Se reavivan las protestas violentas en Haití, donde más del 80 por ciento de la población vive con menos de 2 dólares diarios. La corrupción anima la ira social, pues cada vez se revelan más negocios de políticos y empresarios en perjuicio de las finanzas públicas

Puerto Príncipe, Haití. Momentáneamente este país cerró otro capítulo de encarnizada lucha antigubernamental, con el tímido retorno a la normalidad de las principales actividades de la capital y otras ciudades, luego de 11 días de movilización general.

Las protestas iniciadas el 7 de febrero pasado para pedir la renuncia del presidente Jovenel Moise y su equipo de gobierno, se extendieron como nunca antes desde la llegada al poder del empresario bananero en 2017.

La capital fue la que más sufrió la ira de los manifestantes, que paralizaron la urbe de unos 3 millones de habitantes, y detuvieron servicios básicos como el suministro de agua, electricidad, combustible, hasta el mercado informal, sustento de más del 70 por ciento de la población.

Entre las demandas figura la disminución inminente del precio de los productos de primera necesidad, el establecimiento de un gobierno interino y justicia en el caso del desfalco al programa energético venezolano Petrocaribe.

Los manifestantes erigieron barricadas, atacaron negocios e instituciones públicas como la televisora estatal y se plantaron ante el Palacio Nacional con gritos de “Aba Jovenel” (Abajo Jovenel), además de protagonizar enfrentamientos con la policía.

La operación, llamada por la oposición Bloqueo del país mantuvo incomunicada a varias ciudades y amenazó el funcionamiento de los centros hospitalarios y algunos tuvieron que cerrar sus puertas.

Para agregar sazón, el domingo pasado fueron arrestados ocho individuos con un arsenal de armamentos y otros equipamientos, a los que la policía haitiana acusó de posesión ilegal de armas y conspiración criminal.

El grupo, conformado por cinco estadunidenses, un serbio, un ruso y un nacional, fueron detenidos en las cercanías de Banco de la República de Haití, presuntamente con intenciones de robarlo, aseguraron fuentes oficiales.

Sin embargo, el primer ministro Jean Henry Céant, investido luego de la forzada renuncia del otrora jefe de gobierno Jack Guy Lafontant, dijo en entrevista a la cadena estadunidense CNN, que el grupo de mercenarios intentaban llevar a cabo un ataque contra él y el Parlamento.

Las acusaciones causaron revuelo, sobre todo porque los arrestados declararon en el momento de la detención estar trabajando “al servicio del gobierno”, lo cual fue rebatido firmemente por los voceros de la institución.
Sin embargo, el clima se tensa entre ambos jefes del Ejecutivo, otrora adversarios por la carrera presidencial de 2016 y aún mantienen diferencias políticas.

En medio de las intensas protestas y el caos político, el primer ministro descartó su renuncia, y confirmó a la prensa que recibía presiones del Palacio Nacional para abandonar el cargo.

Días después, en un mensaje trasmitido por la Televisión Nacional de Haití, el notario anunciaba un paquete de medidas para reducir el gasto estatal y combatir la corrupción, como incipientes soluciones para enfrentar la crisis.

Medidas gubernamentales ante crisis de Haití

Durante el primer día de tregua de la oposición, Céant comunicó que reduciría un 30 por ciento del presupuesto del Ejecutivo, eliminaría privilegios innecesarios a los funcionarios gubernamentales como tarifas de combustible beneficiosas, tarjetas telefónicas, pago de viajes extraoficiales al extranjero y la reducción del número de consultores, entre otras.

También ordenó auditar todas las empresas vinculadas al Estado y trabajar con la comunidad internacional, el sector privado, la policía y la Inspección de Aduanas para vigilar y evitar todo lo posible el contrabando de mercancías.

Además, prometió reunirse con los empresarios para discutir un posible aumento de los salarios mínimos y seguir investigando la malversación de los fondos de Petrocaribe, que de acuerdo a un informe del Tribunal Superior de Cuentas supera los 2 mil millones de dólares.

El jefe del Ejecutivo aseguró que sostendrá conversaciones con los socios internacionales para recuperar la inversión directa y desarrollará un programa con los productores locales, importadores y asociados foráneos para desglosar el costo de los productos.

Para algunos expertos estas medidas, aunque van más allá de las aprobadas hace 2 semanas cuando se decretó el estado de emergencia económica, aún se parecen mucho a las promesas del inicio del gobierno de Jovenel Moise.

El profesor universitario y activista político Camille Chalmers, dijo a Prensa Latina que aplicar las disposiciones es atacar directamente las alianzas que el gobierno estableció con los diferentes sectores, por lo que “no es factible”, aseguró.

Por su parte, el jefe de Estado, al cual le tomó 8 días pronunciar un discurso tranquilizador y por momentos agresivo, en medio de los disturbios sociales, insistió en el diálogo nacional como única alternativa para encontrar soluciones reales a la actual crisis.

De hecho, desde el martes inició conversaciones con representantes de varios sectores como el foro económico, los religiosos y hasta el expresidente interino Jocelerme Privert.

A los que aún no ha convencido, es al ala más radical de la oposición que cada vez suma adeptos y se niega a sentarse a la mesa de negociaciones con la administración, la acusa de mala gestión y de deteriorar aún más la situación de la población vulnerable.

Sin embargo, el senador Willot Joseph, quien abiertamente apoya al gobierno de Moise, denunció que el presidente no es el único responsable del deterioro de la situación económica del país.

Sin que hasta el momento se refuten sus declaraciones, Joseph dijo que algunos de los líderes de la oposición están también a cargo de organismos “jugosos”.

Entrevistado en el programa radial Magik 9, el parlamentario aseguró que la Oficina Nacional del Seguro de Vejez, el principal fondo de pensiones del país, está controlada por Youri Latortue y Cholzer Chancy, ambos líderes del partido Ayiti an aksyon y el Fondo de Asistencia Social está en manos de la senadora Gracia Delva, también miembro de la misma plataforma.

De igual manera, confirmó que el Fondo de Asistencia Económica y Social, con un presupuesto de varias decenas de millones de dólares, está bajo el control del presidente de la Cámara alta, Carl Murat Cantave, y el senador Onondieu Louis.

El presidente de la Cámara diputados, Gary Bodeau, y el senador Rony Célestin tienen la Oficina de monetización de los programas de ayuda al desarrollo, aseveró Joseph, que gestiona más de 1 mil millones de dólares al año, y la lista continúa.

Para el parlamentario, Moise no debe ser culpado por todos los errores, el Legislativo también tiene responsabilidad, pues sus funcionarios monopolizan gran parte de las instituciones.

Mientras tanto, Haití vive una de sus peores crisis económicas con un déficit presupuestario que supera los 86 millones de dólares en el primer trimestre fiscal, una inflación de más del 15 por ciento y la pérdida de más del 68 por ciento del valor de la moneda nacional frente al dólar en los últimos 3 años.

En el orden social, la pobreza extrema alcanza a una cuarta parte de la población y más del 80 por ciento vive con menos de 2 dólares diarios. A este escenario se enfrentan las reiteradas manifestaciones que en los últimos 4 meses sacuden al gobierno de Moise y amenazan desestabilizar aún más a la empobrecida nación.

Anelí Ruiz García/Prensa Latina

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