con rango de gabinete y una política de defensa nacional plurianual. Hoy, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional nadie lo pela porque está en el limbo”, subrayó el experto y catedrático de la Universidad de Las Américas Puebla y maestro por el US Institute on National Security, de la Universidad de Delaware.

“México enfrenta amenazas emergentes no tradicionales, la mayoría de ellas con un alto componente de seguridad interior y con “una pata puesta en el ámbito internacional, como el robo de hidrocarburos, un tema de seguridad nacional y de seguridad interior”, aseguró.

Sánchez de Lara delineó las nuevas amenazas al país contenidas en la Agenda Nacional de Riesgos (ANR): tráfico de personas, cibercrimen, infraestructura estratégica, dominio del ciberespacio, conflictos por recursos naturales, cambio climático, pandemias, crimen organizado.

Durante su participación en el foro “Seguridad nacional de México en el umbral del siglo XXI” –celebrado en la Cámara de Diputados–, el académico Sánchez de Lara planteó que, por ejemplo, en tráfico de personas el país está “como jamón de sándwich con Estados Unidos, que nos impone su agenda para contenerla, y los Estados centroamericanos que producen desplazamiento forzado de migrantes y refugiados”.

Dijo que por el cambio climático, el aumento de cuatro grados en la cuenca del Río Bravo en los próximos 20 años podría generar un conflicto entre México y Estados Unidos por el agua de ríos Bravo y Colorado, asegura el también maestro en Políticas Públicas Comparadas por Flacso-México.

Las amenazas siguen cambiando y el Estado mexicano ha cambiado, lo que no ha cambiado son las instituciones, seguimos teniendo instituciones tradicionales de los Estados del siglo XVII, por lo que la Ley de Seguridad Nacional debe de ser modificada, considera el internacionalista y diplomado en seguridad nacional por el ITAM.

Sánchez de Lara sugirió enfrentar riesgos y amenazas actuales y emergentes con estudios prospectivos hacia 2030, mediante la creación de unidades emergentes de atención; grupos interinstitucionales de coordinación –para acabar con “los problemas de coordinación al interior del gabinete de seguridad federal”–, y fortalecer institutos de estudios estratégicos militares.

Seguridad nacional exportada

El doctor Carlos Flores López, investigador del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), considera que el aparato de seguridad nacional, tal y como está definido, ha sido exportado de Estados Unidos: no logra despojarse de reminiscencias de la Guerra Fría ni de grupos que atentan contra el interés nacional.

México no es unitario, y en materia de seguridad nacional se apela a la idea de que hay un interés absoluto de que todos los individuos de un país lo comparten, pero realmente son muy pocos, indica el catedrático, autor del libro Crisis de seguridad y violencia en México (Ciesas, 2018).

Paradójicamente, dice a Contralínea, “vemos cómo se articula la seguridad nacional en función de una concepción ideológica y un discurso que puede cambiar la identidad o no; de quiénes son los actores suprimibles, que tienen que ser reprimidos en aras de proteger la seguridad nacional”.

Apunta como ejemplo que “la Ley de Seguridad Nacional habla de instituciones que  protegen la seguridad nacional y acciones del Estado en contra de la delincuencia organizada, como si esta fuera un actor aislado socialmente y no como es, una red social integrada por actores del Estado y empresariales legales”.

Considera que es más comprensiva la concepción de seguridad humana como la que ha intentado generar la Organización de Naciones Unidas en la cual, efectivamente, se alude a intereses que comparten todos los seres humanos para su supervivencia.

El doctor Flores López estima que la nueva Ley de Seguridad Nacional tiene que plantear la directriz institucional basada en criterios de dirección civil con los que cuenta el Estado y dar certidumbre a la participación de Fuerzas Armadas.

Las amenazas a la seguridad nacional surgen por la evolución del Estado, por su posición en el contexto  global y el desarrollo de otros Estados naciones que compiten por los recursos del país, por lo que el papel de las Fuerzas Armadas está fundado y motivado en la inseguridad en el territorio nacional, afirma por su parte el doctor Emilio Vizarretea Rosales.

Catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el experto señala en entrevista que el fundamento de las Fuerzas Armadas no solo radica en el mandato constitucional o popular, sino en la tutela que desempeñan para sustentar la defensa nacional, el orden jurídico, político, social, y las instituciones.

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En México, el término seguridad nacional es relativamente nuevo y el de defensa nacional es casi desconocido, salvo en un ámbito especializado y cercano a las Fuerzas Armadas. “Es un concepto que sostiene que el mantenimiento de la unidad territorial, el ejercicio de la soberanía son los dos factores que aglutinan el ejercicio del poder, las posiciones e intereses de los distintos actores políticos”.

Si bien la seguridad nacional es un fenómeno político, producto de la trama la Guerra Fría, un concepto creado desde el poder imperial, en este momento es un concepto que ha sido asimilado para entender la defensa de los intereses de un Estado nación, de una sociedad, y más aún, la capacidad competitiva para generar alianzas en el capitalismo salvaje y desnaturalizado, subraya Vizarretea Rosales.

Considera que hay una ruta de análisis, amplias variables que llevan de la defensa nacional a la seguridad nacional, constituirían la posibilidad de trascender la versión obnubilada de considerar que las políticas de seguridad nacional compete solamente al gobierno o solamente a las Fuerzas Armadas, en cuyo interior ha quedado suficientemente analizado y replanteado.

La consolidación del poder nacional existe, pero tiene que ser normado, dirigido, avanzado. La prueba de fuego del Plan Nacional de Desarrollo estará en cómo aparecen los planes sectoriales, regionales y  especiales, porque hay que alinearlos y esto ha sido un reto para la imaginación.

Ahora, las grandes y nuevas amenazas están vinculadas a los tráficos de armas, personas, órganos, dinero, drogas, saberes; a la protección del medio ambiente, a los temas que tienen que ver con migración y pandemias, a la tecnología, a la corrupción y a la impunidad.

Esta es la Agenda Nacional de Riesgos que en este momento las áreas de inteligencia tienen que entender y comprender porque se estructura y reestructura todos los días, para tener una propuesta fundamental de seguridad y defensa.

Se necesita una política de Estado de seguridad nacional sin oportunismo, que favorezca a todos y permita actuar con el coraje para que gane la nación, sin imposiciones ni sometimiento, sino una razón argumentada que convenza de las bondades que se postulan.

Diversidad de pobres en un país rico

Para el almirante Raymundo Pedro Morales Ángel, director del Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), la posición de México en seguridad nacional se hace más delicada aún por la asimetría con Estados Unidos y la falta de desarrollo de los países del Sur.

Sin embargo, la seguridad nacional de México es aún “más sensible por las asimetrías internas, sobre todo en la distribución de la riqueza”. “Tenemos una diversidad de pobres en un país rico”, consideró el académico en el foro organizado por la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.

Afirmó que sin el apoyo de la sociedad cualquier esfuerzo militar es inútil, y advierte que la defensa nacional es una función permanente del Estado mexicano, conlleva acciones, recursos y medios, para salvaguardar su integridad, independencia y soberanía, así como prevenir y eliminar antagonismos externos e internos, preservar la integridad y desarrollo nacional.

“La seguridad y la defensa nacional son responsabilidad de todos los actores del Estado, no solo de las fuerzas armadas. La guerra es un asunto serio para dejarla en manos de militares, puedo agregarle: solo en manos de militares”, enfatizó Morales Ángel.

La seguridad nacional demanda defensa y desarrollo, ya que para alcanzar las necesidades de defensa es necesario un desarrollo sostenido que garantice calidad de vida a la sociedad, a fin de superar los antagonismos internos.

En ese sentido, planteó necesario desarrollar una política nacional de defensa en la que el Estado establezca un instrumento cuyo principal objetivo sea servir de guía para ampliar las capacidades militares y la movilización nacional, para hacer frente a los riesgos y amenazas a la seguridad y soberanía del país.

El director del Cesnav afirmó que es necesario delimitar la política de defensa y de movilización nacional, al reconocer que “la industria nacional y la infraestructura estratégica, no están pensadas para hacerle frente a una situación de defensa de la nación”.

El catedrático sugirió necesario impulsar una reforma profunda en la Ley de Seguridad Nacional que incluya la defensa nacional, la seguridad interior, una política nacional de defensa y una legislación en materia de movilización nacional.

Prioridad, defensa del exterior

Para el general de brigada Diplomado de Estado Mayor y director del Colegio de la Defensa, Armando Gómez Mendoza, México requiere mayor atención a la defensa exterior. “Nos defendemos desde la parte económica, social, político, de todo lo que venga del exterior; ahorita nos vamos a defender del virus”.

Apuntó que la seguridad pública, “que no tiene nada que ver con la seguridad nacional”, es el origen de los problemas del país, pero “que puede escalar a ser seguridad interior y tener connotaciones de seguridad exterior”.

Gómez Mendoza puso como ejemplo el caso de la familia LeBarón, el cual fue un problema de seguridad pública que escaló y tuvo connotaciones de seguridad interior y de defensa exterior, pese a que fue atendido en cada ámbito de competencia institucional.

El director del Colegio de Defensa subrayó que la seguridad pública tutela a los ciudadanos y sus bienes; la seguridad interior tutela a los órdenes de gobierno, cuando se ven amenazadas las instituciones es un problema de seguridad interior.

Mientras que cuando se ven amenazados los ciudadanos y sus bienes es un problema de seguridad pública; cuando se ve amenazada la integridad territorial es un tema de seguridad exterior, por lo deben atenderse a través del poder nacional –la capacidad del Estado mexicano en recursos materiales y humanos–, a través de una serie de planes.

“El plan general de defensa nacional, del que se derivan los planes de defensa civil, económico, político, social, tecnológico, de movilización nacional militar, el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto, para atender riesgos y amenazas a la nación”, sostuvo Gómez Mendoza.

Seguridad nacional de corte republicano

Al analizar las claves que afectan las relaciones de seguridad y defensa entre los Estados Unidos y México, Abelardo Rodríguez Sumano –profesor-investigador del Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana y miembro de la International Studies Association– planteó cuatro escenarios y recomendaciones de política pública “sobre la base de una seguridad nacional de Estado de corte republicano”.

Se requiere redefinir las amenazas al país tomando en cuenta que la inseguridad pública es la principal amenaza en México, al punto que puede escalar a un asunto de defensa exterior por la vecindad con Estados Unidos y Centroamérica, acotó.

“La inseguridad pública podría jalonar amenazas convencionales y no convencionales que se mueven en la región; es el caldo de cultivo para jalonar, por nuestra posición geoestratégica, amenazas que se pudieran estar perfilando desde Medio Oriente o desde cualquier parte del mundo”, hacia Estados Unidos, señaló.

La llegada del presidente Donald Trump reactiva los nacionalismos y a pesar de la renegociación del TLCAN no se deja de percibir a México como un riesgo y probablemente como una amenaza y viceversa desde México, dijo el también maestro en Estudios Latinoamericanos por la Escuela de Servicio Exterior, Edmund A Walsh, Universidad de Georgetown.

Consideró que con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador hay un difícil espacio de convergencia entre los dos líderes políticos, en el que el punto fino es la relación bilateral, una dinámica asimétrica en la cual se conserva la dimensión de superpotencia dentro del sistema internacional y la relación, en este caso, acotado para México, a la dimensión interna.

Desatacó que Estados Unidos y México tienen gradaciones del poder y nociones de seguridad y defensa distintas. El primero tiene una noción global y México regional. “En ese sentido es donde puede estar el punto de contraste de cara a la evolución de riesgos y amenazas a la seguridad regional y global, por  lo que es vital redefinir el concepto de seguridad nacional que pueda tener un componente geoestratégico”.

El catedrático explicó que el Plan Nacional de Paz y Seguridad del gobierno de López Obrador es de una vulnerabilidad extraordinaria para atender la dimensión regional, trasnacional y global, debido a que está acotado a la dimensión doméstica y carece de perspectiva regional y global en las que se mueven las amenazas a los países.

En este contexto, Rodríguez Sumano planteó cuatro escenarios que darían pauta para elaborar una nueva Ley de Seguridad Nacional de corte republicano, a saber:

El primer escenario es el futuro de las relaciones de seguridad entre México y Estados Unidos continua, pues queda claro la definición pragmática de los intereses de la actual dirigencia en el poder estadounidense donde se identifica una continuidad.

El segundo escenario podría dominar la divergencia con respecto de la relación con Estados Unidos, producto de definiciones y acciones distintas de la percepción de riesgos y amenazas de cada país.

El tercero –más volátil y complejo– es una alta presión política sobre los controles fronterizos sobre México por parte de Estados Unidos en el que hay elementos que pueden generar disrupción a la continuidad, como un ataque terrorista en la frontera compartida, y la pandemia de Covid-19.

Y un escenario de convergencia, habría una sociedad en Estados Unidos educada con nociones favorables hacia México, una noción sofisticada de la clase política y de actores que pudieran buscar generar la propuesta de los intereses permanentes de México en ese país.

“Estos escenarios, sin embargo –precisó Rodríguez Sumano–, están trastocados por el dilema de la corrupción y la impunidad, pues la cuestión global, regional, continental, finalmente, dependen del entramado del Estado de derecho y del sistema de impartición de justicia”.

Por lo tanto, planteó redefinir el concepto de seguridad nacional que “recoja la visión de los tres poderes de la unión, los tres niveles de gobierno, nuestra aproximación estratégica, el espacio marítimo y aéreo, y una visión de conjunto”.

En ese sentido, propuso “un nuevo constituyente que de paso a una seguridad de corte republicana con el concurso de todas las fuerzas políticas,  especialistas, universidades y medios de comunicación, que atiendan lo estructural y lo diferencien de lo urgente”.

En virtud de que la perspectiva de la visión local o nacional de la Ley de Seguridad Nacional es ya obsoleta, requiere ligarla a la cuestión individual, local, nacional, regional, continental y global, que asegure los intereses permanentes del Estado mexicano.

“Ello nos permitiría delinear una estrategia integral de seguridad nacional, que incluya el medio ambiente y el Estado de derecho, que robustezca el Consejo de Seguridad Nacional de corte republicano, que este no esté exclusivamente en el Ejecutivo, que incluya la política exterior, seguridad pública, desarrollo económico y social, defensa exterior e interior, instalaciones estratégicas y  recursos renovables”, concluyó.