En este mes de diciembre la Auditoría Superior de la Federación entregará los resultados de las investigaciones sobre operaciones supuestamente irregulares e inconstitucionales cometidas por empresas privadas autorizadas por la Comisión Reguladora de Energía para participar en la generación de electricidad.

Martín Esparza, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), indicó que con base en los resultados de la auditoría solicitada por el senador priísta Manuel Bartlett como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, se confirmará si la operación de compañías privadas viola la Constitución en perjuicio de la CFE.

El titular de la Coordinación Nacional del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), Jesús Navarrete, indicó que el incremento en tarifas decretado por el presidente Vicente Fox en febrero del 2002 fue ocasionado, precisamente, por la participación privada en mercados altamente rentables para la CFE.

Refirió que la interrupción de la energía eléctrica en el sureste del país, que afectó a más de un millón de personas el pasado 3 de septiembre, fue producto de la injerencia y de los problemas del operador privado que controla el abastecimiento de la termoeléctrica Mérida III, en el cual participan los grupos AES Corporation, de Estados Unidos; Nichemen, de Japón, y Hermes, de México.

“La CFE tiene un convenio con Mérida III para comprar toda la energía que produzcan, pero el día del apagón no se pudo prevenir porque las plantas de la CFE estaban fuera de operación”, explicó Navarrete, quien afirmó que el país no se puede dar el lujo de depender de proveedores privados, a quienes además se paga una contraprestación hasta por 25 años que cubre la depreciación de sus activos.”

La propia CFE reconoce que la creciente competencia en el sector corporativo la ha llevado a perder importantes clientes ante la imposibilidad de modificar sus tarifas; por ello, junto con la reforma estructural para este sector, que de acuerdo con la propuesta de la Secretaría de Energía involucra modificaciones a los artículos 27 y 28 de la Constitución, la CFE solicita autonomía presupuestaria y de gestión para competir en igualdad de circunstancias frente a la inversión privada, en un ambiente de total apertura.

Desde 1992, cuando se aprobaron las reformas a la Ley del Servicio Publico para fomentar la participación de particulares como productores independientes, autoabastecedores, cogeneradores y pequeños productores, además de permitir la exportación de energía eléctrica y la importación por parte de usuarios, la CFE está obligada, además, a apoyar a sus propios competidores en caso de contingencia de sus plantas de generación. De lo contrario, como sucedió en Mérida, el fluido eléctrico no llegaría a los consumidores.

Industria nacional
El prospecto de colocación presentado a principios de octubre ante los inversionistas del mercado de valores para respaldar la reciente emisión de certificados bursátiles gubernamentales de la CFE, advierte que “en el caso de que se dé una reforma eléctrica en México que permita la participación privada irrestricta en la generación de energía y el gobierno no le otorgue a la CFE la libertad de acción requerida para competir en igual de condiciones, la CFE podría experimentar un impacto en sus operaciones en el mediano plazo.

Aunque, en línea con el artículo 27 de la Constitución, el gobierno federal mantiene la facultad exclusiva de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica al país a través de la CFE y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, la participación del sector privado en generación ha provocado distorsiones en los esquemas de negocios de la CFE, una empresa “altamente” regulada, de acuerdo con la calificadora Fitch Ratings, responsable de calificar la emisión del programa de deuda de la paraestatal hasta por 6 mil millones de pesos.

Además de que la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) fija sus tarifas año con año, la CFE está obligada a hacer un pago de aprovechamiento al gobierno federal por el uso de los activos que utiliza para prestar el servicio de energía eléctrica, monto que se fija anualmente en función de la rentabilidad establecida para la industria paraestatal, la cual hasta ahora se ha determinado en 9 por ciento sobre el valor del activo fijo en operación respecto al ejercicio anterior, el cual entre 1995 y 2002, según cifras de la CFE sobre su capacidad instalada, ha mostrado un crecimiento anual de 3.29 por ciento anual.

De acuerdo con el documento Necesidades del sector eléctrico y criterios para una reforma, entregado por la CFE a legisladores, con un crecimiento de 75 por ciento en el consumo de energía eléctrica que pasará de 169.3 millones de megawatts a 291.5 millones para el 2010, la revisión 2002 del Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico señala la necesidad de que el sistema eléctrico nacional cuente con una capacidad de generación de 63 mil 212 megawatts al cierre del 2011.

El monto total de inversión requerida se ubica, según la CFE, en 562 mil 944 millones de pesos, suma que ha sido verificada y contrastada por un grupo de especialistas del Colegio de Ingenieros Civiles de México, así como por directores de la CFE. Con estos cálculos, la inversión anual que exige el ritmo de crecimiento de la demanda de energía se ubica en 5 mil millones de dólares anuales que superaría el ritmo de endeudamiento permitido para la paraestatal por sus inversionistas del mercado de deuda.

La CFE considera que una reforma del sector eléctrico debe propiciar en el mercado condiciones de plena competitividad, inversión y empleo, pero sobre todo crecimiento para la economía nacional. Por ello, defiende la operación de la CFE y rechaza cualquier intento de privatización.

Sin embargo, Martín Esparza, secretario del Exterior del SME, indicó que el sector obrero prepara importantes movilizaciones sociales para evitar que se continúe con la entrega de los bienes de la nación.

De hecho, adelantó que, de modificarse la Constitución, también se violaría el contrato colectivo de trabajo de esta empresa, que en su párrafo sexto establece que las actividades vinculadas con la generación, distribución y transformación de energía eléctrica son exclusivas de estos trabajadores.

“Si modifican la Constitución y violan el contrato, podemos irnos a la huelga, así que el gobierno foxista tendría que evaluar si pone en riesgo el abastecimiento de energía para el centro neurálgico de las decisiones políticas y económicas del país, pues la Compañía de Luz opera el área de control central”, indicó.

Los datos del SME, dice Esparza, sobre la situación del sector eléctrico desmienten las cifras del gobierno foxista en torno a la necesidad de concretar de manera inmediata la reforma del sector eléctrico.

La intención, indicó, es generar un mercado eléctrico totalmente privado, en donde con base en la oferta y la demanda, los consumidores puedan elegir entre cualquier operador privado. Bajo este esquema, la CFE perdería más del 60 por ciento del mercado.

“Es mentira que podamos competir con los grandes operadores de energía eléctrica de Estados Unidos y Europa”, dijo Esparza, quien además agregó que, a nivel mundial, la experiencia en materia de privatizaciones ha sido negativa.

Leticia Campos, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que los términos bajo los cuales se está planteando la reforma allanan el camino para que lleguen grandes inversiones para controlar el sector eléctrico y desbancar a las compañías del sector público que, pese a las aportaciones para el presupuesto público, han demostrado su eficiencia y productividad.

En conversaciones con los líderes sindicales del sector eléctrico, el director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub, les ha expresado la necesidad de darle un nuevo orden jurídico al sector para que los operadores privados puedan vender energía directamente a los grandes usuarios.

Sobre los obstáculos legales, el documento de la CFE establece: “es necesario despejar cualquier duda sobre la constitucionalidad para que los productores independientes generen energía para su entrega al Estado; que los grandes usuarios de energía eléctrica tengan la opción de que un tercero les pueda entregar energía eléctrica y que se permita que CFE pueda competir con éstos en igualdad de circunstancias”.

El problema, dice Esparza, es que el negocio lo concretan utilizando el gas que importa el país y todos sus recursos naturales, además de la infraestructura de la CFE como la red de transmisión, por la cual ahora los productores independientes apenas pagan tarifas de “puerteo” de 0.11 centavos de dólar. Por ello, el dirigente duda de la capacidad de la CFE para competir con empresas que cuentan con grandes fuentes de financiamiento y el subsidio de sus propios gobiernos.

Argucias legales
Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su resolución 22/2001 determinó la inconstitucionalidad de la iniciativa del presidente Vicente Fox para reformar la Ley del Servicio Público, el nuevo proyecto de la Secretaría de Energía a cargo del panista Felipe Calderón Hinojosa recobra las conclusiones de ese fallo, el cual establece que se requiere como mínimo una reforma que reconozca o se apegue a la situación actual, que debe ser constitucional.

Por ello, la nueva propuesta de la Secretaría de Energía involucra cambios al artículo 27 de la Constitución, el cual establece: “corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.

Para salvar el escollo constitucional, el proyecto de Calderón Hinojosa propone la siguiente modificación: “corresponde exclusivamente a la Nación la prestación del servicio público de energía eléctrica en los términos que establezca la ley. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares”.

Con estos cambios, considera el coordinador general de la Coordinación Nacional del SUTERM, el Ejecutivo pretende dejar en servicio público sólo el servicio doméstico y abrir el mercado corporativo a la competencia de proveedores privados. Además, a través de modificaciones a la Ley del Servicio Público y con modificaciones de disposiciones secundarias, “otra vez inconstitucionales”, se busca evadir el espíritu de la Constitución al reservar para el Estado la generación de energía.

Para el sector obrero, el crecimiento de los pasivos laborales, uno de los argumentos para impulsar la reforma estructural de la industria eléctrica nacional, no debe constituir un argumento irreversible, pues si la CFE alcanzara la autonomía de gestión y la independencia para su presupuesto, podría contar con recursos suficientes para generar un fondo para la previsión social.

De acuerdo con los balances de la CFE y la CLyFC, la reserva para jubilaciones muestra una tendencia descendente. En el caso de la CFE, este renglón pasó de 55 mil 232 millones a sólo 123.2 al cierre de 2002. La CLyFC se enfrenta al mismo problema con sólo 47.6 millones respecto a los 24 mil 918 que registraba en 1998.

En el caso de la CFE, indica, Jesús Navarrete, desde 1983 la participación de los salarios bajó de 23 por ciento respecto a las ventas a 8 por ciento de los ingresos; sin embargo, al tomar en cuenta las pensiones esta relación aumenta a 22 por ciento. Aún más, en las revisiones contractuales, el SUTERM ha aceptado incrementos menores a 5 por ciento para mantener el equilibrio financiero de la empresa.

Ante la nueva ofensiva del gobierno federal para sacar adelante la reforma al sector eléctrico, los dirigentes del SME y del SUTERM, sin Leonardo Rodríguez Alcaine, advierten que están listos para iniciar movilizaciones a nivel nacional si los legisladores del PRI y PRD que se han manifestado contra la iniciativa del Poder Ejecutivo no cumplen su promesa de impulsar reformas para corregir las violaciones constitucionales mediante los cambios a la Ley del Servicio Público de 1992.