Torturas, desapariciones forzadas, discriminación, acoso a defensores de derechos humanos y ejecuciones policiales, son algunas de las violaciones que los mexicanos sufren permanentemente, mientras que el discurso gubernamental se ha vuelto retórico en la afirmación de que Vicente Fox es un defensor de los derechos humanos.

Este 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, y a tres años de la administración Foxista, la evaluación de organismos no gubernamentales, activistas y legisladores, es que el presidente no ha podido plasmar en los hechos lo firmado en acuerdos internacionales.

Carlos Mario Gómez, director de Amnistía Internacional en México, asegura que aún hay grandes inercias del pasado que obstaculizan la defensa de los derechos humanos: “si bien en el gobierno de Fox ha habido un cambio sustantivo en el discurso interno y externo en materia de derechos humanos y en compromisos, ya es el momento de más acciones y menos retórica.

“Ahí es donde entran ciertos temas a mediano plazo, como el tema de la reforma política, las jurisdicciones estatales, la federal, en fin. Eso ha permitido que en algunos estados todavía haya garantías de impunidad, y tenemos muchos casos de tortura, amenazas en Oaxaca o en Guerrero; en general, en el sur del país”, advierte el activista.

¿Cuáles son las violaciones más frecuentes?
-La tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes; el año pasado registramos 19 casos. El motivo es que hay jueces que aceptan declaraciones tomadas bajo tortura. En términos de economía, es mucho más rápido y barato torturar a alguien que investigarlo.

Respecto a la relación con el gobierno, dice que tiene mejor trato con los funcionarios de las áreas técnicas que con los políticos: “a los políticos no les gustan los informes, sin embargo tenemos grupos de trabajo que cabildean con los asesores del área legislativa. El gobierno de Fox ha sido receptivo y es un buen mensaje que haya aceptado la observancia internacional”.

Edgar Cortez, director del Centro de derechos Humanos “Miguel Agustín Pro” (Prodh), coincide en que ha habido un “doble discurso” por parte de Vicente Fox, “de interés y preocupación”, pero que no se ha traducido en cambios estructurales.

Considera que a diferencia de los regímenes priístas, “reactivos al tema”, el gobierno de Fox se ha abierto a la crítica. Es un buen indicio permitir una mayor vigilancia internacional pero, “no se acaba de estructurar una línea o estrategia clara del gobierno federal para crear las condiciones de una política de Estado en derechos humanos”.

Estas “incongruencias” y “falta de voluntad” no solo se dan a nivel Ejecutivo, sino en todas las áreas de la administración gubernamental: “a veces el Ejecutivo lanza iniciativas sin llegar a consensos con otras instancias del Estado, como el Poder Legislativo”, dice Cortez.

Es el caso de la ratificación del Estatuto de Roma, que tiene que ver con la Corte Penal Internacional, en donde el Ejecutivo la envía al Senado para que se ratifique y ahí se hace “una modificación inaceptable”.

Explica que otro problema es la relación del gobierno federal con los estados, pues “no se han podido homogenizar” los criterios en materia de Derechos Humanos: “ahora con la diversidad política se ha vuelto un obstáculo, pues mientras el gobierno federal puede tener mucha voluntad, los representantes estatales ponen trabas y pretextos; tal parece que el federalismo se usa para no cumplir obligaciones. Es lo que ha dificultado la investigación de las muertas de Juárez”, por ejemplo.

Edgar Cortez enumera las violaciones más frecuentemente detectadas: “Tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”.

Otro asunto está relacionado con el ámbito militar, donde “no se ha podido incorporar el fuero civil para que un militar que viole los derechos humanos pueda ser juzgado en el ámbito civil, ya que no puede ser que el mismo organismo acusado sea el que investigue”.

Los temas que más preocupan al Prodh, son los relacionados a los derechos sociales, económicos y culturales: “el problema empieza cuando la ciudadanía no los entiende o no los ve como derechos humanos que le asisten, le son propios y que tienen que garantizárselos”, dice Cortez.

El derecho a la salud, al trabajo, a la educación, “se ven como reivindicaciones políticas, pero no como derechos que están negando e impidiendo gozar y que se deben exigir. Este es un gran problema si se ven las estadísticas de pobreza o desempleo”.

Cortez puntualiza una falta de resultados en las investigaciones de las 300 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, en la fiscalía para los desaparecidos y el manejo del caso Digna Ochoa. “El mensaje es que el gobierno quiere pero no puede. De pronto te das cuenta de que no se aseguran los recursos, las condiciones, los compromisos, para que las cosas prosperen”.

¿Qué se espera para los próximos tres años en materia de los derechos humanos?
-El compromiso se va a medir no por los discursos sino por los resultados. El gobierno federal tiene la oportunidad de sentar las bases para una política de Estado, esto no se va a lograr en tres años, pero nos va a permitir hablar si las puso o no y de eso va a depender que podamos decir si realmente fue un gobierno comprometido con los derechos humanos o simplemente tuvo un discurso para salir del paso.”

Evaluación oficial
José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), coincide en la crítica a Vicente Fox: “han habido aportaciones importantes, como haber puesto el tema en la agenda nacional de justicia política, pero hay aspectos que consideramos no se ha avanzado, que se ha quedado más en dichos que en hechos”.

¿Cuál es la evaluación sobre los derechos humanos en el gobierno foxista?
-Son dos planteamientos: hay la libertad para hacer los esfuerzos pero no se han aterrizado y sobre todo en los hechos, que es lo que nos interesa. Los temas que más preocupan a la CNDH son migrantes, cárceles, mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y los derechos indígenas.

-¿Y la tortura?
-Sí, aunque nos preocupa más otros aspectos de esta línea, como los tratos degradantes, el maltrato y por otro lado las detenciones arbitrarias. Creemos que sin menospreciar, ni mucho menos a la tortura, estos aspectos nos deben de preocupar también.

Miguel Sadot, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, reconoce que el gobierno no ha podido generar recursos para llevar a cabo acciones que favorezcan a los grupos vulnerables.

Admite que el gobierno de Fox no ha cumplido su compromiso de tener un Plan Nacional de los Derechos Humanos: “si bien es cierto que se está trabajando en un diagnóstico que será entregado el 10 de diciembre por el Alto Comisionado de la ONU, no podemos esperar este diagnóstico para realizar acciones urgentes. Desafortunadamente México se encuentra entre los países donde no se asume una voluntad política, así lo dicen los más de 388 recomendaciones de organismos internacionales.

Para el escritor Carlos Montemayor, reconocido defensor de los derechos indígenas y campesinos, el principal “retroceso” en el gobierno de Fox es que “no hay una prioridad” por los derechos humanos.

“La prioridad se acentúa en el beneficio de los consorcios trasnacionales y en el pago de la deuda externa, y esto es un gran desbalance, pues estamos hablando de una retórica de cambio, de una acción retrógrada”, añade.

Para Carlos Montemayor la evaluación sobre los derechos humanos en México no admite concesiones: “México es un país bastante atrasado en derechos humanos y en procuración de justicia. Lo que se puede esperar dependerá de la presión social sobre las instituciones encargadas de su defensa.

Instituciones con más quejas ante la CNDH en 2002

– Procuraduría General de la República: 293
– Instituto Mexicano del Seguro Social: 224
– Secretaría de la Defensa Nacional: 105
– Comisión Federal de Electricidad: 68
– Dirección de Prevención y Readaptación Social de la
Secretaría de Seguridad Pública: 65
– ISSSTE: 60
– Policía Federal Preventiva: 60
– Secretaría de Educación Pública: 52
– Instituto Nacional de Migración: 51
– Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: 40

Embrollo por diagnóstico de la ONU
El informe sobre la situación de los derechos humanos en México, que encargó la ONU a cuatro investigadores independientes mexicanos, tocó fibras sensibles en el gobierno federal.

El diagnóstico, que concluyó el pasado 21 de noviembre y que entregará el próximo 10 de diciembre Anders Kompass, comisionado de la ONU en México al presidente Vicente Fox, en el marco del día internacional de los derechos humanos, evidenció el temor de las autoridades en torno al tema.

Los intentos de censura al reporte final que denunciaron los investigadores Sergio Aguayo e Isidro Cisneros, y en el que habrían estado involucrados el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbéz y Patricia Olamendi, sub secretaria de Asuntos Globales de la SRE, obligaron a Kompass a salir al paso y negar en este medio tales denuncias. “Hubo una plena libertad por parte del gobierno para poder realizar este diagnóstico”, dice el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México.

Pero Sergio Aguayo, uno de los cuatro especialistas convocados por la ONU, reafirma en entrevista que sí hubo intentos de censura para que no apareciera una parte de su informe en donde critica los pocos resultados que han dado los organismos estatales encargados de los derechos humanos en el país.

“Sí hubo intento de censura; la censura tiene dos caras, la de quien la intenta y la de quien la acepta, y yo me he resistido antes y ahora a la censura y por eso defendí mi punto de vista”, dice aguayo.

Anders Kompass sostiene que la parte del informe que en un principio iba a quedar fuera del diagnóstico fue debido a la gran cantidad de material que se tenía. “Tenemos que ver lo que realmente vamos a presentar y qué tiene que quedar afuera; cómo cortar los textos para que sea un producto atractivo y posible de leer para que llegue más allá de un grupo de expertos”.

Aguayo asegura que tiene información en torno a que “varios grupos” estuvieron presionando para no dar a conocer la información y actuaron para desprestigiarlo. “Son burocracias con presupuestos muy considerables y sintieron que era una intromisión en su autonomía, cuando desde mi punto de vista, el que trabajen en pro de los derechos humanos, no les exime de rendir cuentas y ahí fue donde comenzaron los problemas”.

Por su parte, José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y miembro del comité de seguimiento del diagnóstico, considera que el informe que elaboraron Clara Jusidman, Miguel Sarre, Isidro Cisneros y Sergio Aguayo, “no es lo que se esperaba”, porque los procedimientos para elegir a los especialistas “no fueron los correctos” y porque hubo muy poco tiempo para la elaboración del texto.

“Nosotros consideramos que hubo errores y fallas, ya que había un acuerdo del gobierno de México con el alto comisionado de la ONU donde se decía cómo debía estar conformado este comité de expertos, sin embargo no se siguió lo que ahí se había estipulado. Entonces tiene un defecto desde el principio que hace que se dude sobre el mismo. Insistimos mucho en que se debería de limpiar; no fue así, entonces ahora están las consecuencias”, dice Soberanes.

Pero Anders Kompass no está de acuerdo con el Ombudsman y asegura que “se eligieron a los especialistas conforme a los procedimientos internos de la ONU; fueron más de 70 aspirantes y después de exámenes y entrevistas elegimos a los cuatro finales”.

Para Clara Jusidman, el enojo de Soberanes tiene que ver con la percepción que tenía el Ombudsman sobre el diagnóstico de los especialistas. “Creo que la concepción que ellos tienen es que era una crítica hacia la CNDH y creo que es una visión errónea”.

Jusidman reprocha que José Luis Soberanes, como miembro del comité de seguimiento, pudo haber contribuido más para hacer más rico el trabajo. “Yo creo que hay una mala interpretación de lo que se encomendó al grupo por parte de Soberanes. La tarea que se encomendó fue detectar los obstáculos estructurales en derechos humanos para que a partir de ahí se haga un programa de gobierno”, dice Jusidman.

Para José Luis Soberanes no hubo un intento de censura en el diagnóstico que encargó la ONU y finalmente es responsabilidad del Alto Comisionado el hacer el diagnóstico, “entonces, pues él tiene que hacer una evaluación y tomar lo que considere pertinente, pero no hay propiamente una censura”.

Finalmente el diagnóstico quedó intacto, reconoce Sergio Aguayo. “Después de discusiones muy ásperas logré que se respetara el derecho que tengo a la integridad de mi texto y que quedara íntegro mi trabajo”, asegura.

Sobre el contenido del diagnóstico, que será entregado el próximo 10 de diciembre al gobierno federal, el representante del Alto Comisionado de la ONU en México, Anders Kompass, considera que para la mayoría de los mexicanos que viven en carne propia las violaciones a los derechos humanos no va a representar nada nuevo. “Lo novedoso respecto a otros informes es la parte propositiva; las recomendaciones que se dirigen fundamentalmente al gobierno federal y a los otros dos poderes. Lo importante es que se tocan todos los temas en un solo documento; cómo están los derechos civiles y cómo están las grandes diferencias en el poder judicial que impiden el Estado de Derecho para todos”.

Por su parte, la defensora de los derechos humanos Rosario Ibarra, se mantiene a la expectativa en torno a la independencia y credibilidad del informe de la ONU. “Tienen que probar que son independientes y que no tienen inclinaciones gubernamentales y de ninguna índole”.