Guatemala. La pobreza y el temor reinan en la zona de adyacencia entre Guatemala y Belice, una línea imaginaria de un kilómetro de ancho a ambos lados del río Sarstún, que a cada rato dispara las tensiones y provoca muertes.

Monte Los Olivos, Dolores, Petén, es una aldea cercana a ese terreno de nadie. Allí el agua potable existe por nacimientos que han encontrado los vecinos, no hay energía eléctrica y todas las viviendas tienen piso de tierra.

Algunas son de madera, otras muestran pequeñas construcciones de concreto pero la mayoría se componen de láminas de zinc.

Otro pueblo vecino es San José Las Flores, en Melchor de Mencos, y tampoco cuenta con servicios básicos. Sus pobladores sobreviven de la agricultura, y comen frijol, tortilla y pollo en casos excepcionales.

A lo largo de la franja se asientan alrededor de 42 comunidades y unas 25 mil personas, y se estima que más de 300 niños cuentan con algún grado de desnutrición, aunque no existen estadísticas confiables.

Para llegar a estos sitios es necesario abandonar la carretera de asfalto y adentrarse por caminos de terracería en vehículos de tracción durante dos o tres horas.

No contar con un límite específico con Belice hace que los guatemaltecos ingresen en territorio vecino, en algunos casos sin percatarse y, en otros, en el afán de subsistir.

El olvido por parte del Estado guatemalteco y el latifundismo obligan a miles de campesinos a arriesgar la vida en las selvas beliceñas, ricas en madera preciosa, oro y xate, una pequeña palmera cuya hoja decorativa es muy codiciada en Europa y Estados Unidos.

Jugar al gato y al ratón seguirá siendo un poderoso imán, a pesar de las 10 muertes en la zona de adyacencia.

Camino a la Corte Internacional de Justicia

Casi la mitad del territorio beliceño, unos 12 mil kilómetros cuadrados, incluyendo varias islas y cayos, es el reclamo de Guatemala a la antigua colonia británica, una amenaza para su existencia pese a la disposición a resolver el caso de forma pacífica.

La información sobre el litigio es voluminosa y tiene sus antecedentes en 1783, cuando se dieron las primeras concesiones de tierra por parte de España a Gran Bretaña para la extracción de maderas.

Posteriormente, en 1859, Guatemala por medio de un tratado cedió a Gran Bretaña el territorio comprendido desde el río Sibún hasta el río Sarstún a cambio de la construcción de una carretera que nunca se hizo.

En 1863 otro convenio incumplido dio origen al diferendo, primero con el Reino Unido y directamente con Belice desde su independencia en 1981.

Diez años después, Guatemala reconoce al gobierno de Belmopán, pero no renuncia al espacio en litigio, el cual comprende culturas ancestrales y riquezas patrimoniales.

Los intentos más serios por resolver la controversia datan de 2008, cuando ambos países firmaron en la sede de la Organización de Estados Americanos un Acuerdo Especial para buscar la intervención de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Una consulta popular simultánea se realizaría el 6 de octubre de 2013, pero fue suspendida por Guatemala ante el condicionamiento de las autoridades beliceñas de que debía votar el 60 por ciento de la población para que el referéndum fuera válido.

Otra oportunidad surgió en mayo de 2015, cuando los cancilleres de ambas naciones firmaron un acuerdo que anulaba la simultaneidad de las consultas para que cada cual avanzara según su conveniencia y sin el por ciento de votos como limitante.

Es así que Guatemala llegó a las urnas el 15 de abril con una campaña informativa liderada por el presidente Jimmy Morales, quien convocó a la población a acudir al sufragio por tratarse de un asunto de Estado.

El Gobierno insistió sobre todo en la necesidad de poner fin a la actual indefinición fronteriza, así como propiciar mayores oportunidades de intercambio comercial y diplomático a futuro, aunque muchos ciudadanos emitieron su voto pensando en que inmediatamente recuperarían un territorio que consideran suyo por derecho.

Las urnas dieron respaldo al Si y reflejaron un apático 26 por ciento de participación ciudadana, pese a que autoridades del Tribunal Supremo Electoral y el propio Morales lo consideraron todo un éxito si se tienen en cuenta estadísticas anteriores de consultas.

Las críticas llovieron, además, por los gastos excesivos, unos 41 millones de dólares, ante necesidades de inversión más urgentes para el país como educación de calidad y generación de empleos.

Ello sin contar otras sumas millonarias para el pago de los abogados que llevarán el caso a la CIJ, la cual podría tardar entre cinco y 10 años en dictar una sentencia definitiva e inapelable.

Belice, por su parte, confirmó que convocará a consulta el 10 de abril de 2019, tras la actualización del registro electoral ahora en curso, según fuentes diplomáticas.

Solo si triunfa el Si en los dos países es que se puede presentar el caso al máximo tribunal jurídico con sede en La Haya, de ahí que Guatemala comunicara inmediatamente a Belmopán los resultados de su referendo, en alguna medida a modo de presión.

Mientras se define el caso, bien valdría que el gobierno de Morales generara un poco de riqueza en la zona de adyacencia, pues se habla más de la conflictividad latente que de la extrema pobreza en la cual viven los guatemaltecos asentados en el disputado río Sarstún.

Maitte Marrero Canda*/Prensa Latina

*Corresponsal jefa de PL en Guatemala.

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